La Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) ha hecho público el informe correspondiente a la Tercera Alerta de Género por Desaparición en Veracruz. Este informe, elaborado por un grupo de trabajo designado para abordar la solicitud de esta alerta, fue recibido por el Gobierno de Veracruz el pasado 7 de febrero de 2024.
Según el informe, en Veracruz existe una preocupante falta de coordinación entre las autoridades encargadas de la búsqueda de personas desaparecidas e investigación de delitos relacionados con este fenómeno.
Esta falta de coordinación se traduce en una estructura deficiente e incluso inexistente para la búsqueda y localización de personas desaparecidas, lo que dificulta las investigaciones y prolonga el sufrimiento de las víctimas y sus familias.
Aunque se realizan mesas de paz y seguridad semanalmente, el informe destaca que la falta de coordinación entre las autoridades gubernamentales es evidente, ya que cada institución lleva a cabo acciones de manera aislada, lo que impide alcanzar los resultados esperados.
Además, se señala una falta de acceso a la justicia, con las autoridades sin tomar en serio la gravedad del problema de la desaparición y sin implementar estrategias específicas para abordarlo.
El informe también revela que ninguna de las estrategias empleadas por las autoridades se ha diseñado para promover los derechos de las víctimas del delito de desaparición. Se identifica una insuficiencia de personal en varias instituciones, lo que agrava aún más la situación.
La solicitud de la declaratoria de Alerta de Género por Desaparición
La Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) notificó al Gobierno del Estado de Veracruz el 7 de febrero de 2024 sobre el Informe de AVGM Veracruz por desaparición, según el Oficio Número CONAVIM/088/2024, recibido en la Oficina del Gobernador Cuitláhuac García Jiménez.
Este documento también fue enviado a otras autoridades pertinentes, incluyendo al secretario de Gobierno, Carlos Juárez Gil; a la fiscal general del estado, Verónica Hernández Giadáns, y a la titular del Instituto Veracruzano de las Mujeres (IVM), María del Rocío Villafuerte Martínez.
Después de recibir el informe el 7 de febrero de 2024, el Gobernador tenía un plazo de 15 días hábiles para comunicar a la Conavim su posición respecto a las conclusiones del mismo, el cual venció el 27 de febrero. Si la Conavim no recibe una respuesta en este período, o si la respuesta es negativa, la Secretaría de Gobernación emitirá la declaratoria de Alerta de Violencia de Género por desaparición.
En caso de aceptar las conclusiones y propuestas del informe, la Secretaría de Gobernación, bajo la dirección de Luisa María Alcalde Luján, solicitará al Gobierno de Veracruz un informe sobre el estado de cumplimiento de las propuestas en un plazo de seis meses. Posteriormente, el grupo de trabajo evaluará el grado de cumplimiento de estas propuestas.
Cabe recordar que la solicitud de declaración de la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM) por desaparición de niñas, adolescentes y mujeres en el estado de Veracruz se presentó el 15 de mayo de 2019 y fue admitida el 8 de julio de 2021.
De acuerdo con las disposiciones del Reglamento de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, se estableció un Grupo de Trabajo para investigar y analizar la situación en el territorio veracruzano, donde se ha denunciado la violación de los derechos humanos de las mujeres. El objetivo era determinar si los hechos descritos en la solicitud cumplían con los criterios establecidos en dicha ley.
El informe del grupo de trabajo encargado de atender la solicitud de alerta de violencia de género contra las mujeres por desaparición de niñas, adolescentes y mujeres en el estado de Veracruz (junio 2020-julio 2023) fue aprobado en la sesión celebrada el 18 de octubre de 2023.
¿Qué revela el informe del Conavim?
El informe revela nueve conclusiones fundamentales, acompañadas de propuestas emergentes y temporales. Estas incluyen la promoción de los derechos de las víctimas directas e indirectas, el acceso a la justicia, los mecanismos de control para la correcta aplicación de los protocolos de búsqueda e investigación, la prevención de la desaparición de mujeres, adolescentes y niñas, así como la coordinación entre instituciones para su búsqueda y localización, la capacitación del personal, el registro de casos de desaparición y la reparación del daño.
El análisis realizado por el grupo de trabajo, basado en información proporcionada por la parte solicitante de la Tercera Alerta, instituciones estatales, organizaciones de la sociedad civil y víctimas indirectas, destaca la ausencia de estrategias diseñadas específicamente para promover los derechos humanos de las mujeres, adolescentes y niñas, así como la falta de mecanismos de defensa adecuados para las víctimas de desaparición.
A pesar de algunas campañas dirigidas a erradicar la violencia de género y la trata de personas, ninguna aborda el tema de la desaparición de niñas, adolescentes y mujeres.
Se identifican deficiencias en la coordinación entre autoridades gubernamentales, lo que afecta negativamente la efectividad de las acciones realizadas. Además, se señala que el Protocolo Alba no se implementa de manera efectiva, lo que refleja una falta de colaboración inmediata entre las instituciones involucradas en la búsqueda y la investigación.
Las víctimas indirectas también señalan la existencia de un importante corredor de desapariciones con fines de trata sexual que atraviesa Veracruz, Puebla, Estado de México y Ciudad de México, con destino hacia el estado de Tamaulipas. Este corredor se suma al existente en Coatzacoalcos, Minatitlán, Tabasco y Chiapas, extendiéndose hacia el Sur. Esto subraya la complejidad y magnitud del problema.
La falta de coordinación entre las autoridades encargadas de la búsqueda e investigación se identifica como un problema significativo, lo que dificulta las labores para localizar a las personas desaparecidas.
Esta falta de coordinación impacta negativamente en diversos aspectos y dimensiones de la estructura para la búsqueda y localización de personas desaparecidas, lo que dilata y obstaculiza las investigaciones. Además, se señala una deficiencia en el registro y sistematización de la información de los casos de desaparición, lo que limita el acceso a la información para las familias de las víctimas y dificulta su participación activa en el proceso de búsqueda y justicia.
La mayoría de las mujeres víctimas de desaparición provienen de varias ciudades de Veracruz, sin conocerse cuántas de ellas son mujeres indígenas. Los casos de mujeres y niñas desaparecidas de larga data constituyen un problema crítico, con falta de acción por parte de la Fiscalía General del Estado (FGE) para investigar estos casos específicos.
Las propuestas para abordar la desaparición de mujeres
Las propuestas para abordar la desaparición de mujeres son diversas y fundamentales para enfrentar esta problemática.
Dada la prevalencia de los casos de desaparición en la región, el Grupo de Trabajo (GT) considera crucial diseñar y ejecutar campañas destinadas a informar a la población sobre los derechos de las víctimas directas e indirectas del delito. En consecuencia, se plantea la creación de campañas y la implementación de estrategias efectivas para difundir estos derechos.
Debido a la insuficiencia en el acceso a la justicia en la entidad, con instituciones encargadas de la búsqueda e investigación de desapariciones que carecen de conocimientos, especialización y experiencia necesarios, resulta primordial implementar los procedimientos y pautas estandarizadas establecidas en los protocolos homologados de investigación y búsqueda.
Esto garantizaría que las investigaciones y búsquedas se realicen de manera consistente, rigurosa, objetiva y con perspectiva de género, protegiendo así los derechos e integridad de las familias y víctimas.
Asimismo, se propone asegurar que las denuncias, reportes y noticias de desapariciones sean recibidos, atendidos y documentados adecuadamente por las autoridades pertinentes, incluyendo al Ministerio Público y la Comisión Estatal de Búsqueda de Veracruz (CEBV). Además, se requiere que se emitan y difundan fichas de búsqueda, y que las investigaciones y localizaciones se realicen de manera inmediata y con enfoque de género.
Otra propuesta es garantizar que las investigaciones y búsquedas de mujeres desaparecidas se realicen con perspectiva de género y debida diligencia, según lo establecido en los protocolos homologados de investigación.
También se sugiere establecer mecanismos de supervisión para garantizar la correcta aplicación de estos protocolos por parte de las autoridades pertinentes, y sancionar al personal que no cumpla con sus responsabilidades.
Además, se propone informar a la población sobre la realidad de las desapariciones y su relación con otros delitos, así como establecer estrategias de prevención basadas en diagnósticos y análisis públicos. Específicamente, se recomienda una coordinación directa entre la CEBV, las Fiscalías Especializadas y las instituciones de Seguridad Pública para localizar rápidamente a las desaparecidas.
También se plantea fortalecer la sistematización y actualización de registros de personas desaparecidas por parte de instituciones competentes, para identificar patrones específicos de este delito.
