La comisionada presidenta del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (IVAI), Naldy Rodríguez Lagunes dio a conocer que el año pasado se impusieron 27 sanciones económicas de entre 13 y 14 mil pesos a servidores públicos que incumplieron con el proceso de entrega de información a ciudadanos que lo solicitaron.
En entrevista, indicó que en su mayoría son servidores públicos de ayuntamientos los que incumplieron con la ley de transparencia, aunque también fueron sancionados integrantes de asociaciones políticas y una paraestatal.
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“Terminamos el año con 27 sanciones, fueron multas, la UMA se actualizó después de febrero, entonces algunas quedaron en 13 mil pesos y otras en 14 mil 400 pesos, en el 2018 y 2019 se aplicó sólo una multa”, expresó.
¿Qué sucede con el recurso que ingresa mediante dichas multas?
Detalló que el recurso que ingresa mediante las multas es de libre disposición y es cobrado a través de la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan), por lo que en caso de que el servidor público incumpla con dicho pago éste queda establecido como crédito fiscal, lo que significa que cuando el servidor público quiera hacer un trámite se lo pueden anexar o descontar cuando tenga otro ingreso proveniente de recursos públicos.
“Hasta el 31 de diciembre sólo se habían pagado cinco de estas 27 multas, si no cumplen podemos ir aumentando la multa que se aplique hasta su cumplimiento y como el convenio es con la Sefiplan el recurso no entra de manera directa o inmediata, la Secretaría tiene las atribuciones para que quede como crédito fiscal, el 85 por ciento ingresa para nosotros y el 15 por ciento a la Sefiplan”, dijo.
Puntualizó que a finales de año se aprobó un reglamento de medidas de apremio, ya que la ley no prevé el plazo para que se pueda aplicar la multa, “si bien dice que se debe establecer medida de apremio, apercibimiento y multa, ésta no prevé un plazo fatal, es en medida que vayamos viendo el cumplimiento”.
Refirió que actualmente se cuenta con alrededor de 2 mil 600 recursos, de los cuales al menos un 70 por ciento de las resoluciones han sido a favor del ciudadano, por lo que se les ordena, modifica o revoca la respuesta que hayan brindado.
“Tenemos muchas resoluciones que hemos sacado, casi el 70 por ciento en contra de los diversos sujetos obligados por negarse a brindar la información o donde les modificamos la entrega de la información, es decir, que dieron información parcial, por lo que les pedimos que complementen la respuesta y que brinden los datos”, dijo.
Destacó que el año pasado incrementaron las quejas por la falta de actualización en los portales de transparencia, debido al cambio de administraciones municipales.
“En el 2022 la mayoría de los recursos fue en contra de ayuntamientos, recuerden que hubo un cambio de administraciones municipales, del 100 por ciento de los recursos de revisión que atendimos el 80 por ciento correspondió a ayuntamientos, por lo tanto las resoluciones en contra es proporcional, pero también tenemos en contra de dependencias, Tecnológicos y sindicatos”, concluyó.
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