/ viernes 19 de abril de 2024

Orfis contratará despachos externos para auditar Cuenta Pública 2023

25 personas lograron recursos de impugnación, deben ser incluidos en registro de auditores

Xalapa, Ver.-El Órgano de Fiscalización Superior (Orfis) contempló la contratación de 60 despachos de auditoría externa para dar cumplimiento a la revisión de la Cuenta Pública 2023, cuyos resultados deben estar listos en octubre próximo, dio a conocer la auditora general, Delia González Cobos.

Entre estos despachos deben incluirse a 25 personas físicas y morales al Padrón de Despachos y Prestadores de Servicios Profesionales de Auditoría 2024 por haber logrado sus registros mediante recursos de impugnación.

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En entrevista, la auditora señaló que para la contratación de personal externo se cuenta con un presupuesto de entre 10 a 12 millones de pesos.

Explicó que mencionados despachos revisarán las cuentas de los ayuntamientos, el gobierno del Estado, los organismos operadores de agua y los órganos autónomos.

Detalló que las auditorías deben cumplirse en los siguientes meses, ya que se debe presentar el informe al Congreso del Estado en octubre.

“Se cuenta con un techo presupuestal máximo de 12 millones, se realiza la contratación de despachos externos porque eso significa un costo menor al que podría generarse si se realiza la contratación de un mayor número de personal para el organismo”, expuso.

¿Quiénes ganaron el recurso al Orfis?

25 personas físicas y morales al Padrón de Despachos y Prestadores de Servicios Profesionales de Auditoría 2024 presentaron recursos de impugnación, con los que lograron que el Orfis los incluya en los registros para la auditoría de la Cuenta Pública 2023.

Las personas físicas y morales se opusieron a la resolución del Orfis que les negó el registro al Padrón de Despachos que auxiliarán en el proceso de fiscalización de la Cuenta Pública 2023.

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Los despachos ganaron los recursos de revocación y lograron ser incluidos en este registro, por lo que podrán prestar sus servicios al organismo fiscalizador hasta el 31 de diciembre del presente año.

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Durante el proceso de selección, que se llevó a cabo en el último trimestre del año pasado, el Orfis aclaró que se podría negar registros y/o refrendos a los despachos con antecedentes de desempeño profesional deficiente, es decir, que como resultado de la evaluación de los trabajos de auditoría tengan una calificación no aprobatoria respecto de alguno de los entes por los que fueron contratados y habilitados para la fiscalización de la Cuenta Pública del ejercicio inmediato anterior.

Además, desde el organismo se determinó que se negaría el registro cuando en el proceso para corroborar el cumplimiento de los requisitos, se llegara a detectar que la información y/o documentación presentada sea apócrifa.

Según la determinación del Orfis, se negaría el registro o iniciaría el procedimiento de cancelación del despacho y/o prestador de servicios profesionales de auditoría que haya celebrado o celebre contratos simultáneos con un número mayor de cinco entes fiscalizables.

Lo anterior también aplicaría cuando el organismo cuente con elementos de convicción que acrediten que existe o existió algún conflicto de intereses o que se haya violentado el principio de independencia.

Xalapa, Ver.-El Órgano de Fiscalización Superior (Orfis) contempló la contratación de 60 despachos de auditoría externa para dar cumplimiento a la revisión de la Cuenta Pública 2023, cuyos resultados deben estar listos en octubre próximo, dio a conocer la auditora general, Delia González Cobos.

Entre estos despachos deben incluirse a 25 personas físicas y morales al Padrón de Despachos y Prestadores de Servicios Profesionales de Auditoría 2024 por haber logrado sus registros mediante recursos de impugnación.

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En entrevista, la auditora señaló que para la contratación de personal externo se cuenta con un presupuesto de entre 10 a 12 millones de pesos.

Explicó que mencionados despachos revisarán las cuentas de los ayuntamientos, el gobierno del Estado, los organismos operadores de agua y los órganos autónomos.

Detalló que las auditorías deben cumplirse en los siguientes meses, ya que se debe presentar el informe al Congreso del Estado en octubre.

“Se cuenta con un techo presupuestal máximo de 12 millones, se realiza la contratación de despachos externos porque eso significa un costo menor al que podría generarse si se realiza la contratación de un mayor número de personal para el organismo”, expuso.

¿Quiénes ganaron el recurso al Orfis?

25 personas físicas y morales al Padrón de Despachos y Prestadores de Servicios Profesionales de Auditoría 2024 presentaron recursos de impugnación, con los que lograron que el Orfis los incluya en los registros para la auditoría de la Cuenta Pública 2023.

Las personas físicas y morales se opusieron a la resolución del Orfis que les negó el registro al Padrón de Despachos que auxiliarán en el proceso de fiscalización de la Cuenta Pública 2023.

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Los despachos ganaron los recursos de revocación y lograron ser incluidos en este registro, por lo que podrán prestar sus servicios al organismo fiscalizador hasta el 31 de diciembre del presente año.

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Durante el proceso de selección, que se llevó a cabo en el último trimestre del año pasado, el Orfis aclaró que se podría negar registros y/o refrendos a los despachos con antecedentes de desempeño profesional deficiente, es decir, que como resultado de la evaluación de los trabajos de auditoría tengan una calificación no aprobatoria respecto de alguno de los entes por los que fueron contratados y habilitados para la fiscalización de la Cuenta Pública del ejercicio inmediato anterior.

Además, desde el organismo se determinó que se negaría el registro cuando en el proceso para corroborar el cumplimiento de los requisitos, se llegara a detectar que la información y/o documentación presentada sea apócrifa.

Según la determinación del Orfis, se negaría el registro o iniciaría el procedimiento de cancelación del despacho y/o prestador de servicios profesionales de auditoría que haya celebrado o celebre contratos simultáneos con un número mayor de cinco entes fiscalizables.

Lo anterior también aplicaría cuando el organismo cuente con elementos de convicción que acrediten que existe o existió algún conflicto de intereses o que se haya violentado el principio de independencia.

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