Xalapa, Ver.-Por campañas electorales para algunos presidentes municipales resulta "tentador" apoyar a los candidatos con el uso de recursos públicos, hecho que es castigado con sanciones e incluso la cárcel, señaló Delia González Cobos, auditora general del Órgano de Fiscalización Superior de Veracruz (Orfis).
Refiere que este tipo de actos es auditable, por lo que se puede incurrir en un presunto daño patrimonial.
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En entrevista, destaca que la revisión de la Cuenta Pública del presente ejercicio fiscal se realizará en el 2025, por lo que será hasta entonces que se den a conocer los resultados del análisis del uso de los recursos públicos.
"Durante el análisis de la Cuenta Pública se revisará el uso que se le dio a los recursos públicos durante el presente año, por lo que se debe evitar cualquier tipo de acción que sea acreedora de una sanción", expone.
¿Además de no usar recursos públicos en apoyo a candidatos que no deben hacer alcaldes?
Detalla que el uso de recursos públicos no sólo son en efectivo, sino que también se considera el préstamo de vehículos, de espacios o personal del ayuntamiento.
Menciona que cualquier acto que sea identificado como un posible uso de recursos será notificado al INE y la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FISEL).
"Nosotros no tenemos facultades en materia electoral, pero sí podemos revisar el uso, manejo y destino de los recursos públicos, por lo que en caso de que hayan sido utilizados para campañas políticas se dará parte a las instancias correspondientes", expresa.
Al respecto, refiere que el año pasado se llevaron a cabo cursos de capacitación a los integrantes de los ayuntamientos para que este tipo de acciones se evite.
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"A veces se considera que no se hizo uso de los recursos porque no se dio dinero, pero se debe tener presente que el prestar los vehículos, a los integrantes del ayuntamiento o los espacios a cargo de los ayuntamientos también se consideran desvíos de recursos, estos hechos se deben evitar", comenta.
Finalmente, hizo un llamado a la ciudadanía a denunciar los actos que se ubiquen como un posible desvío de recursos de parte de las autoridades municipales.
