/ sábado 10 de septiembre de 2022

¿Por qué no se castiga el acoso de maestros a alumnas? Analizan problema

Protocolos institucionales no funcionan; urgen otros mecanismos, dice María Eugenia Guadarrama

María Eugenia Guadarrama Olivera, integrante del Centro de Estudios de Género de la Universidad Veracruzana, enfatiza que el establecimiento de protocolos institucionales no puede ser la única medida contra la violencia y el hostigamiento hacia las mujeres en escuelas de educación superior.

En la Feria Internacional del Libro Universitario indicó que los protocolos deben ir acompañados de medidas de sensibilización e información, pues no basta un curso o una campaña para generar cambios.

Evidencia que ya hay alumnas que denuncian el hostigamiento de profesores que forman parte de sus programas de estudio pero estas denuncias son frecuentemente frenadas por los órganos colegiados de las entidades correspondientes.

¿Por qué los maestros pueden evitar castigos?

Además, dice, las entidades en numerosas ocasiones hacen caso omiso y asumen actitudes de complicidad con sus colegas implicados. La investigadora observa que estas acciones derivan en la impunidad de los maestros y facilitan la frecuencia y gravedad de agresiones hacia las estudiantes e inclusive hacia sus colegas.

Guadarrama Olivera critica que a nivel discursivo las autoridades se pronuncian por la necesidad de cambios para alcanzar la igual de género y el respeto a los derechos humanos pero aún no construyen las condiciones reales para asegurar una metamorfosis.

Expone que mucha gente piensa que el espacio universitario es seguro, armonioso y donde se respetan los derechos humanos de las personas que forman parte de sus comunidades, las cuales gozan de condiciones de equidad e igualdad, pero no es así.

“Las estudiantes y las personas de la diversidad sexual son quienes más viven condiciones de violencia en el ámbito universitario. De esta población, las estudiantes experimentan prácticas de dominación y poder por parte de profesores, otros estudiantes y personal administrativo, de vigilancia, etc.”.

Opina que se debe atender y escuchar las voces de las estudiantes, incorporar sus demandas, diseñar políticas, reglamentos y acciones institucionales.

Lee más: Violencia de Género: indignación 'inunda' las calles de Veracruz

Piensa que las mujeres denunciantes son consideradas más como casos ocurridos o parte de las estadísticas y no como personas activas y propositivas en la construcción de soluciones.

¿En cifras cómo va la violencia sexual, según el Inegi?

De acuerdo con datos de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (Inegi 2021), expuso que en comparación con 2016 la violencia sexual tuvo un aumento de 8.5 puntos porcentuales.

Sobre la violencia en el ámbito escolar, la encuesta señala que el 32.33 por ciento de las mujeres la han vivido. Estas mujeres identificaron como principales agresores a un compañero, en 43. 4 por ciento; a un maestro, en un 16.8 por ciento, y a una compañera, en un 13.6 por ciento.

Ante este panorama sostiene que se deben multiplicar los mecanismos para informar y formar tanto a estudiantes como a todas las personas integrantes de la comunidad universitaria.

Puntualiza que a cuatro décadas de intentos por incidir en los espacios de educación superior es forzoso que en las instituciones haya voluntad política y un convencimiento de las autoridades que posibilite políticas reales de equidad, igualdad y de no discriminación entre los géneros.

María Eugenia Guadarrama Olivera, integrante del Centro de Estudios de Género de la Universidad Veracruzana, enfatiza que el establecimiento de protocolos institucionales no puede ser la única medida contra la violencia y el hostigamiento hacia las mujeres en escuelas de educación superior.

En la Feria Internacional del Libro Universitario indicó que los protocolos deben ir acompañados de medidas de sensibilización e información, pues no basta un curso o una campaña para generar cambios.

Evidencia que ya hay alumnas que denuncian el hostigamiento de profesores que forman parte de sus programas de estudio pero estas denuncias son frecuentemente frenadas por los órganos colegiados de las entidades correspondientes.

¿Por qué los maestros pueden evitar castigos?

Además, dice, las entidades en numerosas ocasiones hacen caso omiso y asumen actitudes de complicidad con sus colegas implicados. La investigadora observa que estas acciones derivan en la impunidad de los maestros y facilitan la frecuencia y gravedad de agresiones hacia las estudiantes e inclusive hacia sus colegas.

Guadarrama Olivera critica que a nivel discursivo las autoridades se pronuncian por la necesidad de cambios para alcanzar la igual de género y el respeto a los derechos humanos pero aún no construyen las condiciones reales para asegurar una metamorfosis.

Expone que mucha gente piensa que el espacio universitario es seguro, armonioso y donde se respetan los derechos humanos de las personas que forman parte de sus comunidades, las cuales gozan de condiciones de equidad e igualdad, pero no es así.

“Las estudiantes y las personas de la diversidad sexual son quienes más viven condiciones de violencia en el ámbito universitario. De esta población, las estudiantes experimentan prácticas de dominación y poder por parte de profesores, otros estudiantes y personal administrativo, de vigilancia, etc.”.

Opina que se debe atender y escuchar las voces de las estudiantes, incorporar sus demandas, diseñar políticas, reglamentos y acciones institucionales.

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Piensa que las mujeres denunciantes son consideradas más como casos ocurridos o parte de las estadísticas y no como personas activas y propositivas en la construcción de soluciones.

¿En cifras cómo va la violencia sexual, según el Inegi?

De acuerdo con datos de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (Inegi 2021), expuso que en comparación con 2016 la violencia sexual tuvo un aumento de 8.5 puntos porcentuales.

Sobre la violencia en el ámbito escolar, la encuesta señala que el 32.33 por ciento de las mujeres la han vivido. Estas mujeres identificaron como principales agresores a un compañero, en 43. 4 por ciento; a un maestro, en un 16.8 por ciento, y a una compañera, en un 13.6 por ciento.

Ante este panorama sostiene que se deben multiplicar los mecanismos para informar y formar tanto a estudiantes como a todas las personas integrantes de la comunidad universitaria.

Puntualiza que a cuatro décadas de intentos por incidir en los espacios de educación superior es forzoso que en las instituciones haya voluntad política y un convencimiento de las autoridades que posibilite políticas reales de equidad, igualdad y de no discriminación entre los géneros.

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