El desalojo mandatado por orden judicial para el pasado sábado 12 de noviembre del 2022 en el predio Jinicuil Manso del municipio de Coatepec, fue nuevamente burlado, afirmó la abogada de los legítimos propietarios, Itzel Jurado Ortiz, al señalar que este proceso buscando la restitución de tales terrenos invadidos por presuntos campesinos adheridos a la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos (CIOAC) ha sido una pesadilla para las víctimas.
Explicó que la juez no solamente ordenó la presencia de la Secretaría de Seguridad (SSP) sino de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) y del sistema estatal para el Desarrollo de la Familia (DIF) luego de que los supuestos campesinos usaran prácticas fuera de legalidad, dado que cuando se da fecha para la diligencia, meten a personas de la tercera edad, mujeres y niños para hacerlo ver violento.
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“La intención es jugar con la ciudadanía, con la opinión pública, con el gobierno, y ellos han jugado la carta de que son pobres, de que son campesinos y no solo eso, sino que el día de la diligencia meten mujeres y niños, personas que ni siquiera viven allí permanentemente y que no son denunciados, ellos de manera intencional juegan con esas personas, para aparentar que se le están violando los derechos cuando no es así”.
Recordó que pese al auto de fecha 17 de octubre, en esta ocasión quien no se presentó fue personal de la Comisión Estatal de Derechos Humanos quienes en ocasiones anteriores sí habían acudido, contrario a lo que había ocurrido con la SSP.
“Es importante decir que las víctimas se han visto revictimizadas y se han visto envueltas en un proceso que ha sido muy largo y costoso porque por cada ocasión que no se lleva a cabo la diligencia, que al final no es imputable a las víctimas sino más bien a las autoridades que son convocadas y que les son ordenadas su presencia en esas diligencias no se han presentado y quienes han padecido esa situación han sido las víctimas. Porque por cada ocasión que no van, es un gasto tremendo para ellos porque son quienes ponen los cargadores, pagan el camión de volteo, la retroexcavadora, el material”.
Lamentó que, en esta ocasión, los despojadores presentes “sin vergüenza alguna” se pusieron a gritar que la invasión la hacen en nombre del presidente Andrés Manuel López Obrador, porque él ha dicho que primero los pobres, “lo cual también me parece bastante delicado”.
Recordó que han sido seis los intentos de desalojo frustrados, por lo que recurrieron a un amparo que está caminando y por lo que la autoridad se ha visto forzada a acudir; “esta vez fue la primera que se presentó Seguridad Pública con 35 elementos y que se vio frustrado porque se supone que no fue la CEDH”.
No obstante, reconoció que, si bien la Comisión puede no tener facultades para haberse presentado en esa diligencia, lo cierto es que ésta no respondió oportunamente a la juez para dar respuesta a la solicitud. A su decir, la presidenta de la CEDH, Namiko Matzumoto Benítez debió haber informado de manera formal que no acudiría porque es así que se genera una cadena de negligencia por parte de las autoridades.
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“Es correcto que estando o no la Comisión debió haberse llevado a cabo la diligencia que estuvo a cargo del fiscal de distrito Édgar Alfredo Pérez Medina y él decidió no llevarla a cabo, ya que según él no estaba la Comisión Estatal y es correcto, si estaba o no estaba sí debió haberse desahogado la diligencia y yo le insistí personalmente frente a la policía para que se realizara y él se negó”.
Ahora, están a la espera de una nueva fecha por parte de la juez para llevar a cabo una nueva diligencia y que sea sin la presencia de la CEDH. Así, hizo un llamado al Gobierno del estado, a la Secretaría de Seguridad Pública, a la Fiscalía General del Estado para que cumplan con sus obligaciones, “no es un favor, no estamos pidiendo que la ley no permita”.
Aseguró que las víctimas están desgastadas y cansadas porque llevan casi tres años luchando a través de un canal jurídico que ha sido detenido y entorpecido por las propias autoridades.
¿Qué dice la CEDH sobre el desalojo de Jinicuil Manzo?
La presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) , Namiko Matzumoto Benítez, afirmó que ese organismo no tiene competencia en este tema específico, pero que con o sin su presencia ese mandato judicial podía llevarse a cabo.
“Para empezar la Comisión no es parte en ese tema y no tendría por qué hacer acto de presencia, de hecho, nuestro reglamento establece de manera muy clara la fracción decima del artículo 167 (…) la Comisión Estatal no hay un fundamento legal para la presencia de la comisión”.
Expuso que no es que estén obviando sus deberes, sino que hay disposición expresa que establece la normativa que les rige, de que carecen de competencia para varios asuntos, entre ellos, lo relacionado con el desalojo de alguna propiedad.
Refirió que, aunque recibieron la solicitud para estar presentes, el hecho de que alguna de las partes intervinientes solicite su participación, no implica que puedan hacerlo.
La Comisión da respuesta a todas las solicitudes de intervención cuando estas están o caen dentro del marco de su competencia
Explicó que quienes tendrían que estar presentes en esto, son las autoridades involucradas directamente en la ejecución del acuerdo del juez. “Y hasta donde yo entiendo, esas autoridades estaban presentes, la presencia o ausencia de la comisión no tiene por qué ser un impedimento, justamente porque la propia norma no le reconoce o no exige la presencia de la comisión estatal”.
Insistió en que la norma que permite o avala este tipo de actos o asuntos, no hace referencia a la participación de la comisión para ejecutar una sentencia de esa naturaleza, además de que hay disposición expresa de la ley que los rige de que no son competentes.
“No sé quién haya mencionado que porque no estaba la comisión estatal no se llevó a cabo, pero la ausencia en ese acto en particular de la comisión, no impedía que la autoridad competente ejecutara el acto”.
