Pese a las solicitudes que han hecho feministas para que en la Legislatura de Veracruz se armonice la Ley 3 de 3 contra la Violencia de Género, el dictamen sigue en análisis.
De acuerdo con diputadas locales, en el Congreso local existe un silencio legislativo en torno a este y otros temas, lo cual resulta grave pues no se atienden los problemas existentes de manera integral.
Además, señalan que aunque se apruebe la armonización de esta Ley, no aplicaría en las elecciones del 2024 porque debió quedar avalada previo al inicio del proceso electoral.
De acuerdo con la diputada de Movimiento Ciudadano Ruth Callejas Roldán aunque la Ley 3 de 3 se apruebe no surtirá efectos para el proceso electoral, ya que la Constitución establece que para legislar debe ser previo al inicio del mismo.
Sin embargo, dijo, en amparo a la ley federal y la minuta votada los partidos políticos y los organismos locales deben observarlo en sus reglamentos y convocatorias.
La legisladora consideró necesario agilizar todas las acciones que garanticen un proceso electoral en el que existan las mismas condiciones para todas las personas que aspiren a un cargo de elección popular.
Asimismo, señaló que es urgente atender la Ley 3 de 3 ante las implicaciones que ésta tiene en la búsqueda de garantías para las mujeres.
Sobre el tema, la diputada presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género, Maribel Ramírez Topete, mencionó que el hecho de que el Congreso esté en silencio legislativo no significa que las reformas constitucionales no sean aplicables en Veracruz.
"Se requiere de un espíritu de unidad y compromiso con el bienestar colectivo, hago un llamado a todas y todos los compañeros para abordar de manera conjunta y no partidista cuestiones cruciales como la violencia vicaria, la obligación alimentaria el registro de obligación alimentaria y la 3 de 3 contra la violencia el Congreso de Veracruz está en silencio legislativo", expresó.
Recordó que desde tribuna ha señalado que es imperativo dejar de lado intereses políticos y trabajar juntos en una agenda común que promueva soluciones efectivas para el beneficio de la sociedad.
"La prioridad debe ser el diálogo constructivo y la acción legislativa significativa que aborde estas problemáticas de manera integral", comentó.
