Con 42 votos a favor y cero en contra, el Congreso Local aprobó las reformas y disposiciones de la Ley 287 de Pensiones del Estado con la que se busca que el Gobierno del Estado cubra el déficit que tiene con el Instituto de Pensiones del Estado (IPE).
Luego de que el gobernador del Estado, Miguel Ángel Yunes Linares, declarara ante medios de comunicación que podría vetarla al considerar que se causaría un daño a las finanzas, los legisladores votaron a favor de la iniciativa que se generó con la participación de integrantes de varios sindicatos de jubilados y pensionados.
La Ley 287 se modificó el artículo 98 para obligar al Gobierno a cubrir el déficit que tiene anualmente este organismo y que a la redacción de dicho artículo quedó así: El Gobierno del Estado será responsable solidario del cumplimiento de esta obligación, estableciendo que en el Presupuesto de Egresos de cada año, la cantidad necesaria para cubrir el déficit que se presente en ese año. El presupuesto asignado al Instituto no podrá ser menor a la cantidad otorgada en el ejercicio que le precedió, de haberse presentado este supuesto.
Ante ello, se busca dar viabilidad financiera, administrativa y sentar las bases para sanear el organismo señala el documento que incluye la rotación de los integrantes del Consejo Directivo y que los jubilados tengan mayor representatividad en la toma de decisiones y en el manejo del recurso.
También se propone la creación de un Comité de Vigilancia y un Comité Financiero; los cuales estarán pendiente de la forma en que se usan los recursos de la reserva técnica, inversiones y auditorías.
Además de la contemplación de préstamos hipotecarios para que sea un beneficio de los derechohabientes la elaboración de un manifiesto en el que se establezca el rechazo a las cuentas individuales, así como un emplazamiento a pago por parte del Gobierno del Estado del adeudo heredado por la pasada administración estatal.
Mayores sanciones a los integrantes del Consejo Directivo del IPE que incumplan en sus obligaciones, así como la transparencia en los estados financieros y un estudio actuarial que permita conocer el estado de las finanzas del organismo de pensiones.
Incorporar a 75 ayuntamientos que no tienen aún convenio con el Instituto, ampliar la base de trabajadores y crear nuevas fuentes de financiamiento como casetas de peaje, gasolineras, entre otros, fueron algunas propuestas que se recibieron por escrito.
