Xalapa, Ver.- El titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), Hugo Gutiérrez Maldonado, podrá dirigir y supervisar la Unidad de Análisis e Inteligencia y la Unidad de Análisis e Inteligencia Patrimonial y Económica, mediante las cuales tendrá la posibilidad de seleccionar la información y desarrollo de estrategias que coadyuven en la preservación de la seguridad pública.
Lo anterior, luego de que el pleno del Congreso local aprobó las modificaciones a la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz, a propuesta del gobernador Cuitláhuac García Jiménez.
En las modificaciones se aprobó que el titular de la SSP tendrá las facultades de controlar, vigilar y dar seguimiento a las penas y medidas de seguridad que imponga o modifique el órgano jurisdiccional, así como organizar la administración y operación del Sistema Penitenciario con base en el respeto a los derechos humanos, el trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud y el deporte, como medios para procurar la reinserción social de la persona sentenciada.
La ley vigente establece que la SSP puede establecer un sistema destinado a obtener, analizar, estudiar y procesar información en materia de seguridad pública, mediante métodos que garanticen el estricto respeto a los derechos humanos, con apego a los principios de reserva y confidencialidad en el servicio público.
Sin embargo, García Jiménez propone que el titular de la SSP pueda dirigir y supervisar la Unidad de Análisis e Inteligencia, bajo su adscripción, para la selección de información y desarrollo de estrategias que coadyuven en la preservación de la seguridad pública.
Además, podrá dirigir y supervisar la Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica, para generar, obtener, analizar y evaluar la información patrimonial, física y económica proveniente de actividades consideradas irregulares o ilícitas por la ley, a través de la colaboración con las autoridades competentes en la materia.
En la ley se prevé lo necesario para que el titular de la dependencia supervise las instalaciones de los centros penitenciarios y mantenga la seguridad, tranquilidad e integridad de las personas privadas de su libertad, del personal y de las y los visitantes, ejerciendo las medidas y acciones pertinentes para su buen funcionamiento.
Conforme lo dispuesto por la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes y demás disposiciones aplicables, tendrá además la atribución de administrar y resguardar los centros especializados para este grupo poblacional.
Tendrá, además, en sus atribuciones la realización de los traslados de las personas privadas de su libertad, ordenados por los órganos jurisdiccionales, a los recintos judiciales en donde se celebrarán sus audiencias, brindándoles seguridad y custodia en dichos espacios, así como cumplir los mandamientos judiciales solicitados por los jueces y las autoridades ministeriales.
