Igual que lo hacían las administraciones pasadas, el actual gobierno estatal maneja datos y cifras para informar que los índices delictivos han bajado en relación con periodos determinados de años anteriores.
Al exgobernador Miguel Ángel Yunes se le escuchó muchas veces asegurar que la incidencia delictiva estaba bajando y criticaba a su antecesor de maquillar cifras y de pagar a medios para que no hablaran de la inseguridad.
La realidad le reviraba sus dichos una y otra vez, pues el mismo día que él hablaba de la baja en la incidencia delictiva, ocurrían balaceras, secuestros, levantones, embolsados y otros delitos.
Además, le recordaban que prometió acabar en seis meses con el problema de la inseguridad y no lo hizo ni en los dos años que duró su gobierno.
El exgobernador Javier Duarte también festinaba sus logros en materia de seguridad a pesar de que la realidad decía lo contrario. Incluso en alguna ocasión el propio Duarte llegó a confesar que fue víctima de amenazas de delincuentes, aunque no precisó la causa ni la manera como se dieron.
El gobierno que encabeza Cuitláhuac García empezó quejándose de los problemas, tanto en materia de seguridad como en otros rubros, que le dejó Yunes, un poco a la manera del panista, que cada vez que le reclamaban que no había resuelto lo de los pagos pendientes a proveedores o que no bajaban los delitos, respondía que era porque su antecesor le había dejado el estado hecho desastre.
El caso es que no hay día que no ocurran hechos violentos y de sangre en el estado y cuando no es en el norte, es el sur o en el centro, en la costa o en la montaña, o en dos o tres regiones al mismo tiempo.
No cesan los feminicidios, como tampoco lo hacen las ejecuciones, los secuestros, los levantones, las balaceras y los embolsados, entre muchos otros hechos que ocurren todos los días, como ha pasado en Xalapa, por ejemplo, durante toda la semana.
Pues a esa crisis de seguridad que padecemos los veracruzanos se sumó de lleno la crisis política provocada por los enfrentamientos verbales entre el fiscal Jorge Winckler, el secretario de Gobierno, Éric Patrocinio Cisneros, y el propio gobernador del estado.
El afán del actual gobierno de remover al fiscal panista se ha visto frustrado por la pésima operación política que ha derivado en la suspensión de la sesión extraordinaria del Congreso local, en la que los diputados debían cumplir con el trámite de aprobar dos juicios políticos contra Winckler Ortiz.
Los 20 diputados que mediante video y fotografía certificaron ante notario su voto en contra de ambos juicios políticos, se quejaron de amenazas que han recibido del secretario Cisneros, a tal grado que lo responsabilizan de lo que a cualquiera de los legisladores les pueda ocurrir.
Es necesario que el gobernador García Jiménez ponga orden antes de que su jefe político, el presidente Andrés Manuel López Obrador, se vea obligado a venir y a intervenir para resolver el problema.
Si Cuitláhuac se espera a la intervención presidencial en Veracruz quedaría muy mal parado y se evidenciaría su falta de capacidad para gobernar y esto no le conviene.
Debería sopesar incluso la conveniencia de hacer cambios y remociones. A menos, claro está, que esté dispuesto a evidenciarse.
Consejera Carla Rodríguez, representante del Poder Judicial ante el SEA
Con carácter de honorario recibió su nombramiento la consejera Carla Rodríguez González, como representante del Poder Judicial ante el Sistema Estatal Anticorrupción, dio a conocer ayer el presidente del Consejo de la Judicatura, Edel Álvarez Peña, quien hizo tal designación con la finalidad de que la consejera se integre al Comité Coordinador de SEA para contribuir en el diseño, promoción y evaluación de políticas públicas de combate a la corrupción.
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