Si el gobernador Cuitláhuac García Jiménez y su secretario de Gobierno, Érick Patrocinio Cisneros Burgos, hablan con ligereza, sin pruebas e impunidad, la sociedad debería mostrar inquietud.
Hablar, sin sustento, que un reportero o varios reporteros obedecen a grupos criminales por el hecho de realizar su trabajo periodístico, es un señalamiento grave, sin duda, y la Fiscalía General del estado debería perseguir ese delito, como es su obligación. ¿De dónde sacan sus conclusiones? Sólo ellos podrían decirlo, y cometen delito si, teniendo pruebas de sus dichos, no presentan denuncia penal ante la autoridad ministerial.
El asunto no queda ahí. Satanizar la labor periodística no sólo pone en entredicho una información con el propósito de ocultar o desestimar un hecho grave, también genera riesgo a la integridad del o los reporteros. Es una práctica común de los funcionarios, salida fácil, para no enfrentar críticas.
¿Qué pasó en Ciudad Isla? Un grupo violento atacó una base policiaca, en protesta por presumibles abusos de los elementos de seguridad, los agredieron y quemaron una patrulla, ante lo cual repelieron con tiros al aire y uso de fuerza a los manifestantes, incluidos a los periodistas que cubrieron esa información. Existen dos versiones, una oficial y otra contada por los lugareños. La primera, de que un grupo delictivo promovió esa protesta en respuesta a los operativos que se realizan para combatir la criminalidad, y la segunda de que hace unos días los policías detuvieron a un vendedor de tortillas que evitó pasar por un retén, a quien golpearon, abusaron sexualmente de él y lo dejaron abandonado en el monte malherido.
Hubo 20 detenidos, que al principio se dijo que eran 12, de quienes no se sabe su situación legal, y aquí mismo se comentó que la reacción de la autoridad fue la adecuada, pues no debe ni puede seguir permitiéndose vejaciones a militares, marinos o policías, son autoridades a las que hay que respetar. Sin embargo, ayer el gobernador García Jiménez, en una entrevista radiofónica, desestimó y minimizó la agresión al reportero Alberto Carmona, cuestionando qué hacía el periodista en ese lugar. “Trabajando”, le respondió su entrevistador, y el mandatario ya no supo dar otra respuesta.
Peor aún, el titular de la Segob se aventuró a decir que los reporteros “fueron reclutados” para ir a cubrir esa violenta manifestación. ¿Quién los habría reclutado? La versión oficial es que el crimen organizado estuvo atrás de esa protesta, pues incluso hubo personas llevadas de otros municipios que ni siquiera sabían a qué iban. Esa criminalización en las declaraciones hechas por el gobernador y su secretario de Gobierno, ayer fue reprobada por la organización internacional de defensa de los periodista Artículo 19, quien exigió respeto a los derechos humanos de los trabajadores de los medios de comunicación y pidió investigar ese atentado y aplicar la ley a los responsables de cometerlo. Es lo menos que pueden hacer las autoridades, y para quienes actuaron con ligereza, ofrecer disculpas públicas o, en su caso, presentar las denuncias penales si, como han dicho, tienen pruebas de que hay periodistas ligados al crimen organizado.
SIGUE EL CIERRE DE EMPRESAS, AHORA EN EL PUERTO
Desde hace varios días, al igual que en Coatzacoalcos, la cadena de restaurantes Tok’s cerró el establecimiento que operaba en el puerto de Veracruz en uno de los edificios históricos más bellos, el ex Convento de Santo Domingo, localizado en Aquiles Serdán casi esquina Independencia. En este caso no fue por el clima de violencia e inseguridad, fue por falta de rentabilidad, debido a la poca afluencia de clientes, atribuible a la grave situación económica que se vive actualmente. Muchos perdieron sus empleos, y por lo visto habrá más cierre de negocios.
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