La filtración de los nombres de dos gobernadores que finalizan funciones en noviembre, entre los que figura el mandatario veracruzano Miguel Ángel Yunes Linares, y un exdirector de Pemex, con quienes se habría decidido iniciar el combate a la corrupción que ofreció en campaña el virtual presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, habrá que tomarse en serio y de paso confirma lo que ya se imaginaba, que sí habrá ajuste de cuentas al estilo juarista contra quienes se convirtieron en enemigos políticos del candidato triunfador de Morena a la presidencia de la República. En el caso de Emilio Lozoya Austin, sería para mandar un mensaje al mundo, y al país, de que bajo su mandato no habrá impunidad, sobre todo tratándose del gran escándalo ignorado en el actual gobierno por los sobornos de la empresa brasileña Odebrecht que ha hecho caer a varios expresidentes y altos funcionarios de países donde esa compañía petrolera obtuvo contratos multimillonarios, como sucedió en México, pero donde hasta ahora no ha pasado nada. La información proviene del círculo cercano de AMLO, y aunque por obvias razones se quedará en trascendido, debe considerarse confiable. Con el mandatario de Morelos, Graco Ramírez Garrido Abreu, López Obrador mantiene un irreconciliable distanciamiento desde que cayó derrotado ante Felipe Calderón y aquél se opuso a sus estrategias de protesta, y después, cuando el perredista morelense se alió con adversarios para ser gobernador, a cuyas traiciones se sumó querer imponer de sucesor a su hijastro, Rodrigo Gayosso, con quien pretendió descarrilar a Cuauhtémoc Blanco Bravo, quien finalmente obtuvo el triunfo y ahora, ya electo mandatario, revira contra Graco de malos manejos de los recursos públicos. Del gobernador Yunes ya se sabe todo lo que él y su hijo le hicieron a AMLO en campaña con bloqueos a sus mítines y llamándolo “loco”, “corrupto”, “vividor del sistema”, “viejo guango”, entre otros adjetivos francamente ofensivos, por lo que el próximo presidente ya habría solicitado al actual gobierno federal investigar, revisar con lupa las cuentas que entrega el veracruzano, y si existiera presunción de delitos de desviación o peculado, iniciar los procedimientos que la ley prevé para fincar las responsabilidades penales que resultasen. Hasta ayer no había respuesta a tales “trascendidos”, y al mandatario estatal se le vio muy quitado de la pena en la reunión del Grupo de Coordinación Veracruz que se realizó en las modernas instalaciones del Centro Estatal de Control, Comando, Comunicaciones, Cómputo, Contacto Ciudadano e Inteligencia en Boca del Río, donde pusieron en operación 55 camionetas para patrullaje de vigilancia, 27 de las cuales fueron adquiridas con recursos estatales y 28 donadas por Pemex al Gobierno del Estado para este fin.
DRENAJE PLUVIAL PUEBLERINO EN EL PUERTO DE VERACRUZ
No es cuestión de esperar a que se calme la tormenta mediática y apostar a que los porteños olviden la grave inundación que nuevamente sufrió Veracruz el jueves-viernes de la semana anterior. Tampoco se puede quedar en declaraciones de que se va a atender a los miles de afectados. Eso no resuelve nada. Fue una precipitación pluvial atípica, es cierto, y hubo acumulaciones de hasta 120 litros de agua de lluvia por metro cuadrado; sin embargo, la red pluvial colapsó y volvió a mostrar que no funciona eficazmente. Si por lo menos el alcalde Fernando Yunes Márquez, ordenara la limpieza de las tuberías, el problema habría sido menor, pero no; no solamente no atendieron la sensata sugerencia de la regidora Clotilde Juliana Reyes Domínguez, del PVEM, para que limpiaran y dragaran las lagunas que son vasos reguladores naturales, sino que se carcajearon de ella. Los vecinos de 25 colonias, y más todavía los del fraccionamiento Floresta que quedaron bajo el agua fueron los que pagaron las consecuencias de esa indolencia. Las pérdidas son millonarias y, vaya, ni siquiera tuvieron el acierto de solicitar la aplicación del Plan DN-III, que por propia cuenta echaron a andar las autoridades de Marina.
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