/ lunes 14 de enero de 2019

El combate simulado de la violencia

Uno de los compromisos más importantes del anterior gobierno del estado fue la de acabar con la violencia en las calles, en seis meses, y para hacerlo ofreció un mando militar al frente de la seguridad pública, depurar esa corporación donde se sospechaba de muchos elementos y jefes vinculados al crimen organizado, y dotar a la SSP de tecnología de última generación para realizar labores de inteligencia y vigilancia. Ninguna se cumplió, o se quedaron a medias. En dos años, los veracruzanos sufrieron el aumento de los delitos de alto impacto, no se nombró a un general o almirante al frente de Seguridad Pública ni tampoco hubo tal dotación de sofisticados equipos para enfrentar a los grupos delictivos. Sólo en una ocasión se informó que por medio de drones, había sido localizado un depósito de autos robados en ciudad Cardel, unidades que fueron incautadas, aunque días después tuvieron que devolverlas al comprobarse que se trataba de un sitio donde se guardaban vehículos particulares. Acaso lo que más llamó la atención de los ciudadanos fue el anuncio de la adquisición de cámaras de videovigilancia, más de seis mil, para instalarlas en toda la entidad, con las cuales dar inmediato seguimiento a los actos delictivos que se cometieran y hacer posible la rápida detención de los criminales. Esta acción, incluso, provocó un enfrentamiento verbal entre el entonces mandatario y el actual alcalde de Xalapa, debido a que la empresa COMTELSAT, encargada de colocarlas comenzó a hacerlo sin autorización del municipio. En el esto de la entidad, esa administración informó que este programa avanzaba y concluiría sin problemas. Sin embargo, a un mes y días del actual gobierno, el titular de la Secretaría de Seguridad Pública, Hugo Gutiérrez Maldonado, reveló que las videocámaras resultaron un fraude. “solamente opera, y con deficiencia, el 34 por ciento (de las cámaras). En total se hizo una inversión por mil 100 millones de pesos para la contratación y operación de seis mil 316 de cámaras en la entidad”, acusó, e ilustró que el contrato obligaba a instalar en las regiones de Pánuco, 380 cámaras; Poza Rica, mil 112; Xalapa, mil 228; Veracruz, mil 868; Fortín, 676, y Cosoleacaque, mil 052. En el caso de Fortín, de 676 cámaras instaladas, únicamente 49 funcionan, y en Xalapa, colocaron mil 218 y apenas 263 son útiles. La responsabilidad, desde luego, corresponde la empresa contratada, pero también le resultaría a quienes tenían a su cargo verificar la calidad de los equipos adquiridos y cumpliera con su instalación en tiempo y forma. Por eso, el secretario Gutiérrez advirtió que “la SSP no será cómplice por omisión de malos manejos de sus antecesores” y anticipó que, en los días siguientes, se presentarán as denuncias contra quién o quienes resulten responsables de esta grave irregularidad. Acaso esta sea la primera acción penal que tome el gobierno de Cuitláhuac García Jiménez, o se espere la salida del actual fiscal general del estado para evitar que se proteja a los responsables de este presumible fraude.

SOLUCIÓN PRÁCTICA EN CHINAMECA

+++No es una solución política de acuerdos, como se esperaba, ni tampoco solución al problema del basurero regional en Chinameca; pero sirve para salir del atolladero al gobernador Cuitláhuac García Jiménez su decisión de poner el balón a la cancha de los alcaldes de Coatzacoalcos, Minatitlán y Cosoleacaque, para que sean ellos los que resuelvan, cada quien, lo del tiradero de basura de sus municipios. “Recuerden que ese tema lo manejan los alcaldes, es municipal; nosotros estábamos colaborando con la solución y la que ellos den, nosotros la apoyamos”, dijo en entrevista a reporteros. Con esa declaración es claro su deslinde, y lo que realmente inquieta es su dicho de que, al igual que en esta ocasión en que los pobladores de Chinameca se alzaron en protesta para no permitir en ese lugar el depósito de desechos de sus vecinos municipios, también quiera ceder a toda exigencia de grupos ciudadanos por medio de presiones, porque en tal supuesto se dejaría la gobernabilidad en manos de la plebe y el gobierno comprometería su esencia como tal. Esperemos.

Escriba a opedro2006@gmail.com

Uno de los compromisos más importantes del anterior gobierno del estado fue la de acabar con la violencia en las calles, en seis meses, y para hacerlo ofreció un mando militar al frente de la seguridad pública, depurar esa corporación donde se sospechaba de muchos elementos y jefes vinculados al crimen organizado, y dotar a la SSP de tecnología de última generación para realizar labores de inteligencia y vigilancia. Ninguna se cumplió, o se quedaron a medias. En dos años, los veracruzanos sufrieron el aumento de los delitos de alto impacto, no se nombró a un general o almirante al frente de Seguridad Pública ni tampoco hubo tal dotación de sofisticados equipos para enfrentar a los grupos delictivos. Sólo en una ocasión se informó que por medio de drones, había sido localizado un depósito de autos robados en ciudad Cardel, unidades que fueron incautadas, aunque días después tuvieron que devolverlas al comprobarse que se trataba de un sitio donde se guardaban vehículos particulares. Acaso lo que más llamó la atención de los ciudadanos fue el anuncio de la adquisición de cámaras de videovigilancia, más de seis mil, para instalarlas en toda la entidad, con las cuales dar inmediato seguimiento a los actos delictivos que se cometieran y hacer posible la rápida detención de los criminales. Esta acción, incluso, provocó un enfrentamiento verbal entre el entonces mandatario y el actual alcalde de Xalapa, debido a que la empresa COMTELSAT, encargada de colocarlas comenzó a hacerlo sin autorización del municipio. En el esto de la entidad, esa administración informó que este programa avanzaba y concluiría sin problemas. Sin embargo, a un mes y días del actual gobierno, el titular de la Secretaría de Seguridad Pública, Hugo Gutiérrez Maldonado, reveló que las videocámaras resultaron un fraude. “solamente opera, y con deficiencia, el 34 por ciento (de las cámaras). En total se hizo una inversión por mil 100 millones de pesos para la contratación y operación de seis mil 316 de cámaras en la entidad”, acusó, e ilustró que el contrato obligaba a instalar en las regiones de Pánuco, 380 cámaras; Poza Rica, mil 112; Xalapa, mil 228; Veracruz, mil 868; Fortín, 676, y Cosoleacaque, mil 052. En el caso de Fortín, de 676 cámaras instaladas, únicamente 49 funcionan, y en Xalapa, colocaron mil 218 y apenas 263 son útiles. La responsabilidad, desde luego, corresponde la empresa contratada, pero también le resultaría a quienes tenían a su cargo verificar la calidad de los equipos adquiridos y cumpliera con su instalación en tiempo y forma. Por eso, el secretario Gutiérrez advirtió que “la SSP no será cómplice por omisión de malos manejos de sus antecesores” y anticipó que, en los días siguientes, se presentarán as denuncias contra quién o quienes resulten responsables de esta grave irregularidad. Acaso esta sea la primera acción penal que tome el gobierno de Cuitláhuac García Jiménez, o se espere la salida del actual fiscal general del estado para evitar que se proteja a los responsables de este presumible fraude.

SOLUCIÓN PRÁCTICA EN CHINAMECA

+++No es una solución política de acuerdos, como se esperaba, ni tampoco solución al problema del basurero regional en Chinameca; pero sirve para salir del atolladero al gobernador Cuitláhuac García Jiménez su decisión de poner el balón a la cancha de los alcaldes de Coatzacoalcos, Minatitlán y Cosoleacaque, para que sean ellos los que resuelvan, cada quien, lo del tiradero de basura de sus municipios. “Recuerden que ese tema lo manejan los alcaldes, es municipal; nosotros estábamos colaborando con la solución y la que ellos den, nosotros la apoyamos”, dijo en entrevista a reporteros. Con esa declaración es claro su deslinde, y lo que realmente inquieta es su dicho de que, al igual que en esta ocasión en que los pobladores de Chinameca se alzaron en protesta para no permitir en ese lugar el depósito de desechos de sus vecinos municipios, también quiera ceder a toda exigencia de grupos ciudadanos por medio de presiones, porque en tal supuesto se dejaría la gobernabilidad en manos de la plebe y el gobierno comprometería su esencia como tal. Esperemos.

Escriba a opedro2006@gmail.com