El diputado Juan Carlos Molina Palacios fue brutalmente asesinado el sábado al mediodía a la salida de su rancho ‘Rosa del Alba’ en Medellín cuando extrañamente iba sólo, al volante de su su camioneta; sus victimarios lo sorprendieron y, según trascendió, recibió varios de los 22 disparos percutidos calibres 45 y 9 milímetros. Lo suyo no es un crimen cualquiera. Era un líder social, criador de ganado de alto registro que le dio fama, dinero y reconocimientos en México y el mundo, productor y ex líder cañero, constructor e inversionista inmobiliario. En los últimos meses realizaba la venta directa de carne de res a bajos precios en apoyo a la economía popular en municipios de la Cuenca del Papaloapan y algunos otros del estado, pero también gestionaba la compra de láminas de zinc o materiales de construcción a precios reducidos para la gente pobre y hasta gestionaba la afiliación de familias a programas sociales. Era un hombre que se hizo querer y respetar. Un último mensaje de él, una hora antes del atentado, lo recibió uno de sus allegados para revisar el texto de su renuncia a la presidencia de la Liga de Comunidades Agrarias del estado, donde había concluido su periodo, que sería enviada al líder nacional de la CNC, el diputado federal Ismael Hernández Deras. Juan Carlos había llegado como diputado plurinominal del PRI al Congreso local, pero pronto se declaró independiente y mostró apoyo a las iniciativas de la bancada del PAN, lo que generó molestias políticas, incluso amenazas que fueron denunciadas públicamente; sin embargo, habrá que esperar el resultado de las investigaciones, sin especular. Hubo exigencia de justicia de partidos políticos, diputados como Héctor Yunes Landa, Jorge Moreno Salinas, e incluso de MORENA. El ofrecimiento del Gobernador Cuitláhuac García Jiménez es que ese crimen no quedará impune, aunque existen fundadas dudas de su cumplimiento, considerando que existen miles de casos de violencia que permanecen en el olvido, sin aclararse. Lo ocurrido es tan grave como lo sucedido en Minatitlán, Coatepec y Coatzacoalcos en nuestra entidad, o en Sonora, fuera de ella, pone en evidencia las estrategias de seguridad y la inutilidad de las reuniones diarias para atender y tomar acciones preventivas contra la delincuencia; también demuestra que es suficiente que alguien ordene cometer un crimen, sea quien fuere como sucedió ahora, para cometerlo, por una razón fundamental: la impunidad con que actúan los criminales. ¿Qué espera a los ciudadanos comunes? Lo único que queda es rezar y que Dios nos agarre confesados, como solía expresar el periodista don Rubén Pabello Acosta.
LIMPIA DE CORRALONES
En días recientes, los dueños de corralones de autos en el estado de Veracruz fueron notificados por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) del desalojo de vehículos en condición de abandono a favor del gobierno federal por haber permanecido más de tres meses en esos sitios sin que sus propietarios o posesionarios hayan reclamado su devolución. ¿Existe abuso de poder? No lo parece, por existir un fundamento legal. La medida, sin embargo, podría estar orientada a evitar la utilización de esos lugares para guardar vehículos robados o con los que se cometen delitos. La disposición es de aplicación inmediata, según el oficio con fecha 23 de octubre pasado, firmado y enviado por Salomón Elnecavé Korish, titular de la Dirección General de Autotransporte Federal (DGAF. Por lo pronto, los permisionarios han presentado los listados de los vehículos guardados en esos depósitos que se encuentren en dicho supuesto de abandono, con excepción de aquellos que se encuentren sujetos a procedimientos de reclamación. En tal circunstancia, los propietarios o posesionarios de automotores que se encuentren en esos depósitos deberán actuar rápido a fin de no perderlos.
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