Por lo menos, dos fuertes aspirantes a la Fiscalía General del Estado se entusiasmaron luego de que este martes el gobernador Cuitláhuac García confirmó que le había pedido al fiscal Jorge Winckler que no asistiera el próximo lunes 22 a la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz que encabezará el presidente Andrés Manuel López Obrador en Veracruz.

La razón que esgrimió el mandatario estatal es que “el fiscal es muy mentiroso”, ya que sus informes difieren de los demás. “Los datos de su conferencia de prensa son responsabilidad suya, él puede decir lo que quiera, pero en la mesa del programa Unidos para la Construcción de la Paz difícilmente podrá mentir porque nosotros también tenemos datos”, dijo el mandatario estatal, quien inclusive puntualizó que la decisión de no invitar a Winckler es respaldada por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del gobierno federal, Alfonso Durazo.

Cuitláhuac ejemplificó que la Fiscalía no distingue entre homicidios, homicidios dolosos o feminicidios, así como secuestros y privaciones de la libertad.

Lo dicho por el mandatario estatal coloca en un serio predicamento al fiscal. Y es que el cuestionado comportamiento de Winckler no sólo ha justificado por el momento una segunda exclusión de las reuniones del gabinete de seguridad –la primera ocurrió el 21 de febrero pasado, en Coatzacoalcos– sino que inclusive le pueden generar también sanciones administrativas y hasta de tipo penal que derivarían en su salida de la FGE.

En este sentido, la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en sus artículos 138 y 139, prevé sanciones de uno hasta ocho años de prisión y de cien hasta mil días de multa, además de la destitución e inhabilitación por un plazo igual al de la pena impuesta para desempeñarse en otro empleo, puesto, cargo o comisión en cualquier orden de gobierno, a quien dolosa, ilícita y reiteradamente se abstenga de proporcionar al Secretariado Ejecutivo la información que esté obligado en términos de esta Ley, o que ingrese dolosamente a las bases de datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública previstos en esta Ley, sin tener derecho a ello o, teniéndolo, ingrese a sabiendas información errónea, que dañe o que pretenda dañar en cualquier forma la información, las bases de datos o los equipos o sistemas que las contengan…”

Pero, además, si Cuitláhuac y Durazo han excluido nuevamente a Winckler porque aseguran que no es de fiar, ¿alguien supone entonces que el fiscal aprobará el examen de control de confianza al que por ley deberá someterse próximamente para permanecer en la Fiscalía los seis años siguientes para los que fue designado por la Legislatura local anterior?