Desde su creación en el gobierno de Javier Duarte de Ochoa, y después con Miguel Ángel Yunes Linares, la posición de la Fiscalía General del estado (FGE) resultó estratégica en el ejercicio del poder, y más allá de sus gobiernos.
En pleno mandato, les permitió margen de gobernabilidad, mantuvieron a raya a los adversarios, cobraron facturas políticas e infundieron temor cuando fue necesario hacerlo; y con la misma patente pretendieron impunidad. Era ése el propósito de Duarte, pero desde su llegada al gobierno, Yunes de un manotazo quitó a Luis Angel Bravo Contreras, escudo del priista, y en su lugar colocó a uno de sus incondicionales, el abogado familiar Jorge Winckler Ortiz, y éste cumplió lo que le ordenaban desde la oficina principal de Palacio de Gobierno, iniciándose una feroz persecución en nombre de la ley, bajo la complicidad de una parte del Poder Judicial, venganza que se consumó a medias debido a violaciones al debido proceso e inconsistencias en la integración de carpetas de investigación, lo que permitió la libertad a varios de los procesados. Los mismos vicios de corrupción del sexenio duartista se repitieron en el bienio, pero éstos afloraron hasta que rascó un poco el gobierno de Cuitláhuac García Jiménez. Es la importancia de la FGE, y por eso se debe estar atento a la designación del titular de ésta.
Si el Ejecutivo estatal no muestra mayor interés en este movimiento y cede casi por completo el poder al secretario de Gobierno, Éric Patrocinio Cisneros Burgos, cabeza del grupo que empuja a la secretaria de Energía, Rocío Nahle García, para relevar al actual mandatario, sin duda entonces será ratificada en ese cargo Verónica Hernández Giadáns, actual encargada del Despacho, estaría mandando el mensaje de que es real la posibilidad de solicitar licencia tras cumplir dos años al frente del gobierno de Veracruz y perfilar a su segundo de a bordo para concluir el periodo Constitucional, lo que serviría también para preparar el terreno a la titular de la Sener con miras a la elección de 2024. En tal caso, el titular de la Segob necesitaría contar con todas las fichas del ajedrez, como se observa que viene haciéndolo, con el fin de tener el control y hacer su propio juego. Hasta ayer al mediodía, al finalizar el plazo para las inscripciones de aspirantes a la FGE, había once registrados ante el Congreso del estado para participar en este proceso de selección, incluida la propia Hernández Giadáns, y entre los que destacan Tomás Mundo Arriasa con amplia experiencia en el servicio público, abogado litigante y experto en juicios orales; Yuriria Torres Pérez, abogada y exdirectora general adjunta de la Unidad de Análisis de Información de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General de la República; Francisco Enrique Valera Ramírez, licenciado en Derecho con maestría en Gobierno y Administración Pública, así como aspirante en 2018 a formar parte del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción de Veracruz y en 2019 aspirante a magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Estado, el exfiscal regional de Xalapa, Ricardo Javier Carrillo Almeida, y el exsubprocurador Jorge Yunis Manzanares, a quien se le han atribuido, pero no comprobado, vínculos con grupos criminales. Habrá que esperar, lo notable es que, al menos en el papel, hay apertura democrática.
VAN POR SEIS MÁS EN EL CRIMEN DE MARÍA ELENA
Por cierto, en seguimiento a las investigaciones del crimen de la periodista María Elena Ferral Hernández, la actual encargada de la FGE informó que la principal línea de investigación seguida en este caso es por el ejercicio de su actividad periodística y que se logró acreditar la presunta participación de los imputados, lo que se ha probado ante el juez de control que lleva el asunto, ejerciéndose acción penal contra 11 presuntos responsables, de los cuales seis ya se encuentran detenidos y vinculados a proceso.
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