En un sistema de hombres, una mujer carga con la responsabilidad de formalizar la detención de los inculpados que ingresan al Penal de Pacho Viejo y de asegurarse que no se vulneren los derechos de las personas que intervienen en un procedimiento penal acusatorio oral, que recién cumplió 10 años (8 de ellos de preparación).
Frente a ella tiene a ocho hombres que argumentan sobre la inocencia y culpabilidad de uno de ellos. Un poco más lejos la observan familiares de las víctimas y representantes de la prensa. Es la jueza Alma Aleida Sosa Jiménez.
La mujer joven, firme y decidida en su actuación, ha llevado a casi todos los duartistas a prisión preventiva como medida cautelar. Lo hizo con Antonio Nemi Dib, Mauricio Audirac, Arturo Bermúdez (por desaparición forzada), así como con los 16 policías de la Secretaria de Seguridad Pública, incluidos el ex director general de la Fuerza Civil, Roberto González Meza, y el ex director de Penales, Óscar Sánchez Tirado.
Ahora le tocó el turno al ex fiscal general, quien prácticamente encabezó su defensa en la audiencia de control y de vinculación a proceso acusado de desaparición forzada. Ella lo mismo reviró a los representantes de la Fiscalía que a los abogados del investigado.
Para el inculpado y sus defensores sólo se le acusa de “alterar una escena del crimen”, pues no lo es lo mismo un “robo simple” que un robo con violencia. Insistió una y otra vez que no puede juzgársele de la misma forma que a alguien que ordena y desaparece a una persona.
Sin embargo, desde que Sosa Jiménez legalizó la detención dejó ver que el ex fiscal no saldrá tan fácilmente y que se le imputa un delito de lesa humanidad, uno “extremadamente grave”.
Por eso, dijo, desde semanas atrás “obsequió” a la Fiscalía la orden de aprehensión en contra Bravo Contreras a quien no le valió contar con una suspensión provisional del juez Quinto de Distrito de Amparo en materia Penal en la Ciudad de México.
Y mientras debatía su inocencia, el ex fiscal duartista aplicaba la coloquial frase “antes muerto que sencillo”. Lo digo porque la jueza tomaba agua Bonafont, los fiscales Ciel y Luis Ángel hacía lo propio pero con una botella Perrier, una marca francesa de agua mineral carbonatada. También vistió un sobrio traje negro, camisa clara y corbata gris, peinado “engomado”, como aquella primera vez que se asomó junto con Javier Duarte al balcón de Palacio de Gobierno. Una horas antes de ser nombrado el “abogado de los veracruzanos”.
En uno de los recesos y con el pretexto de ir al baño, el ex duartista encaró a una de las seis madres de las víctimas de desaparición forzada que acudieron a presenciar la audiencia inicial celebrada en Pacho Viejo. “Ustedes saben que no es así, que no es cierto”, le dijo a la mujer. Ella también respondió “mi hijo no ha aparecido”.
Es cierto faltan miles de Veracruzanos en sus hogares y no, no es para menos. La desaparición de sus familiares es una crisis humanitaria que duele y lastima, en la que se han visto vulnerados todos los derechos humanos de las víctimas y sus familiares.
Dicho por los propios colectivos, existe un 99 por ciento de impunidad en los casos de desaparecidos y solo se simula por parte de la Fiscalía General del Estado. De la de antes, de Amadeo Flores, la de Luis Ángel y de la actual, de Winckler.
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