Si había algún avance en las negociaciones entre el Gobierno del Estado y los concesionarios transportistas, éstos deberán buscar mejores argumentos para solicitar el aumento al costo del boleto de pasaje en el servicio urbano, después de que, por enésima vez, el sábado en Boca del Río una persona resultara atropellada y muerta por los cafres que contratan como conductores.
Desde luego que puede tratarse de un homicidio imprudencial, eso lo dictaminará la autoridad pericial, pero lo más probable es que haya sido por conducir temerariamente, por exceso de velocidad, como es práctica común en casi todas las líneas camioneras y que los dueños no frenan porque su mayor interés es que sus unidades realicen el mayor número de recorridos, vendan más boletos disputándose el pasaje y obtener más ganancias, así choquen, atropellen y maten a cuanto cristiano se atraviese en sus locas carreras, como sucedió en este caso. No, esos actos de impunidad deben acabar con la aplicación de la ley, y la autoridad de Tránsito y Transporte deben ser sensibles al reclamo social y no ceder a esas ambiciosas pretensiones de los dueños de camiones urbanos y, como ahora sucede, también dueños de las calles en las grandes ciudades del estado, hasta que exista un transporte moderno, cómodo y seguro tanto para pasajeros como para transeúntes; y a los empresarios que no les convenga o no les resulte rentable el negocio y no quieran ajustarse a las exigencias de un buen servicio de transporte, que devuelvan los títulos de concesión y se otorguen a otros que se ciñan a lo que mandata la ley y que la autoridad está obligada a vigilar y hacer cumplir. ¿Qué funcionarios de la Dirección o las delegaciones del ramo supervisan las condiciones en las que se presta el servicio? ¿Han subido alguna vez a un autobús como, por ejemplo, ya lo ha hecho la propia gobernadora de Sonora, Claudia Pavlovich? Si eso fuera y se hiciera de manera sistemática y sorpresiva, no habría circulando tantísima chatarra en el transporte urbano y se acabarían las carreras de camiones de pasaje en las calles y los conductores vulgares y sin higiene, lo que en consecuencia también disminuiría atropellamientos y muertes arteras. Eso hace que en Veracruz el transporte urbano aplique la ley de la selva, dado que la autoridad, única que puede meter orden, parece no existir, es ninguneada o cómplice, porque no ejerce su atribución. Bastaría preguntar a los usuarios si aprueban las actuales condiciones en que se otorga este servicio público de transporte concesionado y, seguramente, la aplastante respuesta será que no. Esa es la realidad.
SEGURIDAD EN LOS GRITOS. Sin incidentes se realizaron los festejos patrios organizados en la capital del estado y el resto de la entidad, en especial en la zona metropolitana de Veracruz-Boca del Río-Medellín-Alvarado, donde los alcaldes Fernando Yunes Márquez, Humberto Alonso Morelli, Hipólito Deschamps Espino-Barros y Bogar Rosas Ruiz encabezaron el CCVIII aniversario del Grito de Independencia. La fiesta transcurrió con total seguridad; vaya, ni siquiera se presentaron accidentes fatales ni graves, debido a la ingesta de bebidas embriagantes, cosa común en ese día. Es una buena señal la asistencia masiva de la población. No quiere decir que la violencia disminuya, mucho menos que se acabe, que es la mayor demanda de la sociedad, pero puede decirse que las muertes violentas están asociadas a pugnas entre los grupos delictivos, aunque los daños colaterales en esos enfrentamientos alcanza a personas inocentes que resultan heridas o muertas. La organización que realizaron las autoridades puede calificarse de excelente, y a diferencia de otras ocasiones, también se puso en práctica la austeridad a la que ha llamado el nuevo gobierno de la República en los platillos que se sirvieron entre invitados y la clase política en Palacio de Gobierno y los palacios municipales. Enhorabuena.
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