El asedio al fiscal Jorge Winckler Ortiz está de regreso, o nunca cesó.
Ahora no es desde el Congreso local donde se busca su salida vía juicio político, sino por la vinculación al delito de tortura, acreditado por la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Veracruz (CEDHV), cometida en contra del ex director general de Servicios Periciales de la FGE, Gilberto Aguirre Garza, quien se encuentra recluido en el penal de Pacho Viejo, y sobre lo cual JW sería investigado por la Fiscalía General de la República. El escenario plantea al titular de la FGE decidir mantenerse en el cargo y enfrentar la nueva embestida, o renunciar, decisión difícil de tomar porque dejaría aparentemente indefensos a varios exfuncionarios del anterior gobierno señalados y acusados penalmente de probables desvíos de recursos públicos y daño patrimonial, incluso, al mismo exgobernador Miguel Ángel Yunes Linares. El hecho de que el propio presidente Andrés Manuel López Obrador haya señalado en una de sus conferencias mañaneras que la FGR tiene autonomía para resolver sobre este asunto, en sí mismo implica su respaldo al gobierno de Cuitláhuac García para quitarse la piedra en el zapato que es dicho funcionario, quien ya fue excluido de las reuniones de Seguridad, según lo dicho por el Ejecutivo estatal, por desconfianza. Winckler parecería no estar muy preocupado por los signos de tormenta que se avecinan, toda vez ya se defendió exitosamente en una ocasión anterior y podría hacerlo de nueva cuenta, aunque esta vez la situación es distinta. Según lo que trasciende, la CEDHV acreditó que sí existió el delito de tortura contra Aguirre e, incluso, determinó que la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención Integral a Víctimas deberá cuantificar una compensación por ese daño causado. Toca ahora investigar la denuncia que se presentará de esos hechos ante la Fiscalía General de la República, organismo que con todo y su carácter de autónomo, tiene sello del gobierno actual y la decisión de querer sacar, por el medio legal que fuere, al fiscal general que responde a los intereses políticos del anterior gobierno. Ayer, el abogado porteño Jorge Reyes Peralta anunció que hay elementos suficientes para acreditar la tortura física y psicológica de la que fue objeto su cliente para arrancarle confesiones que lo mantienen en la cárcel. Esta nueva historia apenas comienza.
DELINCUENTES EN MOTOCICLETAS
No es sólo un caso, aunque sí el más reciente, de lo que se presenta desde hace años: ejecuciones y asaltos a transeúntes por delincuentes que se transportan en motocicletas. Debido a esa situación, en la anterior Legislatura del estado se planteó la necesidad de crear nuevas reglas de tránsito para que los conductores de estos vehículos portaran chalecos con las placas de sus vehículos impresas y esto permitiera a la autoridad prevenir hechos de delictivos. Sin embargo, el gobierno se dejó intimidar por dueños de motos de lujo, quienes se opusieron a portar esos chalecos. Eso impidió que prosperara dicha iniciativa, y ahora el problema se ha recrudecido y cuesta la vida de personas asaltadas, como el caso de la maestra Arianna Xóchilt, directora y maestra de un kínder en la colonia El Morro de Boca del Río, quien al oponerse a ser asaltada fue asesinada a balazos por dos ladrones criminales. Este hecho generó indignación y miedo. No hay hasta ahora resultados de la investigación para identificar y detener a los criminales, quienes huyeron a bordo de una motocicleta roja. Esto hace necesario que los diputados de nueva cuenta analicen la conveniencia para que sean identificados todos los motociclistas, es necesario, por seguridad de los ciudadanos que están inermes ante la delincuencia.
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