Aun no acaba el mes patrio y bien cabe la acuñada frase: “el mexicano no da paso sin huarache”.
La reducción salarial del 50 por ciento y derogación de las compensaciones extras que propone el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, podría impactar en el sueldo de otros funcionarios públicos
Los salarios en la alta burocracia –ya sea federal o estatal- no siempre es el problema del dispendio en la administración pública ni en los organismos constitucionales autónomos o en los Poderes Legislativo y Judicial.
La dificultad a veces radica en los bonos extraordinarios y gratificaciones que tienen asignados los servidores públicos, el apoyo a celular, gastos de representación, apoyo por uso de vehículo propio y otros conceptos similares.
La complicación también la generan los “aviadores” que hay en cada una de las dependencias, algunos con pequeños sueldos (lo cual tampoco se justifica), pero otros con salarios monumentales.
El problema también se encuentra en la desigualdad de las pensiones, donde unos cuantos gozan de jubilaciones ostentosas cuando la mayoría de los trabajadores alcanzan 4 mil o 5 mil pesos mensuales para su retiro.
En el caso de los organismos autónomos de Veracruz, a su libre albedrío, se asignan “mega” prestaciones, de las cuales gozan los titulares y directores de algunas áreas, dejando fuera a los servidores públicos con menores salarios.
Se asignan pagos de lentes, útiles escolares, pago de pasaje (aunque tengan coche), bonos bimestrales, semestrales, y eso sin considerar los que establece la ley como prima vacacional y aguinaldo.
En Veracruz son nueve organismos “autónomos”: La Universidad Veracruzana, la Fiscalía de Winckler, la Comisión de Derechos Humanos, el Instituto de Acceso a la Información, el Orfis, el Ople, el Tribunal Electoral, la Comisión de Periodistas y el nuevo Tribunal Anticorrupción. La mayoría con un pésimo trabajo de rendición de cuentas y transparencia.
La Universidad Veracruzana, por ejemplo, cuando le solicitas información a través de la plataforma de transparencia se exige que vayas a otro portal y que generes otro usuario y clave para poder pedirla. Como si no estuvieran regidos por la ley general y la ley estatal de transparencia ni los principios de máxima publicidad que señala la Constitución federal, la máxima casa de estudios te obliga a ingresar a su sistema denominado Mkatsina y te adjunta su “manual” de procedimientos y políticas de la gestión de solicitudes”.
Los bonos, compensaciones y gratificaciones son obligaciones de transparencia por parte de los entes públicos del catalogo mínimo que establece la ley. Incluso, ni siquiera sería necesario solicitar la información, ya debería estar a disposición de la ciudadanía en sus portales de internet.
Lo malo es que en el estado, cualquier petición de información pública que puedas hacer, se te tacha de “argüendera” o te citan para preguntarte para qué pediste la información, qué quieres o buscas conseguir. Claro, a veces se me olvida que “el mexicano no da paso sin huarache”. Al menos eso piensa la mayoría.
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