El de la seguridad es un tema complicado y más en tiempos de campaña como los que hoy vive Veracruz, porque se politiza con mucha facilidad.
No faltan los candidatos o los dirigentes de partidos que se ponen a exigir que se resuelvan la violencia y la inseguridad cuando antes de la etapa electoral no levantaron la voz al respecto.
Pero ellos no son los únicos que caen en el juego, pues hay gobernantes que se enfrentan culpándose unos a otros sobre la problemática que no es nueva y lanzándose acusaciones sobre supuestos bloqueos de unos y otros, como es el caso de Xalapa con el gobierno estatal.
En el tema de la instalación de los postes de las videocámaras de seguridad en la capital del estado hay que decir que el gobernador Miguel Ángel Yunes Linares está en su papel de combate a la delincuencia y buscar que haya seguridad para los veracruzanos.
El alcalde Hipólito Rodríguez, por su parte, está ocupado en el tema del reclutamiento y capacitación de los futuros policías municipales.
Cada uno en lo suyo. Incluso la Secretaría de Seguridad Pública, que contrató una empresa para que instale las famosas cámaras, sólo que la dependencia debió informar al ayuntamiento y pedir su apoyo y colaboración en esta tarea.
La empresa, por su parte, debió acudir a las autoridades municipales para que la colocación de las cámaras se hiciera de la mejor manera posible, buscando la eficacia de las mismas, sin afectar a la población y menos perjudicar al medio ambiente.
Si no recibió respuesta de la autoridad debió proceder en consecuencia reportándolo a quien la contrató e incluso pudo haber salido a quejarse públicamente de que no podía colocar los postes porque no le daban permiso.
Pero la empresa decidió brincarse ese procedimiento y reaccionó entrando al territorio municipal sin el permiso respectivo y en consecuencia actuó sin apegarse a la norma y hasta de manera imprudente, colocando postes en lugares inadecuados, invadiendo banquetas y obstruyendo rampas para adultos mayores y personas con capacidades diferentes.
Mientras, los habitantes de Xalapa y quienes visitan la Ciudad de las Flores por diversos motivos pagan las consecuencias, porque las cámaras no se instalan y no se mejoran la vigilancia ni la seguridad.
Lo que debe haber es comunicación y colaboración entre autoridades de los distintos órdenes y niveles de gobierno, pues un tema tan prioritario para los ciudadanos no se debe politizar y menos buscar raja electoral.
La empresa tiene que ajustarse a los reglamentos municipales y cumplir con las disposiciones.
Más allá de que los partidos que gobiernan el Estado y Xalapa son antagónicos y están confrontados, el gobernador y el alcalde deben actuar como lo que son, gobernantes, es decir como autoridades que tienen la delicada responsabilidad de atender a los gobernados y resolver sus problemas, garantizarles seguridad y tranquilidad.
Los pleitos, como se ha dicho de manera reiterada, no abonan a la solución de los problemas, y quienes pagan las consecuencias son los gobernados, en este caso los xalapeños, que siguen a merced de los delincuentes mientras sus autoridades pelean por demostrar quién impone su voluntad.
Otro revés para el OPLE: Como consecuencia de que el OPLEV se confundió en el tema de los índices con factores socioeconómicos, anoche el Tribunal Electoral de Veracruz (TEV) le enmendó la plana y redujo el tope de gastos de campaña para la elección de gobernador de 157 millones 840 mil 180.42 pesos a 122 millones 468 mil 524.67 pesos.
El tribunal también bajó el tope para los candidatos a diputados locales dejándolo en 65 millones 799 mil 529 pesos distribuidos en los 30 distritos de Veracruz, cuando el organismo electoral había decidido la cantidad de 94.7 millones.
La reducción fue de cerca de 29% con relación a lo que había decidido el OPLE que, según afirmó el magistrado Roberto Eduardo Sigala, no observó las recomendaciones hechas por el TEV.
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