En un año, un total de 1,358 personas fueron separadas de sus hijos e hijas en el estado de Veracruz de manera injustificada, lo que motivó a interponer denuncias por el delito de sustracción o retención de menores.
De acuerdo con el último Censo Nacional de Procuración de Justicia Estatal 2022, realizada por el Inegi (Instituto Nacional de Estadística y Geografía), el estado de Veracruz ocupa el cuarto lugar a nivel nacional en el delito de sustracción o retención de menores, al acumular 1,358 carpetas de investigación durante el 2021.
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¿Qué tanta es la frecuencia de la sustracción de menores en Veracruz?
La incidencia de este delito en el estado de Veracruz ha mantenido a la entidad en los primeros cinco lugares a nivel nacional con un mayor número de casos de sustracción de menores, junto con Nuevo León, el Estado de México, Guanajuato y Ciudad de México.
La estadística, reportada a través del Censo Nacional de Procuración de Justicia Estatal, refiere que en 2019 fueron integradas 1,344 carpetas de investigación por sustracción de menores; en 2020, la cifra aumentó a 1,398 casos en el estado de Veracruz y en 2021 se cometieron 1,358 delitos.
Por su parte, la Fiscalía General del Estado (FGE) documenta 9 mil 652 investigaciones ministeriales y carpetas de investigación abiertas por este ilícito, entre enero de 2012 y el 21 abril de 2022.
De acuerdo con un informe de transparencia, las citadas investigaciones fuero iniciadas “única y exclusivamente” en las agencias del Ministerio Público investigadoras especializadas en delitos contra la libertad y la seguridad sexual y contra la familia, así como en las fiscalías especializadas en investigación de delitos de violencia contra la familia, mujeres, niñas y niños, y de trata de personas.
A pesar de que la FGE no especifica el sexo y relación parental del imputado y denunciante, la cifra de denuncias por sustracción de menores representa una aproximación hacia un fenómeno que está ocurriendo en el país: el mecanismo de separar a los hijos del padre o madre en un contexto de disputas familiares.
En el estado de Veracruz, el delito de sustracción o retención de menores o incapaces lo comete quien tenga un parentesco con la persona menor de 18 años de edad o incapaz, o a quien, por instrucciones de aquél, sin causa justificada o sin orden de autoridad competente, le sustraiga de la custodia o guarda de quien la tenga de hecho o por derecho, o bien la retenga sin la voluntad de ésta.
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De acuerdo con el artículo 241 del Código Penal para el Estado de Veracruz, este delito se castiga con una pena de dos a nueve años de prisión y una multa de hasta 100 días de salario.
La pena señalada se aumentará en una mitad a la persona cónyuge, concubina o concubinaria, o con quien existió una relación de pareja, sea padre o madre del menor, que sustraiga, retenga u oculte a un hijo menor de edad o incapaz, con la finalidad de obligar al otro a dar, hacer o dejar de hacer algo.
¿Cómo daña la violencia vicaria?
El concepto de violencia vicaria fue acuñado en 2012 por la psicóloga argentina Sonia Vaccaro, quien define a este fenómeno como aquella violencia que se ejerce sobre los hijos para herir a la mujer.
Esta forma particular de violencia contra las mujeres se ejerce cuando un hombre, que busca dañar a la mujer, lo hace a través de lo que ella más ama: sus hijos. Es a la mujer a la que se quiere dañar y el daño se hace a través de terceros.
En la mayoría de los casos, a este tipo de violencia le preceden amenazas y un lenguaje que apunta hacia un “te voy a dañar donde más te duele”. Entonces esto llega a través de los hijos y, en su forma más extrema, puede llevar al asesinato de los hijos.
De acuerdo con la experta Sonia Vaccaro, el agresor, el que maltrata, sabe que dañar a los hijos e hijas es asegurarse de que la mujer no se recuperará jamás, por eso es el daño extremo.
Por su parte, la magistrada de Circuito, Fabiana Estrada Tena, explica que la violencia vicaria se da en el contexto de rupturas sentimentales, cuando la expareja, luego de perder el control sobre la mujer, busca dañarla y utiliza los mecanismos de disputas familiares y del derecho para poder seguir teniendo acceso a los niños y dañar a la mujer.
En México, el fenómeno de violencia vicaria adopta la figura de separar a los hijos de las mujeres, criminalizar a las mujeres, denunciarlas penalmente y buscar quedarse con los menores, pero como una forma de agresión hacia las mujeres.
¿Cómo fueron las separaciones con los niños y niñas?
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De acuerdo con los resultados de la ultima Encuesta Nacional de Víctimas de Violencia Vicaria en México, publicado por el Frente Nacional contra la Violencia Vicaria, en el 80 por ciento de los casos, las víctimas fueron separadas de sus hijos de una forma inesperada con previas amenazas, sin tener contacto con los menores.
Asimismo, 9 de cada 10 agresores iniciaron trámites legales en contra de las víctimas. El 58 por ciento de las víctimas se encuentra en proceso legal civil por guarda y custodia de sus hijos e hijas, el 14 por ciento por pensión alimenticia, el 12 por ciento en proceso de divorcio, el 14 por ciento en régimen de visitas y convivencia.
Del 68 por ciento de las mujeres que han denunciado la sustracción de menores, es decir que fueron separadas de sus hijos, el periodo de tiempo promedio en el proceso es entre 1 año a 1 año y medio, mismo asociado al tiempo de la sustracción.
Las principales causas por las cuales 7 de cada 10 víctimas han denunciado a sus agresores son por sustracción de menor, ocultamiento de menor, violencia doméstica, violencia de género, pensión alimenticia, abuso sexual, guarda y custodia, tráfico de influencias, robo, fraude y divorcio.
¿Cómo son las afectaciones a la víctima?
Los resultados de la encuesta nacional también revelan que el 100 por ciento de las víctimas de violencia vicaria declaró haber recibido violencia por parte del agresor principalmente.
Asimismo, el informe señala que los agresores han sido apoyados en los abusos hacia las víctimas principalmente de su familiar nuclear (padre/madre), así como por sus parejas actuales.
De igual forma, las instituciones escolares, a través de los maestros y directivos, bloquean el acceso a los niños, promovidos por el agresor.
El 89 por ciento de las víctimas entrevistadas declararon haber sufrido daños psicoemocionales
Dentro de los hallazgos importantes, el documento refiere que por parte de la víctima existe el miedo a denunciar, a revelar situaciones personales o salir del anonimato de su situación.
Lo anterior, apunta el informe, “nos muestra que no estamos preparados para abrir y declarar la violencia vicaria”.
Además, detalla que la situación de violencia inicia previo a la separación de la pareja, ya que un poco más del 45 por ciento de las mujeres mexicanas mayores de 15 años sufren abuso de la pareja, principalmente psicológico y económico.
A pesar que casi el 80 por ciento de las víctimas entrevistadas generan ingresos por ellas solas, no les es suficiente para solventar sus gastos familiares, más los procesos legales en contra del agresor.
Casi en la totalidad de los casos el agresor presenta ventaja legal y económica en contra de la víctima, lo que pone en una situación vulnerable para enfrentar procesos en una condición de igualdad.
En conclusión, refiere el Frente Nacional contra la Violencia Vicaria, existe una oportunidad contundente en desarrollar una estructura de apoyo eficiente en términos legales, psicológicos y emocionales para las víctimas de violencia vicaria.
También se observa la necesidad de hacer cambios y ajustes a la ley, así como prestar una especial atención en las instancias e instituciones que apoyan a las víctimas, mayor y mejor claridad en los procesos y un seguimiento correcto de los mismos conforme a derecho.
Actualmente, en México se aprobó la Ley Vicaria. De los 31 estados que han presentado una iniciativa para aprobar la Ley Vicaria, en 24 ya fue aprobada. En Veracruz, la ley para castigar la violencia vicaria se encuentra en espera de su aprobación.
