Xalapa, Ver.- El Órgano de Fiscalización Superior (Orfis) dio a conocer que por la Cuenta Pública 2019 se presentó un presunto daño patrimonial por más de 2 mil 645 millones de pesos.
Al realizar la entrega de la Cuenta Pública 2019 ante el Congreso local, la auditora Delia González Cobos, señaló que 46 entes estatales presentan irregularidades que hacen presumir la existencia de daño patrimonial por un importe de 566 millones de pesos.
Asimismo, 28 entes estatales presentan inconsistencias de carácter administrativo y dos sólo tienen recomendaciones.
De los entes municipales, 210 ayuntamientos presentan irregularidades que hacen presumir la existencia de daño patrimonial por más de 2 mil millones de pesos y dos ayuntamientos inconsistencias de carácter administrativo.
La auditora indicó que seis entidades paramunicipales presentan irregularidades que generan un posible daño patrimonial por 11 millones, mientras que 10 entidades paramunicipales presentan inconsistencias de carácter administrativo y una sin observaciones, ni recomendaciones.
En materia de legalidad y desempeño, dos entes estatales, tres entes municipales y una paramunicipal presentan inconsistencias de carácter administrativo.
Asimismo, se hicieron reintegros por más de 100 millones de pesos, de los cuales 62 millones de pesos corresponden a 108 ayuntamientos, 14 millones a tres entidades municipales y 24 millones a 16 entes estatales.
Explicó que se seleccionaron 305 entes fiscalizables a través de pruebas y muestras selectivas a los cuales se les practicaron 825 auditorías, revisiones y evaluaciones, de las que 596 fueron auditorías integrales.
De ellas, dijo, 306 fueron en materia financiera presupuestal, 224 técnicas a la obra pública, 60 de obra pública y obligaciones, 6 de legalidad y sobre el desempeño, 169 revisiones en materia de deuda pública y obligaciones municipales, así como 60 evaluaciones de participación ciudadana.
“Quienes integramos el Orfis asumimos la responsabilidad de nuestras funciones, lo que nos lleva a presentar las conclusiones de nuestra labor, apegándonos a los principios de legalidad, definitividad, imparcialidad y confiabilidad que la auditoría superior nos exige”, dijo
La Auditora manifestó que es innegable que la situación de emergencia que continúa persistiendo obligó a todos a tomar medidas extraordinarias, sin que fuese la excepción la actividad fiscalizadora desarrollada por el Orfis.
“En pleno proceso de la revisión de las Cuentas Públicas del ejercicio 2019 y de la que actualmente estamos llevando a cabo por el ejercicio 2020, nos vimos obligados a adecuar esquemas basados en el recurso más valioso que tenemos que es el humano”, expuso.
Destacó la labor de los diputados y diputadas para que, en la condición que se tenía, emitieran los acuerdos para determinar prorrogar la entrega de los informes individuales y del informe general ejecutivo.
Al respecto, recordó que la entrega se aplazó en tres ocasiones, ya que de inicio se debía entregar el 15 de noviembre de 2020, posteriormente a más tardar el 31 de enero del 2021, y finalmente se estableció como término máximo el último día del mes de julio.
