El abogado Enrique Rentería Zavaleta declaró públicamente que la Fiscalía General de la República (FGE) determinó que la alcaldesa del municipio de Sayula de Alemán, Lorena Sánchez Vargas, habría incurrido en el presunto delito de simulación de secuestro en contra de su hijo menor de edad.
En conferencia de prensa, el abogado representante de los empresarios limoneros Erasmo Vásquez González, Ángel y Juan Carlos Vásquez González, a quienes la alcaldesa señaló abiertamente a nivel nacional ser presuntamente los responsables de supuestamente secuestrar a su hijo, aseveró que de acuerdo a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) el menor no estuvo retenido.
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En defensa de sus representantes, indicó que la Fiscalía federal determinó que sus representados no pertenecen a ningún grupo de la delincuencia organizada. "No existe ningún indicio de que mis representados, Erasmo Vásquez González, Miguel Ángel Vásquez Bonilla y Juan Carlos Vásquez Bonilla pertenezcan a algún grupo de la delincuencia organizada, que lo encabecen, pero, sobre todo, determina que existen datos de prueba de que la alcaldesa Lorena realizó la simulación de secuestro en agravio de su hijo”, expuso.
Destacó que la carpeta FGR/FEMDO/UEIDMS/FE-F/2548/2022, la cual se abrió cuando la alcaldesa presentó la denuncia por el presunto secuestro de su hijo fue consignada este día a la Unidad Especializada en Combate al Secuestro (UECS) de la Fiscalía General del Estado, debido a que la SEIDO se declaró incompetente para judicializarla porque ahora se trata de un delito distinto.
Detalló que el delito de la simulación de secuestro tiene una penalidad de cuatro a 16 años de prisión, de manera que al haberlo hecho público en medios a nivel nacional, hizo una falsa imputación en agravio de sus representados.
“Se utilizó a dependencias federales como la Fiscalía General de la República para obtener un beneficio personal, la Fiscalía realizó una investigación objetiva, exhaustiva, realizó intervención de llamadas, cuenta con diferentes datos de prueba que le dan sustento para la resolución que emiten", expresó.
El litigante dijo confiar en que las autoridades estatales brinden el seguimiento para ejercer la acción penal correspondiente. Sin embargo, recordó que el primer punto es solicitar el desafuero de la alcaldesa ante el Congreso del Estado. Puntualizó que al haber acusado a sus representados, los empresarios perdieron contratos para la venta de limón, además de que han sido desacreditados ante la opinión pública.
Ante tal situación, adelantó, que también pedirán a los medios nacionales que difundieron los mensajes la presidenta municipal que otorguen el derecho de réplica a sus representados.
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Ayer jueves la alcaldesa acudió al Congreso local a solicitar a los diputados de la Comisión de Gobernación y a la presidencia de la Mesa Directiva la intervención de la Tesorería, debido a que, denunció, se encuentra tomada por el titular del área y el síndico Bartolo Grajales.
En entrevista se le cuestionó sobre su hijo y afirmó que ya le había sido devuelto, además de que su familia se encontraba segura, pero ya no radica en Veracruz. Asimismo, se le preguntó si se le había solicitado algún pago de rescate por su hijo menor, a lo que respondió: “Sobre el tema ya hay una carpeta de investigación, no quisiera hablar de ello”.
