/ viernes 7 de enero de 2022

Detención de José Manuel "N", muestra del abuso de poder en Veracruz: Comisión Especial

Los representantes de la Comisión exponen que el juez planteó alrededor de siete teorías para sostener dicha imputación que en ningún momento fueron planteadas por los fiscales

La comisión especial para determinar la existencia de abusos de autoridad y violaciones al estado de derecho en el estado de Veracruz, creada en el Senado, determina que no existe hecho, prueba o testimonio que vincule a José Manuel "N", con el homicidio del excandidato a la presidencia de Cazones de Herrera, Remigio Tovar Tovar.

En un un comunicado, señala que la actuación del juez de control Francisco Reyes Contreras fue irregular, pues dictó auto de vinculación a proceso sin expresar nada "sustancial".

Leer más: Proceso de expulsión de exregidor de Boca del Río está abierto por traición al PAN: diputado

Expone que el juez planteó alrededor de siete teorías para sostener dicha imputación, sin embargo, fueron argumentos que en ningún momento fueron planteadas por los fiscales en la audiencia, en la petición de orden de aprehensión o en la misma imputación, realizando funciones que no le corresponden.

Agrega que el juez leyó sus argumentos al dar su vinculación a proceso: “el juez se limitó a dar lectura de sus argumentos, lo que realizó con notorias dificultades, por lo que válidamente se puede inferir que claramente desconocía el contenido de dicho documento”.

Así, subraya que el pronunciamiento no expresa absolutamente nada sustancial para el fondo del asunto y que es de extrañarse que le haya tomado más de cuatro horas en prepararlo, lo que llevó a una mayor demora de su resolución.

Con lo anterior, destaca que se confirma y demuestra, que las imputaciones que se le realizan se basan simplemente en conjeturas, contraviniendo las disposiciones constitucionales aplicables al debido proceso.

“La detención del secretario Técnico de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, es una muestra más del abuso de poder de las autoridades estatales”, remarca.

Advierte que la Comisión Especial para el caso, seguirá adelante con la labor de documentar todos los casos de probable abuso de autoridad en el estado de Veracruz, en estricto apego a sus facultades constitucionales.

La comisión especial para determinar la existencia de abusos de autoridad y violaciones al estado de derecho en el estado de Veracruz, creada en el Senado, determina que no existe hecho, prueba o testimonio que vincule a José Manuel "N", con el homicidio del excandidato a la presidencia de Cazones de Herrera, Remigio Tovar Tovar.

En un un comunicado, señala que la actuación del juez de control Francisco Reyes Contreras fue irregular, pues dictó auto de vinculación a proceso sin expresar nada "sustancial".

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Expone que el juez planteó alrededor de siete teorías para sostener dicha imputación, sin embargo, fueron argumentos que en ningún momento fueron planteadas por los fiscales en la audiencia, en la petición de orden de aprehensión o en la misma imputación, realizando funciones que no le corresponden.

Agrega que el juez leyó sus argumentos al dar su vinculación a proceso: “el juez se limitó a dar lectura de sus argumentos, lo que realizó con notorias dificultades, por lo que válidamente se puede inferir que claramente desconocía el contenido de dicho documento”.

Así, subraya que el pronunciamiento no expresa absolutamente nada sustancial para el fondo del asunto y que es de extrañarse que le haya tomado más de cuatro horas en prepararlo, lo que llevó a una mayor demora de su resolución.

Con lo anterior, destaca que se confirma y demuestra, que las imputaciones que se le realizan se basan simplemente en conjeturas, contraviniendo las disposiciones constitucionales aplicables al debido proceso.

“La detención del secretario Técnico de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, es una muestra más del abuso de poder de las autoridades estatales”, remarca.

Advierte que la Comisión Especial para el caso, seguirá adelante con la labor de documentar todos los casos de probable abuso de autoridad en el estado de Veracruz, en estricto apego a sus facultades constitucionales.

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