Es en el ámbito laboral donde se presenta en mayor proporción la discriminación para quienes viven con VIH y Sida, revela Leonardo Bastida Aguilar, integrante y fundador de la Red Mexicana de Organizaciones Contra la Criminalización del VIH y los Derechos Humanos.
En un informe elaborado por especialistas integrantes de ese organismo subraya que en México en 30 estados todavía se tienen leyes que penalizan a las personas que viven con VIH, esto bajo el delito de peligro de contagio. En la presentación de un informe, Leonardo Bastida Aguilar, miembro de la Red Mexicana de organizaciones contra la criminalización del VIH, expuso que se trata del trabajo de 2 años de analizar el impacto de la legislación mexicana en las personas con VIH.
Esta investigación documental revela que en 30 entidades prácticamente siguen vigentes las leyes que penalizan el VIH bajo la figura del delito de peligro de contagio, que supone que es que alguien ponga en riesgo la salud de otra persona, esto salvo en los casos de Aguascalientes y San Luis Potosí, que no lo hacen, porque en el resto de las entidades son vigentes las sanciones aplicadas. Lamenta que en 10 estados sí es penalizado directamente quien padezca una infección de transmisión sexual y tenga conductas que se consideren como “peligrosas”. Son Baja California, Tamaulipas, Puebla, Coahuila, Yucatán, Oaxaca, Zacatecas, Sonora, Nayarit y Veracruz.
Las sanciones que se aplican en algunos estados, dijo pueden ir dese multas económica hasta penales superiores a los 2 años de cárcel. En 20 entidades a una persona a quien se considere tener una enfermedad “crónica” o “incurable” no se les puede dar la tutela de un menor.
En Baja California Sur, en situación de divorcio, cuando alguno de los integrantes vive con VIH, no se le da la custodia de un menor. En otros, la presencia de la enfermedad es causa de divorcio.
Piden legislar y no criminalizar
Integrantes de la Red Mexicana de organizaciones contra la criminalización del VIH demandaron al Congreso de Veracruz legislar para derogar el Artículo 159 del Código Penal del Estado que criminaliza a quienes padecen Sida. En marco del Día de la Cero Discriminación se realizó el foro: La Legislación mexicana, su impacto en la respuesta al VIH y los derechos humanos.
Ahí, los participantes advirtieron que Veracruz se mantiene en focos rojos y en los primeros lugares a nivel nacional por el número de nuevos casos de VIH y Sida, en mortalidad femenina y de mujeres embarazadas con VIH, en padecimientos en el binomio tuberculosis-VIH, en nacimientos de niños con el virus y por ser la Entidad que más mujeres aporta con VIH y Sida al país.
Ante esa situación, llamaron a las diputadas y diputados veracruzanos a adoptar la Iniciativa con Proyecto de Ley para la Prevención, detección y atención integral en el Estado de Veracruz, que es opción actualizada y completa.
“Nuestra mano está extendida, deseamos que nos eviten el arduo trabajo de caminar por los rincones de la Entidad para recolectar nuevamente las firmas y credenciales de elector para volverla a presentar como una iniciativa popular, les estamos proporcionando un insumo que vale oro en el terreno de la prevención con calidad y calidez y el respeto a los derechos humanos, por eso hoy les invitamos a trabajar en manera conjunta con la sociedad civil organizada y de base comunitaria, académica y de investigación, porque mientras no logremos convertir dicha iniciativa en Ley la moneda de la justicia social, los derechos humanos y la salud de las y los veracruzanos seguirá en el aire”, dijo
Durante la trasmisión en vivo por redes sociales, Patricia Ponce Jiménez, coordinadora de la Red, dijo que quienes integran ese organismo hacen un llamado especial al gobierno de Veracruz para que les abra las puertas del recinto legislativo y puedan trabajar de forma coordinada en una respuesta al VIH en la Entidad en el marco del respeto de los derechos humanos.
Propusieron realizar en Veracruz acciones concretas porque recordó “en el año 2015 hubo una reforma al artículo 159 del Código Penal del Estado que conlleva la criminalización, por lo que solicitaron su inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación quien falló a nuestro favor, pero hasta el momento el Congreso veracruzano no ha acatado esa acción, por lo que hoy solicitamos la derogación de dicho artículo”.
