Desde el Congreso de Veracruz se iniciará el proceso de ejecución de las acciones legislativas y administrativas para lograr la extinción de la concesión del “Grupo Metropolitano de Agua y Saneamiento S.A.P.I. de C.V.” (Grupo MAS), misma que actualmente presta el servicio público de agua potable, drenaje, alcantarillado, saneamiento y tratamiento de aguas residuales en los municipios de Veracruz y Medellín de Bravo.
¿Por qué buscan quitar la concesión al Grupo MAS?
Según el reporte que fue presentado este día por el diputado presidente de la Comisión de Agua Potable y Saneamiento, Fernando Arteaga Aponte, la empresa se encuentra operando con varias irregularidades, entre ellas, provocando daño a la salud de los usuarios.
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El informe fue generado tras el análisis que llevaron a cabo la Secretaría de Salud, a través de la Dirección de Protección contra Riesgos Sanitarios, y el Órgano de Fiscalización Superior (Orfis).
Esto a petición del legislador con un punto de acuerdo presentado el pasado 14 de junio de 2022 ante el pleno del Congreso local en el que también se le solicitaba realizar la supervisión y análisis a la Procuraduría de Protección al Medio Ambiente, a cargo de Sergio Rodríguez Cortés, mismo que no ha sido entregado al Legislativo.
La empresa obtuvo el título de concesión en el año 2016 para entrar en operaciones en el año 2017, por un plazo de 30 años.
¿Cuáles fueron los señalamientos de la Secretaría de Salud?
La Secretaría de Salud determinó que la infraestructura hidráulica está desuso, con maleza y abandono, lo que demuestra la nula realización de mantenimiento correctivo y mucho menos preventivo.
Asimismo, la empresa no cuenta con certificados vigentes de calidad de agua para consumo humano, concesiones de Conagua sin regularizar y no presentaron ni un solo manual general de operación, es decir, no existe un control del proceso de potabilización, distribución y uso del agua.
La dependencia constató la presencia de diversos contaminantes en el agua que suministran a los hogares, entre ellas, coliformes fecales y coliformes totales, además, se identificó la presencia de sustancias como cromo y aluminio en las aguas que son tratadas y, posteriormente, desechadas al mar.
“En conclusión y en términos llanos, el líquido que esta empresa suministra sí representa un riesgo sanitario físico, químico y biológico para la población de Veracruz y Medellín”, expuso el legislador.
En el área financiera
El Orfis, a cargo de la auditora general Delia González Cobos, realizó una auditoría compuesta por cuatro alcances establecidos: aspecto financiero, técnico, de legalidad y de desempeño.
Además, se llevaron a cabo las auditorias de legalidad exhortadas hacia los entes concedentes, es decir, los ayuntamientos de Veracruz y Medellín de Bravo, que comprenden los ejercicios del año 2017 al 2021.
En dicho informe de fiscalización, el Orfis detectó un total de 42 observaciones, de las cuales se emitieron 7 recomendaciones de carácter preventivo y correctivo.
La auditoría revela más de 20 deficiencias en la operación, mantenimiento y cumplimiento de regulaciones por parte de Grupo MAS. Las irregularidades identificadas van desde instalaciones completamente desmanteladas y sin operar, con colapsos en la estructura y equipos abandonados, hasta la falta de documentación que respalde el volumen de extracción de agua ni el cumplimiento de las autorizaciones correspondientes.
El organismo fiscalizador constató que la empresa reporta una pérdida acumulada del 80.971 por ciento de su capital social, lo que representaría una quiebra técnica, incumpliendo con la legislación correspondiente.
Durante la revisión se detectaron inconsistencias en el cumplimiento de la condición relacionada con el cobro y la recaudación tarifaria. No se exhibieron todos los comprobantes requeridos, no se presentó un manual de procedimientos o control administrativo, y la cartera de clientes carece de información esencial, como el número y nombre de los inmuebles, ubicación y cuantificación por inmueble adeudado.
Asimismo, hubo un incremento de tarifas sin justificación clara: se encontró que las tarifas publicadas en la página oficial de la empresa presentan un incremento superior al acordado en la propuesta económica ganadora y no se pudo determinar el cálculo utilizado para el ajuste relacionado con la indexación de la inflación.
También existe ausencia de manuales y documentos de control: la empresa no cumplió con la presentación de manuales de organización, procedimientos y contabilidad que aseguren un desarrollo adecuado de los procesos y recursos destinados a la prestación de los servicios concesionados.
Asimismo, no se presentaron instrumentos de control que evidencien acciones implementadas para garantizar el nivel óptimo de servicio y el mantenimiento adecuado de los bienes arrendados.
En la auditoría se identificó incumplimiento en los pagos de arrendamiento y falta de documentación firmada por las personas responsables del mantenimiento.
Pese a que la empresa estableció un Fideicomiso de recaudación tarifaria, no se encontró evidencia de los trabajos realizados por el secretario del Comité Técnico del Fideicomiso, como lo estipula el contrato correspondiente.
De la misma forma, existe un incumplimiento en la presentación de cifras en los informes financieros, ya que los estados de situación financiera presentados en los informes de auditoría de los años 2017 y 2018 no concuerdan en las cantidades de las cuentas contables, a pesar de tener la misma fecha de corte.
