Las hijas del exsecretario de Gobierno, Rogelio “N”, quien se encuentra en arraigo domiciliario por el presunto delito de retención de menores, pidieron investigar la actuación del juez de cuarto de primera instancia en materia familiar del Distrito de Tuxpan, Edgar Gutiérrez Gómez, quien, dijeron, benefició a su madre a pesar de las pruebas en su contra.
En conferencia de prensa, Luisa y Viviana indicaron que el juez ordenó entregar la custodia de su hermana de 10 años a su madre Guillermina “N”, a quien señalaron de violentar a la niña al grado de “hacerle un exorcismo”.
Señalaron que el juez incumple resolución federal y contraviene su misma resolución, en la que negó la convivencia a su madre con la menor desde 2021, derivado de los actos de violencia que ella ejercía.
¿Por cuántos delitos ha sido vinculado el exsecretario, Rogelio “N”?
Recordaron que Rogelio “N” ha sido vinculado en repetidas ocasiones por nueve delitos, pero también ellas como sus hijas han sido perseguidas y les han abierto carpetas de investigación.
Destacaron que la niña se encuentra al cuidado de la abuela paterna, quien obtuvo el Depósito Judicial en marzo de 2021, hecho por el que fueron denunciadas por su madre.
“Hemos recurrido a la Fiscalía General del Estado de Veracruz, así como con jueces en materia civil, quienes, hasta el día de hoy, han hecho caso omiso a nuestras denuncias, pero lo más grave de esta encarnizada persecución lo estamos viviendo en este momento, pues el juez de lo familiar, de nombre Edgar Gutiérrez Gómez, ahora intenta entregar a nuestra hermana menor a nuestra madre, a sabiendas de que ésta la ha violentado y que incluso, constan dictámenes periciales y entrevistas por un juzgado civil y también en la Fiscalía donde se da cuenta de ello”, expusieron.
Posteriormente, en diciembre de 2021, dicho Juez emitió una resolución en la que negaba la convivencia de la madre con la hermana menor, debido a los señalamientos que la niña realizó respecto a que su madre es la persona que la ha violentado física y emocionalmente.
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“A inicios de julio de 2023, nuestra madre presentó un escrito en ese mismo expediente solicitando la convivencia y obtuvo respuesta por parte del Juez de referencia en tan solo cuatro horas con diez minutos, en la que determinaba las convivencias sin mayor estudio del asunto ni consideración de los peritajes psicológicos, ignorando, además, la resolución que dictó él mismo en diciembre del 2021”, dijeron.
El pasado 04 de agosto, un Juez federal ordenó suspender de forma definitiva esas convivencias entre nuestra menor y su madre, en atención a la violencia que se acreditó.
Sin embargo, el pasado viernes se publicó una resolución en el mismo expediente, en la que el Juez, Edgar Gutiérrez Gómez ordena entregar a la menor a su madre.
“Se deduce que si un juez federal está ordenando la suspensión de las convivencias en atención a la violencia que nuestra hermanita ha sufrido, mucho menos se debería permitir que ella sea entregada a manos de su violentadora; pero el juez de referencia parece no darle importancia y emite una determinación contraria, ordenando de manera arbitraria que nuestra hermana sea entregada a nuestra progenitora, sin considerar que existe un juicio en curso en el que ya se determinó, desde el inicio, que la guarda y custodia provisional recaía a favor de nuestra abuela hasta la sentencia del mismo y nuestra madre no impugnó en tiempo dicha determinación”, apuntaron.
Relataron que a mediados del año 2020 la hermana, con siete años de edad, llegó a vivir con ellas porque “había sido golpeada y sometida contra su voluntad a un exorcismo, por cuenta de nuestra madre, situación que nuestra hermana manifestó de viva voz al juez familiar”.
“A pesar de todo lo mencionado, en julio y agosto de este año, el titular del citado Juzgado Cuarto de Primera Instancia, de forma pronta y expedita, ha emitido grandes acuerdos en los que no considera ni valora la totalidad de constancias y elementos que obran en los expedientes 2045/2021 y 149/2022, relativos al depósito judicial y al juicio de Guarda y Custodia respectivamente; acuerdos que, de manera probada, son violatorios de los derechos de nuestra hermanita”, dijeron.
Manifestaron que durante el desarrollo del proceso civil los exhortos girados para notificar a su madre de las demandas de guarda y custodia, así como de pensión alimenticia instauradas en su contra, no han tenido la misma rapidez que la brindada para resolver las peticiones presentadas por ella.
Además, acusaron que a más de un año no se ha notificado a la madre sobre la entrega de pensión alimenticia provisional de su hija menor.
“Hace unos días, previo a la liberación de mi padre, un Juez le prohibió convivir con mi hermanita, resulta irónico en prisión podía visitarlo, ahora no y sorpresivamente, quieren obligarla a estar con mi madre, cuando ella la violentó y expuso su integridad en repetidas ocasiones”, reprocharon.
Al respecto, pidieron que se detengan las acciones en contra de su familia, “¡Basta de tanta saña en contra de nuestra familia!, ¡basta de proteger a personas y pagar facturas a costa de la vida e integridad de nuestra hermana!, ¡basta ya de decir que apoyan a las mujeres, cuando aquí estamos dos mujeres y una menor de 10 años a las que su propia madre continúa violentando jurando ser la víctima, cuando ha quedado por demás demostrado, tanto en la opinión pública como en los procedimientos legales correspondientes, que es al contrario!”.
“Exigimos al Poder Judicial del Estado de Veracruz que no conviertan a nuestra hermana en una moneda de cambio, como pago a nuestra progenitora por los servicios que ha prestado para hacerle daño a mi padre. Ella presume que tiene el apoyo total de la administración estatal y en este caso no queríamos creerlo, hasta que conocimos esta aberración jurídica que estamos viviendo y nos está haciendo tanto daño”, dijeron.
Enviaron un mensaje al gobernador Cuitláhuac García Jiménez, a quien le pidieron que intervenga “para que no se cometa la mayor injusticia en contra de nuestra familia. Han sido mucho los abusos que han cometido en contra de nuestro padre”.
“Solicitamos que nuestra hermana sea escuchada en todos los procesos que la involucran, tal y como lo establecen los Tratados Internacionales y los ordenamientos locales en materia de Derechos Humanos e Interés Superior del Menor, solicitamos que nuestros asuntos sean tratados con perspectiva de género y de infancia, nuestra hermana corre peligro, como en su momento lo tuvimos nosotras y por eso decidimos alejarnos de nuestra madre y de su casa. Con esta resolución no solo dañan a nuestro padre, dañan a toda la familia, pero en particular a mi hermana menor, no queremos que vuelva a vivir las noches de angustia, no queremos que vuelva a vivir la violencia física, verbal y psicológica, y no queremos que le sea robada la paz que cualquier niño merece”, agregaron.
