A pesar de la inversión federal destinada para la conservación de Áreas Naturales Protegidas y regiones prioritarias, la destrucción de la Reserva de la Biosfera de Los Tuxtlas no se ha podido frenar debido, entre diversos factores, al cambio de uso de suelo, crecimiento poblacional y el avance de la ganadería extensiva, al que se suma el nulo interés de las autoridades locales por invertir en gestión forestal sostenible.
Considerada como uno de los casos emblemáticos de deforestación en el país, la Reserva de la Biosfera de Los Tuxtlas —que comprende los municipios de Ángel R. Cabada, Catemaco, Mecayapan, Pajapan, San Andrés Tuxtla, SantiagoTuxtla, Soteapan y Tatahuicapan de Juárez— registra una destrucción de 90 por ciento de su superficie, esto de acuerdo al informe “La Deforestación en México”, realizado por el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública (Cesop) de la Cámara de Diputados.
A 20 años de haber sido incorporada al Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas en México, la Reserva de la Biosfera de Los Tuxtlas—creada mediante decreto presidencial el 23 de noviembre de 1998— continúa sometida a la presión de una población con altos niveles de marginación.
Dentro del Programa de Manejo, publicado el 27 de noviembre de 2009 en el Diario Oficial de la Federación, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP) advertía que esta área natural, “como una región densamente habitada, requiere de los recursos que la zona ofrece, lo cual también muestra el tamaño del reto que implica demostrar la vialidad de vincular los objetivos de protección y conservación de los recursos, con los del desarrollo de una población muy marginada, que requiere satisfacer amplias necesidades”.
De esta manera, desde 2009 a la fecha, el gobierno federal —a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat)— ha sido la instancia principal de inversión en proyectos de conservación del ecosistema de la Reserva de la Biosfera de Los Tuxtlas, en la que participan personas morales, grupos organizados, ejidos y comunidades.
Cabe señalar que en los últimos cinco años, los escasos recursos municipales destinados al rubro ecológico son usados, en su mayoría, para el pago de manejo de residuos sólidos, pues los nueve gobiernos municipales que integran la región de Los Tuxtlas han dejado la gestión forestal en manos de la Federación.
INVERSIÓN MUNICIPAL
De acuerdo con el Sistema de Consulta de Obras y Acciones Municipales de Veracruz (Comver) del Órgano de Fiscalización Superior (Orfis), desde 2015 y en lo que va de 2019, los municipios que integran la Reserva de la Biosfera de Los Tuxtlas han destinado pocos recursos al Programa de Protección y Preservación Ecológica.
El ayuntamiento de Tatahuicapan de Juárez no registró obras y acciones destinadas a la preservación ecológica en los ejercicios fiscales 2015, 2016, 2017, 2018, y en lo que va de 2019 no registra ninguna obra.
En el ejercicio 2018, el municipio gobernado actualmente por el experredista y ahora morenista Esteban Bautista Hernández había registrado una obra con un costo de 250 mil pesos por concepto de “Servicios de mejoramiento en accesos y áreas de confinamiento del basurero municipal para la localidad Tatahuicapan”; sin embargo, fue cancelada.
El desarrollo de caminos rurales y el mejoramiento de caminos sacacosechas son algunos de los rubros prioritarios para el Ayuntamiento de Tatahuicapan de Juárez, así como las principales demandas de parte de los grupos ejidales.
Desde 2015 a 2018, en el municipio de Pajapan –a cargo del alcalde José Luis González Hernández– tampoco se registraron obras y acciones de conservación ecológica; asimismo, se desconoce el Programa General de Obras correspondiente al ejercicio 2019, ya que el municipio aún no ha ingresado datos al Sistema de Información Municipal (SIMVER).
En los últimos cinco años el Ayuntamiento de Mecayapan, actualmente administrado por Bulfre Alfonso Bautista, registró una obra en el rubro de preservación ecológica, a la que asignó un millón 650 mil pesos para la “adquisición de vehículos equipados, recolector compacto de basura”, provenientes del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (Fortamundf).
El municipio de Soteapan, gobernado por Deysi Sagrero Juárez, sólo ha destinado un millón 590 mil pesos de su presupuesto total para “la adquisición de un camión compactado para la basura”, esto en un periodo de cuatro años. Durante 2016 y 2017 invirtió una suma de 46 millones 760 mil 620. 24 pesos en el rubro de caminos rurales.
Con excepción de los ejercicios fiscales 2015 y 2016, el gobierno de Catemaco desde 2017 a la fecha ha invertido en el programa de Protección y Preservación Ecológica, con la renta de camiones de basura compactadores para los trabajos de limpia pública y maquinaria para manejo de residuos sólidos, así como el pago de arrendamiento de terreno para el relleno sanitario, un monto de 11 millones 169 mil 907.63 pesos. La actual administración municipal se encuentra a cargo del alcalde Julio César Ortega Serrano.
La inversión en obras ecológicas ha sido una constante para el gobierno de San Andrés Tuxtla, que ahora preside Octavio Pérez Garay, que registra –desde 2015 a 2019– acciones que van desde la siembra de maíz Pionner, producción de planta en viveros, adquisición de insumos agrícolas, hasta recursos destinados para el manejo de residuos sólidos, con un gasto total de 20 millones 240 mil 423.25 pesos.
En el gobierno de Santiago Tuxtla –que ahora preside Argeniz Vázquez Copete– se invirtió un total de 6 millones 13 mil pesos (durante el periodo 2015-2017) para el manejo de residuos sólidos, renta de camiones y maquinaria, como parte del programa de Protección y Preservación Ecológica. Para el ejercicio fiscal actual, la administración municipal aún no reporta su programa de inversión.
El municipio de Ángel R. Cabada —gobernado por Arturo Herviz Reyes– registró obras de corte ecológico, entre los que destaca la rehabilitación del basurero municipal, así como la reforestación y rescate de la Rivera del Río Tecolapan, con una inversión de 320 mil 816 pesos, provenientes del Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos Marítimos (FEFMPHM), esto durante los ejercicios fiscales 2015, 2016 y 2018.
En Hueyapan de Ocampo –municipio integrado a la región prioritaria de Los Tuxtlas– la inversión en Protección y Preservación Ecológica ha sido constante dentro del programa anual de obras, con un registro desde 2015 a 2018 para el pago de manejo de residuos sólidos, con importes que oscilan entre los 762 mil 036 pesos hasta los 880 mil 210 pesos al año. Actualmente, su presidente municipal es Jorge Alberto Quinto Zamorano.
EL CASO PROCODES
De acuerdo con los informes del Programa de Conservación para el Desarrollo Sostenible (Procodes), de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), la Reserva de la Biosfera de Los Tuxtlas es la que ha recibido mayor inversión de las cinco áreas naturales protegidas de la entidad veracruzana, a cargo de la CONANP.
En 2009 se destinaron 3 millones 156 mil pesos para la Reserva de la Biosfera de Los Tuxtlas, de los cuales 2 millones 423 mil 808 pesos fueron para el apoyo de proyectos comunitarios provenientes de Mecayapan, Soteapan, Tatahuicapan de Juárez y Catemaco; 270 mil pesos se autorizaron para la realización de estudios técnicos en municipios de Tatahuicapan de Juárez, San Andrés Tuxtla y Catemaco; 335 mil 952 pesos fueron autorizados para la capacitación comunitaria con impacto en los municipios de Soteapan, Tatahuicapan de Juárez, Pajapan, San Andrés Tuxtla, y Catemaco, con gastos de operación de 126 mil 240 pesos.
En 2010 se autorizaron 2 millones 678 mil 240 pesos para la Reserva de la Biosfera Los Tuxtlas, por encima de los montos destinados al Sistema Arrecifal Veracruzano (un millón 244 mil 250 pesos), Pico de Orizaba y Cofre de Perote (869 mil pesos cada uno), Región Prioritaria para la Conservación del Uxpanapa (500 mil pesos), Sistema Lagunar Alvarado (334 mil 010 pesos), Cañón del Río Blanco (200 mil pesos) y la Sierra del Totonacapan (130 mil pesos).
En 2011, Los Tuxtlas contó con una bolsa de 2 millones 844 mil pesos para la realización de estudios técnicos, proyectos comunitarios y cursos de capacitación en los que participaron personas morales y grupos organizados de los municipios de Mecayapan, Catemaco, Soteapan, Ángel R. Cabada, Pajapan, San Andrés Tuxtla y Tatahuicapan de Juárez, con una inversión mayoritaria para el rubro de proyectos comunitarios que ascendió a 2 millones 354 mil pesos.
En 2012 a través del Procodes se invirtieron 3 millones 124 mil 215 pesos, de los cuales 2 millones 205 mil 21 pesos fueron destinados para proyectos comunitarios.
De la información pública correspondiente al ejercicio 2013, el Procodes presenta el padrón de beneficiarios, entre los cuales destaca el municipio de Tatahuicapan de Juárez con un total de 126 beneficiarios, con apoyos económicos desde 50 mil pesos hasta 159 mil 610 pesos; y en 2014, este municipio contó con 81 beneficiarios provenientes de las localidades de Zapotitlán, Zapoapan, Peña Hermosa y Santanón Rodríguez, con apoyos económicos desde los 40 mil a 152 mil pesos.
En 2015, el gobierno federal invirtió 2 millones 879 mil 866 pesos en la reserva y los municipios que la integran; en 2016, se autorizaron 3 millones 150 mil pesos; en 2017, la inversión bajó a 2 millones de pesos; y en 2018, se recuperó con 2 millones 350 mil 43 pesos autorizados, más 547 mil 158 pesos destinados para incendios forestales ocurridos en los municipios de Tatahuicapan de Juárez y Soteapan.
LOS RETOS
Dentro de la Evaluación de Estrategia de Cobertura y Focalización del Procodes 2010, se habían señalado como amenazas al programa “los intereses de capitales privados locales, nacionales e internacionales por impulsar actividades económicas que inciden sobre los ecosistemas motivo de la conservación; la visión desarrollista de las autoridades estatales al privilegiar las formas convencionales a costa del deterioro de los recursos naturales, así como la descoordinación en la puesta en marcha de proyectos o iniciativas estatales sin considerar las políticas impulsadas en las regiones prioritarias”.
En cambio, para el Cesop, el gran reto para los programas federales destinados a la conservación forestal es que los gobiernos, el sector privado, las comunidades, la sociedad civil y las organizaciones adopten políticas e inviertan en gestión forestal sostenible, pues mientras la población siga creciendo, la demanda de alimento y tierras va en aumento.
En 2017 se contabilizó 9.3 millones de terrenos rurales que ocupaban un área de 190.3 millones de hectáreas y representan el 96.9 por ciento de la superficie total del país, de esto el 45.3 por ciento se concentra en la entidad veracruzana, continúan el Estado de México, Chiapas, Puebla, Hidalgo y Michoacán. De los 9.3 millones de terrenos, 7.1 millones corresponden a la propiedad social, es decir, a ejidos y comunidades agrarias.
Finalmente, entre las propuestas para atender el problema de deforestación, se destaca la de la organización Greenpeace, la cual considera necesario “adoptar políticas de cero deforestación y un enfoque común que salvaguarde la biodiversidad y los derechos de los pueblos indígenas y de las comunidades locales para todas las actividades relacionadas con los bosques”.
