/ martes 17 de diciembre de 2019

Piden garantizar eliminación de violencia política contra mujeres

Trujillo Ortiz presentó el decreto por el que se adicionan el artículo 13 a la Ley de Acceso de las Mujeres a una vida Libre de Violencia

XALAPA, Ver.- La diputada local, Ivonne Trujillo Ortiz, planteó al pleno del Congreso local una iniciativa en la que se pide garantizar una vida libre de violencia política a las mujeres en todos los niveles de gobierno, los tres poderes y los organismos autónomos.

Para ello, presentó el decreto por el que se adicionan el artículo 13 a la Ley de Acceso de las Mujeres a una vida Libre de Violencia.

En este se establece que en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, los órdenes del gobierno estatal y municipal, así como en los organismos autónomos todos los servidores públicos tendrán la obligación de asegurar, en el ejercicio de sus funciones, el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia política.

Ante ello, se plantea que los funcionarios deberán abstenerse de imponer por estereotipos de género, la realización de actividades, tareas ajenas a las funciones y atribuciones propias del cargo público que las mujeres ostenten o en cualquier ámbito de ejercicio de los derechos político-electorales o de asociación de las mujeres.

Se evitará asignar responsabilidades que tengan como resultado la limitación del ejercicio de la función político-pública de las mujeres, así como restringirles el uso de la palabra en las sesiones u otras reuniones y su participación en comisiones, comités y otras instancias inherentes a su cargo.

No se podrá imponer a las mujeres sanciones injustificadas, impidiendo o restringiendo el ejercicio de sus derechos políticos.

Además, tendrán que eliminar la acción de divulgar o revelar información personal y privada, de las mujeres electas, designadas o en el ejercicio de sus funciones político-públicas, con el objetivo de menoscabar su dignidad como seres humanos y utilizar la misma para obtener contra su voluntad la renuncia o licencia al cargo que ejercen o postulan.

De la misma forma, se contempla la erradicación de presiones o inducciones a las autoridades electas o designadas a presentar renuncia al cargo.

XALAPA, Ver.- La diputada local, Ivonne Trujillo Ortiz, planteó al pleno del Congreso local una iniciativa en la que se pide garantizar una vida libre de violencia política a las mujeres en todos los niveles de gobierno, los tres poderes y los organismos autónomos.

Para ello, presentó el decreto por el que se adicionan el artículo 13 a la Ley de Acceso de las Mujeres a una vida Libre de Violencia.

En este se establece que en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, los órdenes del gobierno estatal y municipal, así como en los organismos autónomos todos los servidores públicos tendrán la obligación de asegurar, en el ejercicio de sus funciones, el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia política.

Ante ello, se plantea que los funcionarios deberán abstenerse de imponer por estereotipos de género, la realización de actividades, tareas ajenas a las funciones y atribuciones propias del cargo público que las mujeres ostenten o en cualquier ámbito de ejercicio de los derechos político-electorales o de asociación de las mujeres.

Se evitará asignar responsabilidades que tengan como resultado la limitación del ejercicio de la función político-pública de las mujeres, así como restringirles el uso de la palabra en las sesiones u otras reuniones y su participación en comisiones, comités y otras instancias inherentes a su cargo.

No se podrá imponer a las mujeres sanciones injustificadas, impidiendo o restringiendo el ejercicio de sus derechos políticos.

Además, tendrán que eliminar la acción de divulgar o revelar información personal y privada, de las mujeres electas, designadas o en el ejercicio de sus funciones político-públicas, con el objetivo de menoscabar su dignidad como seres humanos y utilizar la misma para obtener contra su voluntad la renuncia o licencia al cargo que ejercen o postulan.

De la misma forma, se contempla la erradicación de presiones o inducciones a las autoridades electas o designadas a presentar renuncia al cargo.

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