Tras la queja de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) Xalapa por el “acoso, amenazas de clausura y multas millonarias” por parte de la Procuraduría Estatal de Protección al Medio Ambiente (PMA), el procurador, Sergio Rodríguez Cortés afirmó que hay desconocimiento de la ley de su parte, además de que no les gusta cumplir y por eso les genera molestia.
El funcionario estatal remarcó en entrevista que no hay ninguna situación irregular ni fuera de orden, pues se trata de procedimientos administrativos establecidos en la ley.
“Los procedimientos son administrativos, basados en la ley 62, es un procedimiento que no es a capricho del procurador, es un procedimiento legal donde yo tengo la facultad de expedir una orden de inspección, es un documento que tiene que ir bien fundamentado legalmente”.
Sin embargo, dijo que, al llegar con los empresarios, al tener un desconocimiento de la ley, hace que ellos crean que se trata de algo fuera de orden.
“Ellos no saben que este procedimiento es administrativo, se les notifica, llegamos, se hace la inspección y no se les tiene que avisar precisamente porque en materia ambiental, si tú le dices a un empresario ‘oye voy a llegar’, pues corrige los errores, si tiene descargas, corrige las descargas, si tiene desechos peligrosos, los guarda, entonces tiene que caer de sorpresa para que los agarremos en flagrancia”.
Por ello, explicó que siempre esa orden causa escozor porque no se les avisa; sin embargo, dijo que ellos cuentan con cinco días para contestar conforme a derecho el procedimiento administrativo.
“Cuando les hacemos observaciones se incomodan, se molestan, se enojan, pero nosotros tenemos una mesa de diálogo, y siempre les decimos ‘a ver vengan para acá, esto es lo que tienen que hacer, esto tienen que cumplir’ y específicamente con Coparmex Xalapa, porque no son todos. Hubo dos temas que tratamos desde hace como seis meses y ellos querían ocupar el cargo del procurador, poner sanciones y decir qué se tiene que hacer y esa es la molestia, que no hacemos lo que ellos desean y la ley no es así”.
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Sostuvo que, si al sector empresarial le parecen altas las sanciones, éstas no las pone el procurador, sino que están en la ley y la mínima es de mil UMAS, “si yo pongo una sanción menor a eso estoy incurriendo en una falta (…) ellos no le dan dinero a nadie, ellos depositan al Gobierno del Estado no a la Procuraduría a la OVH (Oficina Virtual de Hacienda) y ellos nos lo regresan”.
Recordó que lo que la PMA regula es la contaminación al agua, al suelo y aire, pero los empresarios estaban acostumbrados a que no se aplicaba la ley ambiental “esto no puede seguir así, tenemos que corregirles, se les ayuda sí, pero tienen que cumplir”.
