Veracruz, ver.- El Instituto Nacional Electoral (INE) tiene hasta el 1 de agosto para implementar los requerimientos que se establecieron en la última reforma electoral, tras la publicación del “Plan B” del presidente, Andrés Manuel López Obrador en el Diario Oficial de la Federación, indica Nelson Asaid Hernández Rojas, vocal ejecutivo de la Junta Distrital 12 con sede en Veracruz.
El funcionario señala que por el momento el organismo a su cargo trabaja y al menos en los siguientes meses, seguirá trabajando con normalidad, hasta que se brinden indicaciones del Consejo General del INE, que abiertamente se ha pronunciado en contra de la reforma promovida por el presidente.
Entre lo más relevante, indica que se crearán 264 órganos auxiliares del INE para sustituir a las oficinas de los Consejos Distritales, lo que implicará la compactación del número de personal que labora actualmente en las instalaciones distribuidas alrededor del país.
De acuerdo con la reforma, el funcionario del INE detalla que en zonas conurbadas y áreas metropolitanas como es Veracruz-Boca del Río se deberá tener solo una oficina del instituto, pero será el órgano central el que determine cual de las dos será cerrada o si existen posibilidades de mantener ambas.
“En el caso de la zona conurbada, la Ley dice que en la zona conurbada o metropolitanas solamente habrá una oficina, actualmente hay dos porque hay dos distritos, pero al leer la Ley nos dice que solo deberá una, sin embargo, será el Consejo del INE el que determine, en base a sus normas si desaparece alguna".
¿Habrá algún recorte de personal?
Por el momento, indica que no existen instrucciones sobre recorte de personal o ajuste en la nómina, pero podría ser inminente el recorte.
Actualmente, en la Junta Distrital 12 del INE en Veracruz trabaja 52 personas de las cuales unas 16 estarían en riesgo de perder su empleo; seis de la rama del servicio profesional, que ya no se requieren con las adecuaciones y algunos del área administrativa que podrían dejarse de requerir por la compactación en el gasto.
“Están en riesgo porque dependerá de la compactación de la restructuración que hará el Consejo General, de lo que determinen nuestras autoridades centrales, con la opinión técnica del órgano de control, entonces ellos podrán saber si conservan su trabajo o serán removidos”.
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Aunque el funcionario detalla que al tomarse la decisión se hará con base a un estudio minucioso del Consejo General, también menciona que, llegado el momento, los trabajadores podrán apelar a sus derechos laborales o políticos electorales, tramitando amparos o promoviendo juicios electorales ante la Sala Regional del Tribunal Electoral.
