La titular del Organismo de Fiscalización Superior (Orfis), Delia González Cobos, confirmó que el extitular de la Secretaría de Seguridad Pública, Jaime "N", fue vinculado a proceso por la fallas del Sistema Estatal de Videovigilancia implementado en el bienio de Miguel Ángel Yunes Linares.
En conferencia de prensa manifestó que la vinculación a proceso fue ordenada por la Auditoría Superior de la Federación y resuelta por un juez. Manifestó que las denuncias que fueron presentadas por las deficiencias detectadas en el Sistema Estatal de Videovigilancia del Gobierno de Miguel Angel Yunes Linares (2016-2018), siguen vigentes.
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La titular del Órgano de Fiscalización Superior (Orfis) refirió que han estado al pendiente de todas las denuncias que fueron presentadas por el desvió de documentos públicos, así como por la falsificación de documentos.
González Cobos confirmó que a ella le interesa que se pueda conocer el trabajo de fiscalización que se hace desde el Orfis y que las denuncias que se presentan puedan prosperar y se sancione a los responsables de los delitos.
¿Quién hizo la vinculación contra Jaime N?
“En el caso del Sistema Estatal de Videovigilancia la información que tenemos es que la Fiscalía General de la República vinculó a proceso al extitular de la Secretaría de Seguridad Pública, eso es lo que sabemos, si hubo una persona que está sujeta a proceso por esa razón”, expuso.
Dijo desconocer si las denuncias que se presentaron el ex secretario de Seguridad Pública (SSP), Hugo Gutiérrez Maldonado, y el secretario de Gobierno, Éric Cisneros Burgos, fueron retiradas o permanecen activas.
Sin embargo, expuso, que tiene conocimiento de que por la vía civil se estaba buscando resarcir penas convencionales que tenía pendiente la empresa Comtelsat, la cual recibió el contrato para la instalación de las cámaras.
“Hemos intentado presentar denuncias acá, pero la Fiscalía nos ha dicho que si se trata de recurso federal no es de su competencia, porque significaría que ellos reciben y luego tendrían que enviar a la Fiscalía General”, expresó.
Manifestó que muchas de las denuncias que ha presentado el Orfis es más que por el mal ejercicio de los recursos públicos, es por la falsificación de documentos apócrifos que se detectaron a su llegada al Orfis.
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En noviembre de 2022, la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF) presentó una denuncia penal por el sistema de videovigilancia, estaban requiriendo la devolución de más de 300 millones que se invirtieron de fondos federales en la implementación del sistema.
¿Qué contrato revisó la Auditoría Superior de la Federación?
La ASF revisó el contrato número SSP-UA-111/17 para la adquisición, suministro, electrificación e instalación y puesta en operación de los sistemas de circuito cerrado de televisión CCTV en el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
En el contrato y sus convenios modificatorios se estableció un periodo de ejecución de 252 días con fecha de conclusión al 16 de agosto de 2018, sin que en a la fecha de la auditoría se concluyera la entrega y puesta en operación de la totalidad de los bienes adquiridos.
Incluso, estaba pendiente finiquitar el contrato, y para ese momento era necesario que el gobierno del Estado aplicara las penas por el incumplimiento del mismo, por lo que tras la revisión de la ASF se inició el proceso de rescisión de contrato.
Por su parte, la Contraloría General del Estado de Veracruz inició el procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, se integró el expediente número OICSSP/DTyA/095/2019.
El Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave pagó mil 44 millones 523 mil pesos de diversas fuentes de financiamiento por el sistema; de ese total, 349 millones 775 mil pesos provenían de la federación
