Luego de cinco años de la aplicación del Sistema Estatal de Videovigilancia del gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) por la falta de funcionamiento del mismo.
Este sistema tiene casi cinco años sin funcionar, pese a que fue anunciado como un avance en materia de seguridad por el exgobernador de la alianza PAN-PRD.
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¿Cuántas anomalías hallaron en Cuenta Pública 2018?
En la auditoría de cumplimiento de la Cuenta Pública 2018, el organismo fiscalizador federal detectó diferentes anomalías en la gestión de 350 millones de pesos destinados al Sistema Estatal de Videovigilancia.
Este Sistema debía comenzar a funcionar el 16 de agosto de 2018, pero en el análisis del mismo se identificó que los equipos adquiridos no operaban correctamente o no recibían señal, lo cual llevó a calificar el contrato como "no óptimo". "Se determinaron pagos improcedentes por 349,775.7 miles de pesos con recursos del programa Cámaras de Vigilancia en el Estado de Veracruz, ya que los bienes adquiridos no se identificaron ni se registraron en el inventario y carecieron del resguardo correspondiente; y tampoco se acreditó el correcto funcionamiento de los mismos, así como su entrega formal", determina el expediente.
De acuerdo con el informe de la ASF se determinó que el presunto daño patrimonial asciende a 349 millones 775 mil 736 pesos más los intereses generados desde el momento de su disposición hasta su reintegro en la cuenta de la Tesorería de la Federación (TESOFE).
La responsabilidad directa de esta situación recae en la Secretaría de Seguridad Pública, la cual estuvo a cargo de Jaime Téllez Marié durante el bienio de Miguel Ángel Yunes Linares.
El organismo fiscalizador encontró que la SSP realizó pagos sin identificar ni registrar los bienes adquiridos, sin efectuar su resguardo correspondiente y sin demostrar su correcto funcionamiento y entrega formal.
En marzo de 2020, el actual titular de la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan), José Luis Lima Franco, confirmó la colaboración con la ASF para abordar el daño patrimonial ocasionado por el Sistema Estatal de Videovigilancia.
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Además, destacó la importancia de poder “resarcir dicho daño” que se generó con la aplicación de este Sistema de Videovigilancia.
Esta denuncia se registró después de que el Órgano de Fiscalización Superior (Orfis) concluyera y archivara el expediente a principios de marzo de este año, el cual, de acuerdo con la ley, podía reabrirse.
El Orfis tomó la decisión de "concluir y archivar el expediente" con relación a los Procesos de Adquisición e Instalación de las 6 mil 476 Cámaras que Integran el Sistema Estatal de Videovigilancia en su Auditoría de Legalidad.
En su informe, el Orfis destacó que previamente se había presentado una denuncia ante la Fiscalía Nacional Anticorrupción de la FGR, con número de expediente FED/FECC/FECC-VER/0000114/2019, por un monto de mil 44 millones 523 mil 721.33 pesos. El órgano fiscalizador indicó que la denuncia surgió "de la revisión en atención al exhorto publicado en la Gaceta Oficial del Estado Número Extraordinario 518, de fecha 27 de diciembre de 2018".
En abril de 2019, el secretario de Gobierno, Éric Cisneros Burgos, y el entonces titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), Hugo Gutiérrez Maldonado, también presentaron una denuncia ante la FGR por las irregularidades del Sistema Estatal de Videovigilancia, incluyendo el contrato suscrito con la empresa COMTELSAT.
