Los periodistas desempeñan un papel fundamental en la sociedad al informar y analizar eventos, investigar casos de corrupción, denunciar abusos de poder y dar voz a aquellos que de otra manera podrían ser ignorados. Sin embargo, esta labor puede llevarlos a enfrentarse a diversos peligros, incluida la intimidación, la violencia física, el acoso judicial, e incluso la agresión mortal; especialmente en contextos de conflicto, violencia criminal y la represión de factores reales de poder.
En el caso específico de México, la situación es especialmente preocupante. La violencia criminal y la impunidad han creado un ambiente hostil para los periodistas, donde ejercer su profesión se ha vuelto peligroso. Organizaciones internacionales de derechos humanos y la propia OEA han expresado su preocupación por la falta de seguridad para los periodistas en el país.
Por ejemplo, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha emitido informes detallados sobre la situación en México, señalando casos de violencia, amenazas y asesinatos contra periodistas, así como la impunidad que rodea a estos crímenes.
La exigencia a los gobiernos de que establezcan mecanismos de protección para los periodistas es fundamental para garantizar su seguridad y para proteger la libertad de expresión, que es un pilar fundamental de la democracia.
La OEA, a través de sus diversos órganos y mecanismos, ha instado a los Estados miembros, incluido México, a cumplir con sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, garantizando la protección de los periodistas y creando un entorno propicio para el ejercicio libre y seguro del periodismo.
En este sentido, se han emitido recomendaciones específicas a México, instándolo a fortalecer las medidas de protección para periodistas, investigar de manera pronta, exhaustiva e imparcial los ataques contra ellos, llevar a los responsables ante la justicia y garantizar un ambiente seguro y propicio para el ejercicio del periodismo.
Estas recomendaciones se basan en los estándares internacionales de derechos humanos y en el compromiso de los Estados miembros de la OEA con la protección de la libertad de expresión y el derecho a la información.
Los ataques o la exposición de periodistas por parte de un Jefe de Estado, constituyen una clara violación de la libertad de prensa, que es esencial para el funcionamiento de una sociedad democrática, ya que permite la rendición de cuentas, la transparencia y el debate público informado.
La intimidación o la agresión hacia periodistas por parte de un líder político de primer orden, tiene la intención perversa de limitar la capacidad de los medios de comunicación para informar de manera independiente y crítica sobre el gobierno y sus acciones. El propósito es crear un ambiente de miedo y autocensura, donde los periodistas evitan informar sobre temas sensibles por temor a represalias.
Cuando un Jefe de Estado permite o promueve la agresión hacia periodistas, envía un mensaje peligroso de impunidad y falta de respeto por el estado de derecho. En lugar de proteger y garantizar los derechos fundamentales de sus ciudadanos, el líder político estaría perpetuando un clima de violencia e intolerancia que debilita la cohesión social y el respeto por las instituciones democráticas.
Por eso es tan grave la descalificación sistemática a comunicadores críticos al gobierno, por eso es inaceptable que se hayan filtrado los datos personales de periodistas. Es terrible cuando los que tienen la responsabilidad de proteger y respetar la libertad de prensa como parte integral de una sociedad democrática y justa, hacen lo contrario y presumen que por encima de la ley está “la autoridad moral”.
*Diputada federal. PRI
@lorenapignon_
