Solo el presidente López Obrador sabe la razón que lo llevó a expresar un desatino sobre la forma en que es administrado el puerto. ¿Así se quedará eso?, por el bien de Veracruz, esperemos que sí.
Ya sabemos cómo es el Presidente: como dice una cosa dice otra, lo que hoy es una verdad mañana puede ser mentira, todo a conveniencia y no pocas veces para provocar distracciones. Parte del problema es que habla mucho e improvisa.
Sin embargo, el punto es que ahora dijo algo que no tiene pies ni cabeza y que ha sido resumido así: quiere revocar una concesión que es del gobierno, nacionalizar algo que le pertenece a la nación, para decirlo de manera más dramática.
¿Solo error grave?, si es así y conociendo a AMLO, no lo reconocerá. Mientras tanto, ya puso a temblar nuevamente a inversionistas, si la intención presidencial lleva a querer cambiar la forma en que operan los puertos del país, no únicamente el de Veracruz.
Apiver, Administración Portuaria Integral de Veracruz, es una empresa paraestatal que, como su nombre lo indica, administra todo lo relativo a la operación portuaria y suministra infraestructura y servicios para que pueda operar el puerto.
Está sectorizada a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y depende directamente de la Coordinación General de Puertos y Marina Mercante, que hace algunos años fue dirigida por el exalcalde de Veracruz, Francisco Ávila Camberos.
Cada que hay cambio de gobierno federal mueven al director general de la Apiver. Si Juan Ignacio Fernández Carbajal permaneció en ese cargo alrededor de once años es porque es hermano de José Antonio Fernández, el CEO de Fomento Económico Mexicano, que no es otra que Femsa, la empresa regiomontana que controla los Oxxo y fabrica y distribuye la Coca Cola en México y en otras partes de América Latina.
Pero con el ascenso de la cuatroté se dio el cambio en Apiver, de acuerdo con las directrices marcadas por la SCT.
En fin, la iniciativa privada nada tiene que ver con la concesión de un siglo que se dio el propio gobierno. Los inversionistas portuarios, como Icave o Cice, no son concesionarios, son cesionarios, es decir, pagan una renta por los espacios que ocupan, en los cuales pueden invertir y de hecho han invertido fuertes cantidades de dinero.
Fuentes que conocen de la operación portuaria estiman que un 70% de lo que hay invertido dentro del puerto (no en la ampliación) corresponde a dinero de la IP. Por eso, sí forman parte del Consejo de Administración de la Apiver, pero nunca han sido concesionarios ni lo serán, al menos en un siglo, si las cosas siguen como están.
Apiver, al menos operativamente, funciona bien. No hay quejas de las navieras, ni de los agentes aduanales, ni de los que exportan o importan (por robos), ni de los cesionarios. Da dinero, una buena cantidad (por lo que recauda) al gobierno federal y aporta recursos al municipal.
¿Qué fue entonces lo que motivó al Presidente a expresar el desatino? ¿Lo embarcó Rosa Isela Rodríguez, la nueva coordinadora de Puertos y Marina Mercante, que habría medio leído lo de la concesión de un siglo y fue de inmediato con AMLO para exhibir esa situación, sin percatarse que en realidad no había nada de malo?
¿O simplemente la cuatroté quiere manejar directamente el dinero que ahí se genera, dinero que hasta ahora ha servido para tener al puerto en un buen nivel?
Si es error, se disculpa. Si es broma, se pasa. ¿Y si es en serio?
