Como daño colateral de la pandemia mundial de contagio y propagación del Covid-19, desde anteayer los 22 Centros de Rehabilitación Infantil Teletón (CRIT) del país, incluyendo al de Poza Rica, cerraron sus puertas.
Lo comunicó esa Fundación bajo el argumento de hacerlo “con el afán de salvaguardar la salud e integridad de toda la población que atendemos, que es muy vulnerable ante las infecciones respiratorias”. En automático 600 niños se quedaron sin atención médica ni terapias. Antes, ese Centro atendía a 900 menores, sólo que desde la época de los gobiernos de Javier Duarte y Miguel Ángel Yunes, dejaron de cumplir con el subsidio que otorgaban, ante lo cual esa institución reajustó su personal médico y de enfermería. Sobra decir que ese dinero público estaba bien invertido por tratarse de la salud de niños discapacitados en condiciones de pobreza o pobreza extrema, cuyas familias carecen de recursos para pagar atención especializada particular. Ellos, los gobiernos de Duarte y Yunes, quedaron a deber 130 millones de pesos, de los cuales el gobierno de Cuitláhuac García abonó 23.5 millones el año pasado, cosa que resolvió en parte sus necesidades, pero sólo palió la situación de escasez, y ésta también pudo incidir en la decisión tomada. Lo lamentable es el daño que se causa a todos los pacientes que se quedan sin atención y ahora tendrán que esperar semanas o meses para volver a recibirla. La misma situación de apuro financiero está presente en el Centro de Rehabilitación Infantil de Veracruz (Criver), que en febrero pasado lanzó una alerta que no alcanzó a dimensionarse en el mar de noticias del coronavirus que empezaba a inundar los espacios mediáticos y políticos. El director general de este Centro, Abel Gutiérrez Ruiz, dio a conocer que requieren con urgencia de casi 3 millones de pesos mensuales para operar con normalidad, por lo cual habían solicitado un subsidio mensual de un millón y medio de pesos al gobierno estatal para 2020, lo que significa un 15% superior al que recibieron el año pasado, indispensable para mantener los servicios a seis mil niños y jóvenes mensualmente de 125 municipios de la entidad, con problemas motrices, neurológicos, visuales, auditivos, conductuales y musculares; la otra parte la obtienen de ingresos por colectas, redondeos, eventos, donaciones particulares y empresas que hacen aportaciones desde 2004, cuando éste fue inaugurado. El número de servicios que otorga el Criver es una cifra muy respetable y contribuye a dar atención apenas a una parte de la población juvenil e infantil de la entidad que padece de algún tipo de discapacidad, calculada en unos 280 mil, pues la mayoría no tiene más opción para ser atendidos en otras instituciones de manera gratuita, o con pago de cuotas simbólicas. Este subsidio, entonces, resulta fundamental para este sector vulnerable, y debe esperarse que sea vista como una prioridad para el Gobierno del Estado mantener ese apoyo, incluso ampliarlo, lo que puede elevar la cantidad de los servicios prestados gratuitamente a menores de edad en situación de pobreza, que padecen parálisis cerebral, trastorno generalizado del desarrollo, problemas conductuales y músculo-esqueléticos o síndrome de Down, entre otros. Esperemos pronto la noticia de que el Criver seguirá en funcionamiento y no de que correrá la misma suerte del CRIT de Poza Rica.
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