En el complejo entramado de la política mexicana, el partido Morena ha emergido como una fuerza autoritaria, desplegando prácticas que desafían la esencia misma de la democracia.
La coexistencia de partidos autoritarios dentro de sistemas democráticos plantea una paradoja: llegan al poder legitimados por la fuerza de los sufragios, pero ya encumbrados pretenden erosionar todos los mecanismos constitucionales y legales que sirven para controlar los excesos de los gobernantes.
En los años recientes, teóricos de ciencia política como Steve Levitsky y Lecon Way han conceptualizado esta dinámica como "competencia electoral sin democracia", destacando la instrumentalización de procesos democráticos por parte de actores políticos para consolidar un control hegemónico.
La utilización de programas sociales como mecanismos de presión electoral es un claro ejemplo de cómo se manipulan las instituciones democráticas en beneficio propio. Y en nuestro país sobran programas de ese tipo con “apellidos” de “bienestar”.
La creación de clientelas electorales mediante el uso del presupuesto gubernamental es una estrategia común en contextos autoritarios. Los gobiernos emanados de partidos políticos autoritarios pueden utilizar recursos estatales para generar lealtades clientelistas, con la intención de lograr un respaldo electoral constante.
En el caso de Morena, la distribución selectiva de beneficios a través de programas sociales se convierte en una herramienta para consolidar una base de apoyo, cuestionando la equidad y la imparcialidad del proceso electoral.
La presión política de los gobiernos emanados de Morena y sus aliados sobre autoridades locales de la oposición, con el objetivo de cooptar o debilitar su fuerza institucional imparcial, refleja la instrumentalización del poder gubernamental para fines partidistas.
Se destaca la importancia de entender cómo se erosionan las instituciones democráticas desde adentro, especialmente cuando los partidos autoritarios en el poder buscan neutralizar cualquier forma de oposición.
La persecución política, tanto hacia autoridades gubernamentales como activistas sociales, es un fenómeno que socava los cimientos de la democracia. La intimidación y el acoso político se ejercen con la intención de desmantelar a la oposición, creando un entorno en el cual la disidencia se torna peligrosa.
En Veracruz, como en México y el mundo, la combinación de presión política y persecución crea un clima hostil que limita la participación ciudadana y socava la pluralidad política.
En este contexto, los partidos políticos opositores enfrentamos el desafío de resistir la cooptación y la presión política sin comprometer nuestros principios democráticos. Por eso es necesario adoptar estrategias con la vinculación de la sociedad civil y de los seguidores de partidos opositores en actividades democráticas, como manifestaciones pacíficas, asambleas públicas y campañas de concientización y resistencia frente a la persecución política.
La colaboración con partidos políticos afines, organizaciones de derechos humanos, y otros sectores de la sociedad puede proporcionar un frente unificado contra la persecución política, fortaleciendo la capacidad de resistencia y generando una respuesta más efectiva.
Y lo más importante es mantener una comunicación fluida entre los partidos y gobiernos opositores con la sociedad civil, con el propósito de exhibir a los gobiernos autoritarios ante la sociedad, interponer recursos legales y seguir luchando con valor para derrotarlos con la fuerza de los votos ciudadanos.
Diputada federal. PRI
@lorenapignon_
