En tiempos políticos, que lo son todos los días, los adversarios no descansan. Miden a sus opositores, diseñan estrategias para descreditarlos y siembran minas para buscar reducirlos y preparar el camino para aniquilarlos en 2021, para comenzar.
Veracruz vive esa batalla desde ahora, y es imposible saber hasta dónde llega o puede llegar, ante lo cual no debe descartarse que algunos movimientos de protesta estén influidos o promovidos por intereses ajenos. Una muestra ocurrió en Chinameca, donde los pobladores exhibieron la falta de operación política del Gobierno del Estado para resolver un asunto doméstico y le pasó factura al inexperto equipo del gobernador Cuitláhuac García Jiménez, a quien torpemente expusieron al linchamiento verbal de los líderes de ese municipio. ¿Hubo una mano que movió esa inconformidad ciudadana? Eso deben saberlo los protagonistas, pero queda el tufo de que la hubo. La respuesta del mandatario, de atender la petición pública y derivar el asunto a la competencia municipal, aquietó las aguas, aunque momentáneamente, y ahora enfrenta una segunda prueba, el paro de protesta de los llamados dueños de las calles de Veracruz-Boca del Río, y también los concesionarios del transporte público de Minatitlán-Coatzacoalcos que se unieron a este movimiento, para exigir aumento a las tarifas y la supresión del subsidio de menos dos pesos que otorgan a los usuarios de la tercera edad y estudiantes. Esa demanda en parte es justificada. Llevan al menos cuatro años sin que les autoricen un ajuste en el cobro del boleto del pasaje, mientras los combustibles y refacciones incrementan su valor. Sin embargo, también deberá considerarse la queja de los usuarios de que los camioneros tampoco cumplen con brindar un servicio eficiente y seguro, de primera clase. El transporte actualmente se encuentra en estado deprimente y de alto riesgo; buena parte son unidades de desecho adquiridas en el Estado de México, y las autoridades han permitido su circulación. Otras unidades adolecen de asientos en buen estado, rotos o sucios, y las más se encuentran destartaladas, peligrosamente mal mecánicamente con balatas que chillan al frenar, y aún peor, choferes agresivos, mal vestidos y malolientes, que sintonizan música a volumen insoportable y manejan a velocidades temerarias, a los que nadie puede frenar, ni patrones ni autoridades. Ayer mismo circuló en las redes sociales un video tomado en la calzada Ejército Mexicano de Boca del Río donde se observa a un conductor que no se unió a ese paro y fue bajado del camión en el que prestaba servicio a los usuarios, correteado y golpeado por otros choferes, sin que ninguna autoridad interviniera. Son acciones planeadas cuyo fin es crear inestabilidad, y necesariamente habrá que remitirse a lo ocurrido en el gobierno anterior, cuando los mismos concesionarios amagaron con un paro y fueron advertidos que de hacerlo, se les retirarían sus concesiones, lo que hizo que dieran marcha atrás a esa intentona. Esta vez no hubo ese temor, como si vieran a un gobierno débil o para ponerlo a prueba, ante lo cual habrá necesidad de que el gobernador García Jiménez asuma una postura firme y mande un mensaje de que no va a permitir que se violente la ley durante su administración. El trasporte público no puede suspenderse ni parcial ni totalmente por razones particulares de exigencia de un aumento tarifario, aunque éste sea justificado, y si lo hacen como fue el caso, comenzar a retirar los títulos de concesión y asumir la prestación de este servicio con personal de Seguridad Pública o elementos militares para no afectar los intereses superiores de los ciudadanos, y evitar como también ocurrió, la afectación del comercio que tuvo que cerrar sus puertas ante la ausencia de personal que no pudo llegar a sus labores por esta situación ni clientela en las calles al no poder trasladarse a las zonas comerciales. La ciudadanía deberá esperar una respuesta de la misma proporción a este evidente desafío.
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