Hay un derecho humano universal para disentir de los partidos autoritarios y de los gobiernos emanados de los mismos. La participación ciudadana es un pilar fundamental de cualquier democracia saludable.
En situaciones en las que el gobierno autoritario intenta influenciar de manera perniciosa una elección, la movilización pacífica de los ciudadanos cobra una importancia aún mayor, porque pone en evidencia la íntima convicción de luchar porque nuestros derechos y libertades no sean menoscabados.
Así, las manifestaciones pacíficas son una expresión legítima del descontento y la preocupación de la ciudadanía ante los evidentes abusos de poder por parte de las autoridades y su insistencia en demoler instituciones democráticas con reformas legales que son absolutamente regresivas.
El derecho de asociación es un mecanismo crucial para hacer visible el rechazo a prácticas antidemocráticas y para presionar a las instituciones a actuar de acuerdo con el Estado de derecho.
Las concentraciones acontecidas este domingo en diversas ciudades del país y del extranjero, envían una señal clara tanto a nivel nacional como internacional sobre el compromiso de la sociedad civil con la defensa de los principios democráticos y las libertades individuales.
En un mundo interconectado, donde las acciones de un gobierno pueden tener repercusiones globales, la movilización ciudadana contribuye también a atraer la atención de la comunidad internacional hacia posibles violaciones a los derechos humanos y al orden democrático.
La participación ciudadana activa, especialmente en momentos de la víspera de las campañas electorales, contribuye a fortalecer la exigencia de que el INE y el Tribunal Electoral no cedan a presiones y garanticen la legitimidad de sus acciones con respecto a la legalidad de los procesos que deben mantenerse como democráticos a pesar de cualquier tentación autoritaria.
Cuando los ciudadanos salen a las calles de manera pacífica para exigir transparencia, imparcialidad y respeto a las reglas del juego democrático, están reafirmando su papel como soberanos y recordando a las autoridades que el poder emana del pueblo.
Es importante destacar que la protesta pacífica no solo es un derecho ciudadano protegido por la Constitución, sino también una responsabilidad cívica en defensa de la democracia misma.
A pesar de la guerra sucia que sin rubor se ejerció desde todas las latitud es del morenismo, los ciudadanos lo hicieron de manera ejemplar, evitando cualquier confrontación que pudiera deslegitimar el mensaje y dar pretexto a represalias por parte del gobierno autoritario.
Esta “Ola Rosa” trasciende más allá de partidos porque es una expresión legítima de la voluntad popular, un recordatorio de los principios fundamentales sobre los cuales se sustenta el sistema democrático y una herramienta efectiva para presionar por el respeto a las normas y la rendición de cuentas de las autoridades.
Y como bien lo dijo Lorenzo Córdova, la protesta cívica no cesará. No es el fin de la movilización cívica, la lucha continuará.
*Diputada federal. PRI
@lorenapignon_
