A menos de 20 días de acudir a las urnas para un referéndum de revocación, Morena no ha dejado la violación sistemática de la ley y ha transgredido un proceso que ellos mismos promovieron desde la eterna campaña del presidente Andrés Manuel López Obrador.
En vísperas del ejercicio democrático del próximo 10 de abril, su preocupación es tan grande, porque saben que ya no cuentan con la popularidad que tanto presume el Presidente y es evidente que su capricho no tendrá la participación esperada.
Y es que en menos de una semana ante el Congreso de la Unión, el partido en el poder y los satélites presentaron y avalaron un decreto interpretativo para que las declaraciones de servidores no sean prohibidas durante la veda electoral de alguna campaña o ejercicio de participación ciudadana, como la consulta de revocación de mandato.
El decreto, que también fue ratificado en el Senado, tuvo muchos vicios, tanto así que se realizaron dos sesiones ordinarias para que sacaran la instrucción de su jefe, claro, sin tomar en cuenta a la oposición, sobre una acción que no respeta en nada a la Constitución.
El documento, que buscaba interpretar el concepto de propaganda gubernamental, la cual está prohibida en veda electoral, ni bien se había aprobado ante la Cámara alta, cuando ya el Diario Oficial de la Federación (DOF) lo había publicado.
La desesperación del Presidente, que dicen sus seguidores que es el más popular que cualquiera, es tan evidente que sus huestes buscaron tergiversar dolosamente la Constitución, por el simple hecho que a Morena le cuesta trabajo respetar la ley.
El bodrio legislativo que fue aprobado fast track tenía la urgencia de modificar el modelo de comunicación política en materia electoral, para permitir que todos los servidores públicos de este país hagan propaganda gubernamental en beneficio del Presidente, tal y como lo han venido haciendo.
Como ejemplo Veracruz, donde en cada municipio, en cada carretera de la entidad, en bardas, perifoneo, volantes, y todo tipo de estrategias, este gobierno ha recurrido a una gran campaña para el inquilino de Palacio Nacional, con la leyenda “Que siga AMLO”.
Así, con esa premura trabajaran para resolver los problemas en los que este gobierno ha ignorado por su ejercicio electoral, y tienen bajo la alfombra, los asesinatos de periodistas, homicidios, feminicidios y la gran violencia que también es parte del paisaje, así como las lonas que promocionan la revocación. Se hizo más rápido un decreto que una estrategia de seguridad.
El Presidente y su aparato gubernamental tienen el propósito de ensuciar el procedimiento de revocación, al que mal llaman “ratificación” porque les estorba la interpretación que han dado el INE, el Tribunal Electoral y ahora la Sala Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), que emitió un criterio, donde explica que su referéndum no aplica para su caprichosa revocación.
Es por ello que los senadores del bloque opositor, así como el Grupo Plural, interpondremos una acción de inconstitucionalidad ante la SCJN en contra de este decreto y previo al proceso de revocación de mandato, porque Morena y el Presidente tienen que respetar las leyes y entender que un decreto no puede pasar encima de la Constitución.
(*) Coordinador de los senadores del PAN
