/ miércoles 11 de agosto de 2021

Este país se llama México

Con solidaridad y respeto a Ricardo Ahued Bardahuil

En estos tiempos de indiferencia si realmente se quisiera tomar la opinión de la gente en los asuntos importantes del país, se debe conformar todo un entramado constitucional con las leyes reglamentarias respectivas, para darle soporte legal.

Una cosa es la institucionalidad de las consultas populares como instrumento de la democracia participativa y otra muy diferente el manoseo de este ejercicio para distraer a la opinión pública sobre la incapacidad que tiene el gobierno para darle solución a múltiples problemas que van desde la inseguridad pública hasta la crisis de abasto de medicamentos.

En esta administración hay dos ejercicios que se han hecho en torno a la consulta popular: una patito e inconstitucional como la que canceló la construcción del aeropuerto de Texcoco; y otra, la del domingo primero de agosto, y en ambas se trató de acciones tramposas para sustentar decisiones caprichosas del jefe del Ejecutivo Federal.

En ambos casos el grueso de la población no participó. En la consulta del domingo primero de agosto, nadie en su sano juicio entendió una pregunta que podría decir todo menos juzgar a los expresidentes, además de que se trató de un remedo de democracia participativa.

Si antes el costo de la democracia era altísimo, de los más altos del mundo, pues ahora con esta modalidad de las consultas populares se incrementó de forma relevante, toda vez que el INE requerirá un presupuesto especial.

Habría que ver si sirve de algo volver a las urnas para decidir si sigue el presidente en su cargo o no; o dejar las cosas cómo estaban antes de terminar su sexenio el 30 de septiembre de 2024.

No están las arcas del país en condiciones de gastar dinero que no consultas populares o en revocación de mandato.

Ya basta de dispendios derivados de "ocurrencias genialidades" del huésped de Palacio Nacional.

El chiste de todo este embrollo es que no salimos de una elección ya vamos a otra y así hasta el infinito con el respectivo derroche de presupuesto y del tiempo de servidores públicos.

En otro orden de ideas amable lector permítame preguntarle algo: En distintos países ya se realizaron pruebas diagnósticas y las actividades escolares se ajustan para poder remontar el deterioro educativo.

¿Nuestro gobierno está distante de este tema?

Durante varios meses tuvimos la ilusión de que la pandemia de Covid nos iba a ser mejores. A los gobiernos los haría más sensibles a las necesidades de la gente; a las empresas más responsables; a las comunidades más resilientes y a los individuos más solidarios. Y la verdad es que nada de eso ha pasado, o si lo ha hecho es en casos particulares, que no acaban de provocar una tendencia. El mundo feliz que nos imaginamos para la era post pandemia era solo una entrañable ilusión.

El ámbito educativo ha sido particularmente golpeado por la pandemia. Las escuelas cerraron sus puertas, lo que habilita factores que profundizan las desigualdades, difíciles de contrarrestar. Fuera del plantel escolar y en casa, las niñas y los jóvenes tuvieron que vivir de lleno toda la dureza de sus circunstancias. En América Latina y en México sufrieron el acceso desigual al mundo digital: los ricos lo tienen, casi todos; los pobres muy limitadamente, apenas uno de cada cinco lo tiene.

Los niveles educativos de los pobres siempre son factor que explica el rendimiento escolar, y en condiciones de confinamiento se convierte en un elemento todavía más potente. Los niños y jóvenes de hogares pobres no pudieron recibir el apoyo necesario de sus padres, por sus propias limitaciones educativas, pero también porque los adultos no se "guardaron": tuvieron que salir a ganarse la vida.

Por eso tiene que haber un esfuerzo deliberado para atender con énfasis a las poblaciones que sufrieron desmesuradamente el cierre de escuelas.

Esta es la esencia que, a mi parecer, debe conducir la agenda y las acciones durante la pandemia y posteriormente. Ahora sí que "primero los pobres", pero en una versión real, palpable con políticas públicas sustantivas dirigidas al objetivo, y no sólo en el mundo figurativo, de ilusiones.

Estudios del Banco Mundial y del BID estiman ya los efectos sobre el aprovechamiento escolar derivados del confinamiento. En indicadores como el de pobreza de aprendizaje, la proporción de alumnos que al terminar la primaria no son capaces de leer y entender un texto simple, se estima un mayor retroceso. En estos estudios también se enfatiza que las pérdidas de aprendizaje son mayores para estudiantes pobres que para estudiantes ricos.

Nuestro gobierno está completamente distante de este tema. El presidente sigue dando vuelvo a su carrusel de ilusiones, no hay nada en las acciones del Gobierno Federal que indiquen que este tema sea una prioridad. No hay un peso más para el sector, y sí muchos menos.

Con solidaridad y respeto a Ricardo Ahued Bardahuil

En estos tiempos de indiferencia si realmente se quisiera tomar la opinión de la gente en los asuntos importantes del país, se debe conformar todo un entramado constitucional con las leyes reglamentarias respectivas, para darle soporte legal.

Una cosa es la institucionalidad de las consultas populares como instrumento de la democracia participativa y otra muy diferente el manoseo de este ejercicio para distraer a la opinión pública sobre la incapacidad que tiene el gobierno para darle solución a múltiples problemas que van desde la inseguridad pública hasta la crisis de abasto de medicamentos.

En esta administración hay dos ejercicios que se han hecho en torno a la consulta popular: una patito e inconstitucional como la que canceló la construcción del aeropuerto de Texcoco; y otra, la del domingo primero de agosto, y en ambas se trató de acciones tramposas para sustentar decisiones caprichosas del jefe del Ejecutivo Federal.

En ambos casos el grueso de la población no participó. En la consulta del domingo primero de agosto, nadie en su sano juicio entendió una pregunta que podría decir todo menos juzgar a los expresidentes, además de que se trató de un remedo de democracia participativa.

Si antes el costo de la democracia era altísimo, de los más altos del mundo, pues ahora con esta modalidad de las consultas populares se incrementó de forma relevante, toda vez que el INE requerirá un presupuesto especial.

Habría que ver si sirve de algo volver a las urnas para decidir si sigue el presidente en su cargo o no; o dejar las cosas cómo estaban antes de terminar su sexenio el 30 de septiembre de 2024.

No están las arcas del país en condiciones de gastar dinero que no consultas populares o en revocación de mandato.

Ya basta de dispendios derivados de "ocurrencias genialidades" del huésped de Palacio Nacional.

El chiste de todo este embrollo es que no salimos de una elección ya vamos a otra y así hasta el infinito con el respectivo derroche de presupuesto y del tiempo de servidores públicos.

En otro orden de ideas amable lector permítame preguntarle algo: En distintos países ya se realizaron pruebas diagnósticas y las actividades escolares se ajustan para poder remontar el deterioro educativo.

¿Nuestro gobierno está distante de este tema?

Durante varios meses tuvimos la ilusión de que la pandemia de Covid nos iba a ser mejores. A los gobiernos los haría más sensibles a las necesidades de la gente; a las empresas más responsables; a las comunidades más resilientes y a los individuos más solidarios. Y la verdad es que nada de eso ha pasado, o si lo ha hecho es en casos particulares, que no acaban de provocar una tendencia. El mundo feliz que nos imaginamos para la era post pandemia era solo una entrañable ilusión.

El ámbito educativo ha sido particularmente golpeado por la pandemia. Las escuelas cerraron sus puertas, lo que habilita factores que profundizan las desigualdades, difíciles de contrarrestar. Fuera del plantel escolar y en casa, las niñas y los jóvenes tuvieron que vivir de lleno toda la dureza de sus circunstancias. En América Latina y en México sufrieron el acceso desigual al mundo digital: los ricos lo tienen, casi todos; los pobres muy limitadamente, apenas uno de cada cinco lo tiene.

Los niveles educativos de los pobres siempre son factor que explica el rendimiento escolar, y en condiciones de confinamiento se convierte en un elemento todavía más potente. Los niños y jóvenes de hogares pobres no pudieron recibir el apoyo necesario de sus padres, por sus propias limitaciones educativas, pero también porque los adultos no se "guardaron": tuvieron que salir a ganarse la vida.

Por eso tiene que haber un esfuerzo deliberado para atender con énfasis a las poblaciones que sufrieron desmesuradamente el cierre de escuelas.

Esta es la esencia que, a mi parecer, debe conducir la agenda y las acciones durante la pandemia y posteriormente. Ahora sí que "primero los pobres", pero en una versión real, palpable con políticas públicas sustantivas dirigidas al objetivo, y no sólo en el mundo figurativo, de ilusiones.

Estudios del Banco Mundial y del BID estiman ya los efectos sobre el aprovechamiento escolar derivados del confinamiento. En indicadores como el de pobreza de aprendizaje, la proporción de alumnos que al terminar la primaria no son capaces de leer y entender un texto simple, se estima un mayor retroceso. En estos estudios también se enfatiza que las pérdidas de aprendizaje son mayores para estudiantes pobres que para estudiantes ricos.

Nuestro gobierno está completamente distante de este tema. El presidente sigue dando vuelvo a su carrusel de ilusiones, no hay nada en las acciones del Gobierno Federal que indiquen que este tema sea una prioridad. No hay un peso más para el sector, y sí muchos menos.