La excandidata a la presidencia de la República por el PAN, PRI y PRD, Xóchitl Gálvez Ruiz, en pleno ejercicio de sus derechos constitucionales, presentó este jueves la impugnación al proceso electoral 2023-2024 para que se investigue y sancione la intervención del Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, así como la violencia e intervención del crimen organizado. La senadora aclaró que no se trata de pedir la anulación de la elección, sino de que exista una sanción al mandatario mexicano por su intromisión en el proceso electoral.
Xóchitl explicó que se presentó un Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano con el propósito de aportar elementos a la calificación presidencial y que en los considerandos de su sentencia se tomen en cuenta sus argumentos. Además, manifestó que en las pasadas elecciones del 2 de junio no se caracterizaron por ser limpias y de piso parejo, pues se utilizó el aparato del Estado para promover a la candidata oficial, Claudia Sheinbaum.
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Una locura para los observadores políticos. Además de la crisis en el PAN, esta locura después de la arrastrada que le dieron a Xóchitl en la elección. “Sí estoy impugnando. No estoy pidiendo la anulación de la elección. Lo que estoy pidiendo es que el Tribunal sancione al Presidente porque ha habido más de 50 tarjetas amarillas. Decía yo: en un partido de futbol con dos tarjetas amarillas te expulsan y aquí no. El Presidente siguió, siguió, siguió y algo tiene que hacer el Tribunal. El Tribunal no puede dejarla pasar”, dijo. Lo que debe saber la de Hidalgo es que esto no es soccer, no es la Cruz Azul y no hay pretextos.
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Asimismo, Xóchitl pedirá al Tribunal investigar el uso de recursos públicos en la campaña de la candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia, pues el Presidente presentó como propios los programas sociales y expresó que si ganaba otro partido los quitarían. En el documento que entregó al Instituto Nacional Electoral (INE), Xóchitl Gálvez recordó que antes del inicio del proceso electoral, el Presidente utilizó las conferencias matutinas para actuar como un auténtico “jefe de campaña” de la candidata oficial, Claudia Sheinbaum. Insistió en que existió una clara intervención sistemática y reiterada de los gobernadores, quienes se dedicaron a promocionar la candidatura de Sheinbaum. ¿Alguien le hará caso? Es pregunta.
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La minoría de alcaldes de la oposición que quedaron en la Ciudad de México nada más no se han juntado para conformar un bloque como sí se hizo en las elecciones pasadas. Los enterados dicen que, hasta ahora, cada uno está organizando sus propios equipos y trazando sus estrategias a futuro; por lo que compartir planes entre aliados y unificar algunos programas para implementar de manera conjunta todavía se antoja lejano.
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Aunque no ganó la elección por la alcaldía de Mérida, dicen que el exclavadista Rommel Pacheco sí se hará de un espacio en el equipo de la próxima presidenta, Claudia Sheinbaum. Varias voces lo perfilan como el próximo titular de la Conade, en sustitución de Ana Gabriela Guevara. Esto para ver si mejora la relación con los atletas y se reestablecen los apoyos y becas para los representantes mexicanos de todas las disciplinas.
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Ken Salazar, embajador de Estados Unidos, afirmó que la reforma al sistema judicial es una decisión exclusiva de los mexicanos, pero subrayó que contar con un sistema de justicia eficiente ayuda al desarrollo. Señaló que Estados Unidos desea que México tenga un Poder Judicial fortalecido, ya que un Poder Judicial eficiente es esencial para el progreso, pero que su país no puede imponer decisiones.
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El amigo de Biden reprochó que varias extradiciones solicitadas por su país no se hayan concretado, en parte por la inacción del Poder Judicial. El debate sobre la reforma judicial en México ya llegó a Estados Unidos, donde varios legisladores cuestionaron a Brian Nichols, subsecretario de Estado, sobre los impactos de la reforma en las inversiones de empresas estadounidenses.
