Un sólido Estado de derecho es fundamental para los empresarios que desean invertir en la generación de empleos en México por varias razones clave. La estabilidad legal proporciona seguridad a los inversionistas de que sus derechos de propiedad estarán protegidos y que los contratos serán respetados. Esto les da confianza para invertir a largo plazo en proyectos que generen empleo.
Un sistema legal robusto reduce el riesgo de enfrentar litigios prolongados o disputas legales costosas, lo que puede afectar negativamente la rentabilidad de una inversión. Los grandes capitales productivos prefieren países donde puedan confiar en la aplicación justa y eficiente de la ley.
Un Estado de derecho sólido contribuye a combatir la corrupción al establecer normas claras y procedimientos transparentes para la conducción de negocios. Esto ayuda a prevenir prácticas deshonestas e ilegales que podrían obstaculizar el crecimiento económico y desincentivar la inversión.
Si se cuenta con un entorno legal confiable y transparente, se fomenta un clima de negocios saludable que atrae inversión extranjera y nacional. Esto, a su vez, impulsa el crecimiento económico y la creación de empleo, beneficiando tanto a los inversionistas como a la población local con mayores fuentes de empleo y una actividad económica más vigorosa en su entorno. Pero esta posibilidad del “nearshoring”, es evidente que no le interesa a los gobiernos de Morena.
Y es que un gobierno corrupto como el que padecemos, ahuyenta la inversión y, por ende, va en contra del mandato constitucional de promover las condiciones para el desarrollo económico y la ampliación del aparato productivo.
El Estado mexicano tiene la obligación moral y legal de garantizar los derechos humanos de sus ciudadanos, entre los cuales se encuentran el derecho al trabajo, a un nivel de vida adecuado y al desarrollo económico. Cuando un gobierno se corrompe y permite o fomenta prácticas que obstaculizan el crecimiento económico, está vulnerando estos derechos fundamentales.
La corrupción no solo afecta el desarrollo económico, sino que también vulnera otros derechos humanos, como el acceso a la justicia (caso de Rosario Robles, que la mantuvieron encarcelada de manera injusta), la igualdad ante la ley (como las venganzas personales del fiscal Alejandro Gertz Manero o de la hasta hace poco fiscal capitalina Ernestina Godoy) y la participación política (los delitos electorales realizados por los gobiernos de Morena, que ante el declive de sus preferencias, usan recursos públicos de forma descarada, dizque “por amor a Veracruz”).
Un gobierno corrupto tiende a favorecer a unos pocos en detrimento de la mayoría, generando desigualdades socioeconómicas y limitando las oportunidades de progreso para la población en su conjunto.
En este sentido, el Estado mexicano tiene la responsabilidad de garantizar un ambiente propicio para la inversión y el desarrollo económico, lo cual implica combatir la corrupción, fortalecer el Estado de derecho y promover la transparencia y la rendición de cuentas en todas las esferas del gobierno. Esto no solo es una obligación jurídica, sino también un imperativo ético basado en el respeto a la dignidad y los derechos de todas las personas.
En última instancia, la legitimidad de una autoridad para gobernar, están intrínsecamente ligadas a su capacidad para proteger y promover el bienestar de sus ciudadanos, incluida la creación de condiciones favorables para el desarrollo económico y la seguridad. Cuando el gobierno falla en esta responsabilidad, no solo está incumpliendo con su mandato constitucional, sino que también está traicionando la confianza y la esperanza de aquellos a quienes debería servir.
*Diputada federal. PRI
@lorenapignon_
