Sin duda, no se equipara el valor de la salud física y financiera de las personas, sin embargo, el Covid-19 algún día se irá y las consecuencias de las decisiones tomadas se quedarán.
El Estado de derecho siempre ha sido nuestro talón de Aquiles. Desobedecer la ley, torcerla, buscarle recovecos que, claramente, violan su espíritu, modificarla para favorecer intereses particulares o de coyuntura y abusar del poder, son prácticas cotidianas. Siempre sin consecuencias.
En una situación catastrófica, esto puede agravarse. La prensa, las organizaciones sociales, el sector privado e incluso la academia están volcados, como nunca, en el día a día que está secuestrado por la emergencia sanitaria.
Nadie está pendiente de lo que hoy se consideran “minucias”, pero que pueden acentuar las acciones fuera de la ley y el abuso de poder.
Pero hay y habrá muchas bolas rápidas que pasará el gobierno entre la opacidad reinante, la excusa de la emergencia y la distracción entendible de todos con el Covid-19.
Es imperativo que, ante esta situación, la sociedad, el sector privado y los colegios de profesionistas, la Corte y el Congreso estén pendientes. No hay mejor caldo de cultivo para la corrupción y el abuso que una crisis como la que se avecina.
Decía Graham Greene, gran escritor inglés, que siempre prefería intentar comprender la verdad, aunque eso comprometiera su ideología. No es fácil; en la política y, sobre todo cuando ésta se hace desde el poder, la ideología termina ocultando tanto los hechos como la verdad y transformando decisiones ideológicas en políticas públicas.
El gobierno federal encara la fase dos de la pandemia recurriendo en el terreno económico a la ideología, más que a la constatación de la realidad.
Como ya se había adelantado, el programa económico para enfrentar la crisis se limita a ratificar el apoyo a los adultos mayores; a otorgar créditos, no se dice cómo ni a través de qué instrumentos.
Mientras tanto, cae la bolsa, el dólar llega a niveles históricos y la mezcla mexicana de crudo está a 15.33 dólares por barril.
Está muy bien que el gobierno anuncie que el ingeniero Carlos Slim le informó que no despedirá a nadie en sus empresas ante la emergencia, pero innumerables empresas simplemente no pueden darse ese lujo: despiden gente, suspenden actividades sin goce de sueldo o pagan sueldos, impuestos y servicios.
La enorme mayoría de las naciones ha optado por trabajar sobre apoyos fiscales porque no implica cancelar las responsabilidades en ese ámbito, sino aplazarlas y de esa manera darle oxígeno a las empresas y trabajadores.
Son los momentos en los que el Estado debe intervenir en la economía, para eso está.
Y quienes más la sufrirán serán los trabajadores. La gente no vive de los apoyos de Sembrando Vida o de Jóvenes Construyendo el Futuro, vive de sus empleos, y la destrucción de sus empleos si no hay apoyo del Estado será altísima, sobre todo entre quienes no tienen, como algunas grandes corporaciones, capacidad para sostener el cierre o la suspensión de actividades durante varias semanas.
Esa distancia del gobierno ante las urgencias de la iniciativa privada se da en un momento también inédito.
Que el gobierno federal vulnere la seguridad jurídica de una empresa y cancele en plena crisis una inversión de esta magnitud sin ninguna causa que lo justifique, ha hecho ya un daño que puede ser irreversible en la confianza de los inversionistas y empresarios con la administración federal.
Un escenario que, además, muchos de los principales funcionarios del sector en el propio gobierno saben perfectamente que debería evitarse.
