El periodismo veracruzano volvió a enlutarse este lunes al sufrir un nuevo atentado criminal.
Dos sicarios dispararon a corta distancia en ocho ocasiones contra la periodista María Elena Ferral Hernández, en el momento en que ésta subiría a su automóvil, en una céntrica calle de Papantla; además, le asestaron una puñalada.
Le proporcionaron los primeros auxilios en el hospital de ese lugar y después la trasladaron al Hospital Regional de Poza Rica. Seis horas horas después perdió la vida. Ella, colaboradora de Diario de Xalapa y varios medios impresos de la zona norte del estado, además de directora del portal Quinto Poder, había denunciado amenazas desde 2016 por el exalcalde y cacique de Coyutla, Basilio Picasso Pérez, quien en 2005 fue investigado como presunto autor intelectual del asesinato del síndico de ese Ayuntamiento, Miguel Alfonso Vázquez; y hace pocos días, en su red social de Facebook, dio a conocer un altercado con una funcionaria del municipio de Coyutla.
No obstante el riesgo en que se encontraba, la comunicadora no contaba con la protección que en estos casos debían proporcionar las instituciones de seguridad, federales o del estado. Anteayer mismo, la titular de la Fiscalía General del Estado, Verónica Hernández Giadáns, ofreció investigar los hechos "hasta dar con los responsables, sin importar de quién se trate" y los consignará ante la justicia, y en su comunicado, reconoció que la víctima "buscó dar voz a grupos vulnerables y hacer un periodismo entregado con las causas sociales (…y) acusar las injusticias". Son líneas importantes las planteadas por la FGE y debe esperarse que se haga justicia en este cobarde crimen que, todo hace pensar, fue como consecuencia de su actividad profesional, por la saña y forma en que se cometió, y sobre lo cual organizaciones de periodistas de Veracruz y del país han exigido al presidente Andrés Manuel López Obrador, y al gobernador Cuitláhuac García Jiménez, una pronta y efectiva investigación para llevar a los responsables ante la justicia.
Hace escasas tres semanas, en el municipio de Poza Rica, hubo otro intento de asesinato contra Blanca Mireya Ulloa Valencia, directora editorial del diario La Opinión, quien fue atacada a puñaladas cuando llegaba a su domicilio; por fortuna salvó su vida, pero la amenazaron de muerte "si seguía con sus publicaciones". De este caso no se sabe si ya hay resultados. Es grave el clima de violencia y peligro que existe en la entidad, más para quienes ejercen el periodismo, pero en general para toda la sociedad. Nadie se encuentra a salvo. Lo menos que debe esperarse es que no haya impunidad, ni en éste ni el cualquier otro caso.
Matar a un periodista para acallarlo pone en entredicho la principal libertad de una democracia, la de la libre expresión, la cual está obligado a defender y garantizar el estado mexicano. La muerte de María Elena también mata la libertad. Esperemos. Lo que sí debe destacarse es que el gobierno estatal, la Secretaría de Salud, hizo lo que estaba a su alcance para salvar la vida de María Elena. Ella recibió una atención oportuna, según dio testimonio su familia, y se estuvo informando. Uno o dos compañeros no corroboraron la información y dieron a conocer la falsa noticia de su deceso cuando aún estaba en el quirófano y luego en terapia intensiva y causaron confusión. Eso lo reclamó el gobernador García, aunque francamente exageró. Fueron excepciones, y ni siquiera quienes cometieron esas pifias lo hicieron para atacarlo a él ni a su gobierno. Fueron desaciertos profesionales, nada más. Siempre habrá críticas a su trabajo cuando cometa errores, y esperemos que tengan muchos aciertos para también reconocerlos, incluso aplaudirlos. Ese es el trabajo de los periodistas, y el suyo es hacer un buen gobierno, cosa en lo que constantemente falla.
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