Ninguno de los tres exfuncionarios duartistas que salieron de prisión son inocentes. Para los veracruzanos son culpables y deberían ser condenados.
Los dos primeros en pisar la calle por ser parte del gran desfalco a las arcas estatales y, el último, por la desaparición de decenas de personas en la que habrían estado involucrados elementos de seguridad estatal.
Basta recordar que en la Comisión de Agua del Estado de Veracruz (CAEV), a cargo de Francisco Antonio Valencia García, durante casi todo 2015, se determinó un probable daño patrimonial en ese año por 279 millones de pesos, de acuerdo con las auditorías practicadas por el Orfis.
Ya concluida la fase de comprobación del procedimiento de Fiscalización Superior se realizaron hasta 23 observaciones con presunto desvío de recursos, que no fueron solventados ni justificados.
En el caso de Mauricio Audirac, extitular de Finanzas, no sólo el gobierno de Yunes lo denunció. Hay que recordar que ya había sido inhabilitado por 10 años del ejercicio público, luego de haber sido acusado por la Contraloría General del estado, tras las denuncias interpuestas por la ASF.
En el caso de Bermúdez las historias que se cuentan son de terror… Y la acusación no sólo es por desvío de recursos de más de 86 millones de pesos, de abuso de autoridad y tráfico de influencias por haber otorgado contratos directos a miembros de su familia, sino por la probable desaparición de hombres y mujeres durante el gobierno de Javier Duarte de Ochoa.
En Veracruz el artículo 318 del Código Penal de Veracruz sólo señala que “al servidor público que cometa el delito de desaparición forzada de persona se le impondrá una pena de 10 a 30 años de prisión y multa de mil a cuatro mil días de salario, además de la inhabilitación definitiva para ejercer la función pública”.
Si bien de manera explícita el delito de desaparición no se encuentra en el catálogo de delitos graves para mantener la prisión preventiva como medida cautelar, la propia ley federal advierte que el juez podrá ordenarla cuando los delitos sean cometidos con medios violentos, así como los que atenten contra el libre desarrollo de la personalidad. Hipótesis que encaja en la desaparición forzada de personas.
Si atendemos a jurisprudencia internacional, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha reiterado que constituye un hecho ilícito que genera una violación múltiple y continuada de varios derechos protegidos. Además, coloca a la víctima en un estado de completa indefensión, lo que lleva a otro tipo de violaciones.
En cuanto la responsabilidad internacional del estado, la CIDH ha señalado que “se ve agravada cuando la desaparición forma parte de un patrón sistemático o práctica aplicada o tolerada por el estado”. Tal como habría ocurrido en Veracruz.
Para algunos familiares de desaparecidos la culpa es de la Fiscalía General del Estado, a cargo de Jorge Winckler, pues no integró de manera adecuada las carpetas de investigación. Algunos hablan hasta de simulación, negociación y fabricación de pruebas.
Sea cual sea el caso, la realidad es que hay indignación y dolor por la liberación de tres exduartistas que para la sociedad ya tienen un veredicto: culpables.
@ydlan
