El poderoso líder sindical de la empresa Tenaris-Tamsa, Pascual Lagunes Ochoa, ya se encuentra en su casa por orden de un juez, para continuar su proceso de prisión preventiva oficiosa, después de más de ocho meses de permanecer internado en el Área Privada del Hospital General, lograda por sus abogados aduciendo “problemas de salud”.
Es un caso parecido al de la maestra Elba Esther Gordillo, o de muchos otros presos con poder político o económico, que después de salir de su internamiento médico casi por milagro recuperan su salud. No es cuestión de discutir argucias legales, sino analizar lo que este hecho puede traer como consecuencia en la empresa más importante de la zona y del estado de Veracruz, donde desde hace más de un año se presentan pugnas por el poder sindical entre los grupos de Pascual y de Enrique Ruiz Saavedra, de la organización “Democracia con Transparencia Obrera”, y José Carlos Guevara Moreno el Profe, que han generado un clima de inestabilidad. Lagunes, quien es reconocido por la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, y la propia siderúrgica, como líder legítimo, se encuentra señalado de autoría intelectual de la muerte de dos obreros durante el enfrentamiento ocurrido el pasado 23 de marzo de 2017 entre dichos grupos para defender, unos, y apoderarse, otros, del recinto sindical en la colonia Tamsa de Boca del Río. Desde esa ocasión el ambiente laboral en la factoría no es el mismo, si bien no se han presentado incidentes que afecten su producción. Ahora, con la continuación del proceso legal del polémico dirigente en su domicilio, los grupos disidentes podrían inquietarse y generar conflictos que pudieran incidir en la estabilidad de esta empresa que ha sorteado momentos difíciles desde la crisis del desplome en los precios del petróleo que impactó en las inversiones en este sector en México y en otra partes del mundo donde tiene mercado su producción de tubos de acero sin costura, aunque ha podido compensarlo con la diversificación de su producción hacia otros sectores. Habrá que estar muy atentos a las medidas que se tomen en la empresa y el apoyo que ésta reciba de los gobiernos de la República y del estado, para evitar conflictos. Esperemos.
Winckler y las patadas de ahogado
El fiscal Jorge Winckler ya no sabe qué hacer para defenderse y ahora opta por la victimización, al igual que algunos diputados del PAN en el Congreso, señalando que desde Palacio de Gobierno se facilita la excarcelación de funcionarios de la antepasada administración estatal. Lo cierto que el fiscal ni los diputados han podido probar sus dichos, sólo se trata de una guerra mediática que se apaga al día siguiente de encenderla. Ahora, incluso, quieren reforzar la línea de defensa del titular de la FGE con abogados competentes, para lo que se ofrezca. Sin embargo, para quienes saben de cuestiones legales, sólo dan patadas de ahogado. Habrá que ver cuánto tiempo más dura. Por cierto, el alcalde Octavio Pérez Garay, de San Andrés Tuxtla, busca ahora la simpatía del actual gobernador, echándole tierra al que se fue, de quien fue su aliado incondicional apoyando a su hijo Miguel Ángel Yunes Márquez como candidato a la gubernatura. Ayer, en el arranque de obras de reparación de un socavón provocado por lluvias en el puente Chuniapan que dejó incomunicadas a varias comunidades, el edil señaló que el exgobernador Yunes únicamente mandó 60 despensas en un caso parecido ocurrido en octubre pasado, por “indolencia de Protección Civil y la Secretaría Infraestructura”, que entonces no denunció; en cambio, hoy con Cuitláhuac García Jiménez “hay respuesta inmediata para resolver (estos problemas)”. Vaya descaro para quitarse una camiseta y colocarse otra.
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