Nuestro país ha cambiado tan rápido que no hay que esperar el 2021 para empezar a vivir los tiempos electorales. Nos aproximamos velozmente a la escenificación de una nueva farsa, la farsa de la reelección legislativa.
El propósito de la reelección me parece noble; su ejecución, una burla a la ciudadanía. La reelección de senadores (por dos periodos) y la de diputados (hasta cuatro periodos) tenía como fin romper con el control que los líderes de las bancadas y los dirigentes de los partidos ejercían sobre los legisladores. Los legisladores sabían que su futuro político, una vez terminando el periodo para el que fueron, dependía de la lealtad que hubieran mostrado con sus dirigencias. De este modo el servilismo y la fidelidad de los legisladores estaban garantizados.
La reelección legislativa pretendía modificar esa relación de supeditación. La permanencia de senadores y diputados en el Congreso dependería del juicio de sus electores. Si los ciudadanos de un determinado distrito consideraban que su diputado no había representado sus intereses en la Cámara, le negarían la reelección.
En nuestro país nadie conoce ni siquiera el nombre de los diputados que “los representan”.
No hay forma de presionarlos para que voten a favor de los intereses de la comunidad que los llevó a la Cámara. Sienten, con toda razón práctica, que su verdadero jefe es el líder de su bancada y no los ciudadanos que cometieron la ingenuidad de cruzar la boleta con su nombre el día de las elecciones.
Todo esto cambiaría con la reelección. El legislador, interesado en permanecer en su puesto por varios periodos, estaría muy cerca de sus electores para conocer su opinión sobre los muy variados temas que se discuten en el Congreso y votar en el sentido que determinará la mayoría de los ciudadanos de su distrito.
Con la malicia que los caracteriza, los legisladores mexicanos encontraron el modo de darle la vuelta a la nueva ley (se votó en 2014, pero será en las elecciones de 2021 que se ponga por primera vez en práctica). En los hechos los legisladores dieron la espalda a quien los votó y continuaron con la viciosa práctica del servilismo a favor de la dirigencia de su partido o del presidente.
Hemos sido testigos del vergonzoso regreso de los diputados levantadedos, de que en forma magistral retrató Abel Quezada.
Los votantes quedamos ahora en el peor de los mundos posibles.
Se ha puesto muy poca atención al lío partidista que se armará cuando comience el palomeo de los candidatos al nuevo periodo legislativo. Los actuales no querrán dejar su cargo y los nuevos aspirantes tratarán de empujarlos para ocupar su lugar. Se formará en los hechos un auténtico tapón legislativo que impediría la rotación de puestos, que era una de las bases de la estabilidad del sistema de partidos.
En los próximos meses veremos aparecer en nuestros distritos a los ausentes. Nunca aparecieron pero ahora nos rogarán una nueva oportunidad.
Tenemos que encontrar la forma de evitar que la reelección se convierta en una nueva farsa.
Como apunté en una columna previa, el presidente de la República puede ser un factor de estabilidad o uno de riesgo para la elección 2021, López Obrador puede ser un Zedillo Ponce de León que de forma discreta y responsable facilitó la celebración de las elecciones competidas en 2006. Está a tiempo de definir su rol como jefe del Estado mexicano. Igual que Vicente Fox cuando era presidente de México, López Obrador defiende su derecho a expresar sus puntos de vista políticos, aún y cuando interfiera con el proceso electoral en marcha. Una y otra vez ataca a los partidos de oposición. Dijo que es bueno que los partidos hayan decidido “quitarse las máscaras” porque “se termina con la simulación y con la hipocresía”.
En Baja California, criticó la coalición del PRI y el PAN tras exclamar que “están desesperados los conservadores, quieren frenar, detener la transformación. No van a poder”.
Luego sentenció en una actitud de abierto proselitismo: ganará Morena. Por esta y otras declaraciones en los últimos meses, la Comisión de Quejas del INE acordó hace pocos días ordenar “al presidente de la República se abstenga de realizar o emitir expresiones y declaraciones de índole electoral, así como de utilizar los espacios de comunicación oficial y aprovechar las funciones inherentes a su cargo para esos mismos efectos”.
