/ martes 30 de marzo de 2021

Tulum y Atzacan, abusos comunes

Los casos de abuso policiaco ocurridos en Tulum, Quintana Roo, y Atzacan, en la zona montañosa del centro de nuestro estado, donde murieron una mujer salvadoreña y un indigente, son alertas que no pueden ser ignoradas.

Presenta la coyuntura no sólo para castigar ejemplarmente a estos malos servidores públicos, sino principalmente revisar los protocolos de uso de fuerza por parte de los elementos del orden, para evitar más tragedias de este tipo. En el estado caribeño, la mujer fue sometida por cuatro uniformados con exceso de fuerza, causándole fractura de cuello, en circunstancias muy parecidas al asesinato de George Floyd en Minneapolis, EU, que sucedió a fines de mayo del año pasado. El asesinato de Victoria Esperanza rápidamente escaló internacionalmente por las protestas públicas de la población y la exigencia del presidente salvadoreño, Nayib Bukele, para que se haga justicia. Hay cuatro detenidos y fue cesado el jefe policiaco, pero eso no es suficiente si no se manda un claro mensaje de que los uniformados, quien quiera que sea, deben sujetarse a la ley y no atentar contra los civiles, como lamentablemente también pasó en Atzacan, cuando un elemento policiaco disparó contra un indigente que había sido reportado escandalizando en la vía pública, con el pretexto de que la víctima había amenazado con un machete a la autoridad municipal. Acá también el policía fue puesto a disposición de la Fiscalía Regional de Justicia y el propio gobernador, Cuitláhuac García Jiménez, señaló que ese crimen no quedará impune. El asunto, sin embargo, es más complejo. Hay una vertiente que aplica en ambos casos, la escasa o nula capacitación de los uniformados para actuar apegados a la ley, de respeto a los derechos humanos y, en todo caso, proceder con proporcionalidad en su actuación frente los ciudadanos. Los dos casos, Tulum y Atzacan, tienen similitudes de abuso, y agregándole la confusión que genera la modificación al Código Penal del estado de Veracruz que otorga mayor penalidad al delito de “ultrajes a la autoridad”, por lo que ahora tale servidores públicos sienten que ahora son intocables. Ese mal mensaje pudo haber influido en la decisión del policía municipal de disparar y matar al pordiosero, por el hecho de que blandía en su mano un machete o un puñal. Cuidado, es preciso que desde los más altos mandos de la Secretaría de Seguridad Pública, e incluso del propio Ejecutivo estatal, se establezca hasta dónde puede llegar la actuación de los uniformados, y que en realidad la agresión que puedan sufrir no les da el derecho a matar. De ahí que deba destacarse la acción de inconstitucionalidad que han emprendido 17 diputados locales sobre esta modificación a le ley, y el anuncio del presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso veracruzano, Juan José Gómez Cazarín, de que pasando Seman Santa, volverá a discutirse los cambios que había aprobado en este delito, aunque aclaró que la mayoría de Morena no votarán por su derogación. De una u otra forma, esa ley cambiará, para corregirla.

Por cierto, muy raro ese incendio ocurrido el lunes en el edificio que alberga las oficinas del grupo INTRA, en el puerto de Veracruz. Es una de las empresas que ha obtenido infinidad de contratos de obra pública del gobierno estatal, desde la época de Fidel Herrera Beltrán como gobernador, Javier Duarte de Ochoa y Miguel Ángel Yunes Linares. No hay dictamen pericial de lo sucedido, pero llama la atención que, precisamente, se hubieran perdido muchos documentos que estaban bajo resguardo en ese lugar.

opedro2006@gmail.com

Los casos de abuso policiaco ocurridos en Tulum, Quintana Roo, y Atzacan, en la zona montañosa del centro de nuestro estado, donde murieron una mujer salvadoreña y un indigente, son alertas que no pueden ser ignoradas.

Presenta la coyuntura no sólo para castigar ejemplarmente a estos malos servidores públicos, sino principalmente revisar los protocolos de uso de fuerza por parte de los elementos del orden, para evitar más tragedias de este tipo. En el estado caribeño, la mujer fue sometida por cuatro uniformados con exceso de fuerza, causándole fractura de cuello, en circunstancias muy parecidas al asesinato de George Floyd en Minneapolis, EU, que sucedió a fines de mayo del año pasado. El asesinato de Victoria Esperanza rápidamente escaló internacionalmente por las protestas públicas de la población y la exigencia del presidente salvadoreño, Nayib Bukele, para que se haga justicia. Hay cuatro detenidos y fue cesado el jefe policiaco, pero eso no es suficiente si no se manda un claro mensaje de que los uniformados, quien quiera que sea, deben sujetarse a la ley y no atentar contra los civiles, como lamentablemente también pasó en Atzacan, cuando un elemento policiaco disparó contra un indigente que había sido reportado escandalizando en la vía pública, con el pretexto de que la víctima había amenazado con un machete a la autoridad municipal. Acá también el policía fue puesto a disposición de la Fiscalía Regional de Justicia y el propio gobernador, Cuitláhuac García Jiménez, señaló que ese crimen no quedará impune. El asunto, sin embargo, es más complejo. Hay una vertiente que aplica en ambos casos, la escasa o nula capacitación de los uniformados para actuar apegados a la ley, de respeto a los derechos humanos y, en todo caso, proceder con proporcionalidad en su actuación frente los ciudadanos. Los dos casos, Tulum y Atzacan, tienen similitudes de abuso, y agregándole la confusión que genera la modificación al Código Penal del estado de Veracruz que otorga mayor penalidad al delito de “ultrajes a la autoridad”, por lo que ahora tale servidores públicos sienten que ahora son intocables. Ese mal mensaje pudo haber influido en la decisión del policía municipal de disparar y matar al pordiosero, por el hecho de que blandía en su mano un machete o un puñal. Cuidado, es preciso que desde los más altos mandos de la Secretaría de Seguridad Pública, e incluso del propio Ejecutivo estatal, se establezca hasta dónde puede llegar la actuación de los uniformados, y que en realidad la agresión que puedan sufrir no les da el derecho a matar. De ahí que deba destacarse la acción de inconstitucionalidad que han emprendido 17 diputados locales sobre esta modificación a le ley, y el anuncio del presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso veracruzano, Juan José Gómez Cazarín, de que pasando Seman Santa, volverá a discutirse los cambios que había aprobado en este delito, aunque aclaró que la mayoría de Morena no votarán por su derogación. De una u otra forma, esa ley cambiará, para corregirla.

Por cierto, muy raro ese incendio ocurrido el lunes en el edificio que alberga las oficinas del grupo INTRA, en el puerto de Veracruz. Es una de las empresas que ha obtenido infinidad de contratos de obra pública del gobierno estatal, desde la época de Fidel Herrera Beltrán como gobernador, Javier Duarte de Ochoa y Miguel Ángel Yunes Linares. No hay dictamen pericial de lo sucedido, pero llama la atención que, precisamente, se hubieran perdido muchos documentos que estaban bajo resguardo en ese lugar.

opedro2006@gmail.com